COMISIONADO PONENTE: OCTAVIO SISCO RICCIARDI
EXPEDIENTE N°: 1614-2007


En fecha 27 de febrero de 2007, se recibió en esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, oficio N° IGT-AA 0392-07 de 26 de febrero de 2007, anexo al cual la Inspectoría General de Tribunales remitió el expediente disciplinario instruido contra la ciudadana ELINA CIANO DE COOLS, titular de la cédula de identidad N° 6.035.482, por sus actuaciones como jueza de la Sala N° 2 del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, por haber mantenido una conducta negligente en el ejercicio de sus funciones al recibir y resguardar dinero en efectivo, así como el hecho de incurrir en descuido injustificado en la tramitación de la causa judicial n° 8026, al no constatar el efectivo cumplimiento de la orden que diera respecto a la reconstrucción del acta de consignación de honorarios en orden cronológicos y la corrección de la foliatura del expediente, faltas disciplinarias que dan lugar a la sanción de amonestación, conforme lo establece el numeral 11 y 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura respectivamente.

El 27 de febrero de 2007 se dio cuenta a esta Comisión y por auto de 12 de marzo del mismo año, se designó ponente al Comisionado OCTAVIO SISCO RICCIARDI.

Mediante auto de 12 de marzo de 2007, se admitió la acusación y, se fijó para el día miércoles seis (6) de junio de 2007, a las once de la mañana (11:00 a.m.), la oportunidad para que tuviese lugar la audiencia oral y pública.

El 31 de mayo de 2007, fue recibido en esta Comisión el oficio N° FPM-63-NN-0352-07, suscrito por la ciudadana NANCY CASTRO DE VÁRVARO en su condición de Fiscal Sexagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en Materia Disciplinaria Judicial, mediante el cual se ADHIRIÓ a la acusación formulada por la Inspectoría General de Tribunales, contra la jueza ELINA CIANO DE COