LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA

196º y 147º

PARTE NARRATIVA

El presente cuaderno de medidas fue recibido por distribución en este Tribunal, en virtud de la apelación interpuesta el abogado en ejercicio VÍCTOR CORRALES ZAPATA, en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos NAIRUBY CAROLINA SANTIAGO, EDUARDO BUENAZO, SANTIAGO RAFAEL MONTOYA PINO, NELDA MARÍA NOGUERA Y KARLA ALEXANDRA VILLAREAL NOGUERA, contra el auto decisorio dictado en fecha 21 de septiembre de 2.005, por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado, en la incidencia cautelar surgida en el juicio que sigue contra el ciudadano JESÚS ALBERTO ARAQUE DÍAZ, por cobro de bolívares por la vía ejecutiva, con motivo de la oposición a la medida de embargo ejecutada sobre el apartamento distinguido con el número 3-1 integrante del Edificio Residencias Piedemonte, ubicado en la Urbanización La Magdalena, Calle 3, parcela A-2, piso 3 del Municipio Libertador del Estado Mérida, formulada por el tercero, ciudadano HAROL ELIU REY, representado por el ciudadano RODE YANETH QUINTERO REY, asistido por el abogado LUÍS ALBERTO CERRADA SALAS, mediante la cual dicho Tribunal, la declaró con lugar la oposición y en consecuencia, suspendió la medida de embargo decretada el día 17 de diciembre del 2.004.
Mediante auto que riela al folio 68, el Tribunal de la causa, admitió en un solo efecto la apelación interpuesta y remitió a distribución el presente cuaderno, correspondiéndole por sorteo a este Tribunal, el cual por auto que obra al folio 70, le dio entrada.
Consta del folio 1 al 3 auto por medio del cual el Juzgado a quo decretó medida ejecutiva de embargo sobre bienes muebles e inmuebles propiedad del ciudadano JESÚS ALBERTO ARAQUE DÍAZ, hasta cubrir la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (BS. 2.935.510, 80) suma que comprendió el doble de la cantidad demandada, más la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (BS. 382.892,70) como costas prudencialmente calculadas por el Tribunal, comisionando para su ejecución al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a quién remitió la correspondiente comisión.
Obra del folio 21 al folio 23 acta de embargo ejecutivo practicado por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipio Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial.
Mediante escrito presentado ante el Tribunal a quo que riela del folio 31 al folio 37, la ciudadana RODE YANETH QUINTERO REY, en su carácter de co-apoderada judicial del ciudadano HAROL ELIU REY, asistida por el abogado en ejercicio LUÍS ALBERTO CERRADA SALAS, con fundamento en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, interpuso formal oposición a la medida de embargo practicada sobre el bien inmueble antes descrito, y, en consecuencia solicitó al Tribunal de la causa se suspenda y revoque de inmediato la medida de embargo, alegando entre otros hechos los siguientes:

1. Que desde el día 02 de marzo del 2.004, fecha del acto de remate, el ciudadano HAROL ELIU REY, es legítimo propietario, tenedor y poseedor del bien inmueble objeto de la presente ejecución, y con tal carácter procedió a remodelarlo y al habérsele transmitido la plena propiedad, dominio y posesión del citado inmueble procedí a darlo en arrendamiento.
2. Que el documento protocolizado es una prueba escrita con carácter de instrumento público, ya que el mismo está registrado cumpliendo con lo establecido en el artículo 1.924 del Código Civil, el cual requiere la solemnidad del Registro Público, dicha publicidad tiene el efecto de otorgar al titular del derecho, una presunción legal absoluta.

Del folio 38 al 63 rielan anexos documentales acompañados al escrito de oposición.
En fecha 21 de septiembre de 2.005, el Tribunal de la causa dictó sentencia en la presente incidencia cautelar, mediante la cual declaró con lugar la oposición interpuesta por el ciudadano HAROL ELIU REY, representado por su coapoderado judicial ciudadano RODE YANETH QUINTERO REY y en consecuencia, ordenó suspender la medida de embargo decretada el día 17 de diciembre de 2.004 y practicada por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipio Libertador y Santos Marquina de esta Circunscripción Judicial, en fecha 23 de febrero de 2.005.
Este Tribunal para decidir hace previamente las siguientes consideraciones:

PARTE MOTIVA

PRIMERA: El artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, consagra el procedimiento de oposición al embargo y de su suspensión en los términos que a continuación se citan:
“Artículo 546.- Si al practicar el embargo, o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel del remate, se presentare algún tercero alegando ser él el tenedor legítimo de la cosa, el Juez, aunque actúe por comisión, en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrare verdaderamente en su poder y presentare el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el ejecutante y el ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión del tercero, con otra prueba fehaciente, el Juez no suspenderá el embargo, y abrirá una articulación probatoria de ocho días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno, sin conceder término de distancia. El Juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad sobre la cosa...(omissis).”

De la norma transcrita se desprende que la oposición al embargo es un procedimiento especial que tiene como características, las siguientes:
a) Es una de las formas de intervención de terceros en la causa que no excluye la pretensión del actor, ni concurre con él en el derecho reclamado, sino en protección sobre de su derecho sobre la cosa que ha sido embargada; y,
b) La oposición requiere como presupuestos impretermitibles el ser tenedor legítimo de la cosa y presentar una prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido.

El contenido de dicha disposición exige que la cosa se encuentre verdaderamente en poder del tenedor y que presente título fehaciente de su propiedad por un acto jurídico válido, razón por la cual la oposición al embargo la tiene que hacer el propietario de la cosa embargada que tiene la posesión legítima de ella. La posesión a que se refiere el legislador en este artículo no es la contemplada en el artículo 772 del Código Civil, pues tal posesión se refuerza con la presentación de una “prueba fehaciente de la propiedad” lo cual lo constituye en propietario de la cosa; por lo tanto, para que prospere dicha oposición, el tercero tiene que comprobar sumariamente que es propietario de la cosa embargada.
En consecuencia, lo que es menester demostrar en el caso bajo examen es la tenencia y más aún la propiedad mediante prueba fehaciente del bien embargado. Nuestro ordenamiento jurídico establece en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, el principio de la carga de la prueba, según el cual, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho.

SEGUNDA: DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL TERCERO OPOSITOR: El tercero opositor promovió las siguientes pruebas:

A) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL DOCUMENTO DE PROPIEDAD, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO POR ANTE LA OFICINA SUBALTERNA DE REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL ESTADO MÉRIDA.
Obra del folio 43 al 51 documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 26 de mayo de 2.005, registrado bajo el número 35, folio 249 al 261, Protocolo Primero, Tomo Vigésimo Cuarto, Segundo Trimestre del mencionado año, es por lo que se le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

B) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 7 DE JULIO DE 2.004, DEBIDAMENTE AUTENTICADO POR ANTE LA NOTARÍA PÚBLICA SEGUNDA DE MÉRIDA, BAJO EL NÚMERO 21, TOMO 54.
Observa el Tribunal que del folio 52 al 55 corren copias fotostáticas simples del contrato de arrendamiento, autenticado ante la Notaría Pública Segunda de Mérida, Estado Mérida en fecha 07 de julio del 2.004. Tales copias fotostáticas se le tienen como fidedignas por no haber sido impugnadas por el adversario, tal como lo señala el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

C) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL INSTRUMENTO PODER APUD-ACTA.
Consta del folio 39 al 41 copias certificadas del poder general otorgado por el ciudadano HAROL ELIU REY, a los ciudadanos RODE YANETH QUINTERO REY y MOISÉS RAFAEL MAGDALENA ROMERO, registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 15 de abril de 2.003, bajo el número 16, folio 89 al 93, Protocolo Tercero, Tomo Primero, Segundo Trimestre del mencionado año, es por lo que se le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

TERCERA: DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA: La parte demandante promovió las siguientes pruebas:

1) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LA COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL APARTAMENTO QUE ADEUDA LAS CUOTAS DE CONDOMINIO.
Al documento público que obra del folio 9 al 18, registrado por ante el Registro Inmobiliario del Municipio Libertador del Estado Mérida, con fecha 28 de septiembre de 1.999, bajo el número 3, del Protocolo Primero, Tomo 33, correspondiente al Tercer Trimestre del referido año, este Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

2) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DEL ACTA DE EMBARGO EJECUTIVO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2.005, que riela del folio 21 al 23.
El acta de embargo en sí no constituye una prueba, ya que sólo contiene elementos procedimentales que pudieran determinar si la medida se practicó dentro de las disposiciones legales previstas para practicarla y que como documento público que es solo puede ser objeto de una tacha incidental o una tacha por vía principal.

3) VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y SANTOS MARQUINA DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL..
Del folio 76 al folio 81 rielan copias certificadas de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, razón por la cual este Tribunal la valora como documento público judicial de conformidad con los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil.

CUARTA: Con relación al presente juicio, estamos en presencia de la intervención voluntaria a que se contrae el ordinal 2º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual los terceros pueden intervenir en la causa pendiente contra otras personas cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, éste se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 546 eiusdem.
A tal efecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 21 de marzo de 2.000, contenida en el expediente número 97-011, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Velez, enseña lo siguiente:
“Los artículos 370, ordinal 2º, y 546 del Código de Procedimiento Civil, regulan la forma en que debe realizar su intervención, a efecto de oponerse al embargo el tercero en el caso de que se decrete una medida de esta naturaleza, sobre un bien respecto al cual dicho tercero pretenda detentar algún derecho; tal oposición, para que con ella se logre suspender la medida en cuestión, debe estar amparada en prueba fehaciente del derecho alegado.
El artículo 370 dispone:
”Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas, en los casos siguientes:
1) Cuando el tercero pretenda tener un derecho preferente al del demandante, o concurrir con éste en el derecho alegado, fundándose en el mismo título; o que son suyos los bienes demandados o embargados, o sometidos a secuestro o a una prohibición de enajenar y gravar, o que tiene derecho a ellos.
2) Cuando practicado el embargo sobre bienes que sean propiedad de un tercero, éste se opusiere al mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 546.
Si el tercero es un poseedor precario, a nombre del ejecutado, o si sólo un derecho exigible sobre la cosa embargada podrá también hacer la oposición, a los fines previstos en el aparte único del Artículo 546...”
A su vez, el artículo 546, establece:
“Si al practicar el embargo, o después de practicado y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel del remate, se presentare algún tercero alegando ser él el tenedor legítimo de la cosa, el Juez, aunque actúe por comisión, en el mismo acto, suspenderá el embargo si aquella se encontrare verdaderamente en su poder y presentarse el opositor prueba fehaciente de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido. Pero si el ejecutante o el ejecutado se opusieren a su vez a la pretensión del tercero, con otra prueba fehaciente, el Juez no suspenderá el embargo, y abrirá una articulación probatoria de ocho días sobre a quién debe ser atribuida la tenencia, decidiendo al noveno, sin conceder término de distancia.
El Juez en su sentencia revocará el embargo si el tercero prueba su propiedad sobre la cosa. En caso contrario, confirmará el embargo, pero si resultare probado que el opositor sólo es un poseedor precario a nombre del ejecutado, que sólo tiene un derecho exigible sobre la cosa embargada, se ratificará el embargo pero respetando el derecho del tercero. Si la cosa objeto del embargo produce frutos se declararán embargados éstos y su producto se destinará a la satisfacción de la ejecución. En este último caso la cosa podrá ser objeto de remate, pero aquel a quien se le adjudique estará obligado a respetar el derecho del tercero, y para la fijación del justiprecio de la cosa embargada se tomará en cuenta esta circunstancia. De la decisión se oirá apelación en un solo efecto, y en los casos en que conforme al Artículo 312 de este Código sea admisible, el recurso de casación. Si se agotaren todos los recursos la sentencia producirá cosa juzgada, pero la parte perdidosa en vez de apelar de la sentencia de primera instancia podrá proponer el correspondiente juicio de tercería, si hubiere lugar a él.”
Sin embargo, la intervención del tercero y su derecho de oposición al embargo, sufre una excepción cual es en materia de hipoteca, donde a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.899 del Código Civil, el acreedor hipotecario está facultado para proceder a la ejecución de su garantía y hacer rematar el bien, aún cuando ésta esté en posesión del tercero.”

Se puede determinar entonces que el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, establece que los terceros pueden intervenir o ser llamados a la causa pendiente en los casos allí establecidos; en cuanto a los ordinales 1º y 2º los mismos se refieren a la participación del tercero en cuanto a las medidas de embargo y concretamente el primer aparte del ordinal 2º del mencionado texto procesal se refiere a la participación del tercero cuando se trate de un poseedor precario pero referido como antes se indicó a una medida de embargo; mientras que la causal 3º tiene relación directa al interés jurídico actual que pudiera tener el tercero para sostener las razones de algunas de las partes con la finalidad de ayudarla a vencer en el proceso; en cuanto a la causal 4º tiene vinculación directa al hecho de que algunas de las partes pida la intervención del tercero por ser común a éste la causa pendiente; con respecto al ordinal 5º se refiere a la cita de saneamiento o garantía, cuando las partes lo soliciten con relación a un tercero y por consiguiente pida su intervención en la causa y el último de los ordinales 6º se refiere a la apelación de la sentencia definitiva, que es precisamente la que tomó en cuenta el Tribunal de la causa para admitir la precitada apelación.
Ahora bien, debe señalarse que cuando la propiedad del bien sobre el cual recayó la medida esté sujeta a publicidad registral, como ocurre en el presente caso, el tercero opositor debe necesariamente demostrar la titularidad de la propiedad mediante instrumento registrado en la oficina o entidad pública respectiva, ello en virtud de la norma contenida en el artículo 1.924 del Código Civil, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 1.924. Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble.
Cuando la Ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales.”

De tal manera que, es evidente que el tercer opositor ciudadano HAROL ELIU REY, logró demostrar fehacientemente con el documento público protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 26 de mayo de 2.005, su propiedad sobre el inmueble embargado por un acto jurídico válido, razón por la cual este Tribunal considera que debe atribuirse la tenencia del bien inmueble al tercero opositor y revocarse el embargo ejecutivo practicado sobre el mismo.

QUINTA: Mediante diligencia que riela al folio 67, el abogado en ejercicio LUÍS ALBERTO CERRADA SALAS, en su condición de co-apoderado judicial del tercer opositor, solicitó que por cuanto el Tribunal de la causa en la decisión que riela al folio 64 omitió la correspondiente condenatoria en costas a la parte vencida, razón por la cual este Tribunal observa que han sido reiteradas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que para el caso de que la sentencia del Juez de la causa omitiere en su pronunciamiento lo relativo a las costas, la parte agraviada por dicha decisión puede y debe solicitar por vía de ampliación de la sentencia, que se pronuncie sobre la precitada condenatoria, toda vez que tal petición de ampliación estaría indiscutiblemente dirigida a dilucidar una omisión del Tribunal.
En ese orden de ideas cabe observar el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, que establece la condenatoria en costas por vencimiento total, bien sea en un proceso o en una incidencia, de tal manera que al solicitar tal ampliación, se está haciendo uso adecuado de un dispositivo legal que plantea la solución ante una omisión involuntaria del Tribunal. En el caso bajo análisis se trata de una declaratoria con lugar por parte del Tribunal de la causa con relación a una oposición de embargo efectuada por el tercero opositor sobre un bien inmueble descrito en la correspondiente acta, por lo tanto debió la parte afectada por la falta de condenatoria en costas haber recurrido al ejercicio de la posibilidad que le da la ley para que se ampliara la sentencia en cuanto a la ya señalada condena en costas, no obstante, resulta procedente la apelación para solicitar la condenatoria al pago de las costas, por haber omitido el Juez de la causa la falta de aplicación tanto del artículo 23 de la Ley de Abogados, 24 de su Reglamento y artículo 274 del Código de Procedimiento Civil; de tal manera que el Tribunal de la causa debe condenar en costas a la parte perdidosa ya que la condena en costas debe ser expresa, en cuya hipótesis el abogado tiene una acción directa contra el perdedor u obligado, para obtener la contraprestación por los servicios profesionales realizados y en caso de que no exista la condenatoria expresa en la sentencia del Juez de la causa, ni tampoco fue solicitada la ampliación del fallo, puede la parte afectada por dicho fallo, apelar en cuanto a la falta de condenatoria en costas, omitida por parte del Tribunal . En efecto, ha sido criterio reiteradamente sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia que para el supuesto caso en que no se hubiese solicitado la ampliación de la sentencia con relación a las costas, puede la parte agraviada por la decisión apelar con relación a las costas omitidas por el Tribunal de la causa. Es así como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia reciente número 370, de fecha 31 de marzo de 2.005, contenida en el expediente número 04-0749, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, expresó lo siguiente: “Por otra parte, de una interpretación sistemática de la función jurisdiccional y de las decisiones Nos. RC.00197 y RC.00450 del 11 de marzo y 20 de mayo de 2.004, respectivamente, de la Sala de Casación Civil, se colige, en cambio, la disponibilidad de la apelación como medio para la subsanación de la omisión de condenatoria en costas”.

PARTE DISPOSITIVA

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR la oposición al embargo ejecutivo decretado y ejecutado en el juicio a que se contraen las presentes actuaciones, sobre el inmueble anteriormente identificado en esta decisión, formulada mediante escrito presentado ante el Tribunal de la causa, por el ciudadano HAROL ELIU REY, asistido por el abogado en ejercicio LUÍS ALBERTO CERRADA SALAS.

SEGUNDO: En consecuencia, se atribuye la tenencia del bien embargado al tercer opositor y SE REVOCA la medida de embargo ejecutiva decretada por EL Tribunal a quo y practicada por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 23 de febrero de 2.005.

TERCERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado en ejercicio VÍCTOR CORRALES ZAPATA, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, contra el auto decisorio dictado en fecha 21 de septiembre de 2.005, por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

CUARTO: SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el auto decisorio dictado en fecha 21 de septiembre de 2.005, por el Juzgado de la causa.

QUINTO: SE CONDENA en costas a la parte actora de conformidad con los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida en primera instancia y por haber sido confirmada la sentencia, en todas sus partes en la alzada.

SEXTO: Una vez que quede firme la presente decisión se remitirá el presente cuaderno de medida al Tribunal de la causa.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

BÁJESE EL PRESENTE CUADERNO DE MEDIDA EN SU OPORTUNIDAD AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, veintidós de enero de dos mil siete.

LA JUEZ TEMPORAL,



CAROLINA GONZÁLEZ MORALES

LA SECRETARIA TEMPORAL,




GLORIA CAJAVILCA CEPEDA


En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las ocho y cuarenta minutos de la mañana. Conste.


LA SECRETARIA TEMPORAL,



GLORIA CAJAVILCA CEPEDA





CGM/GCC/ymr.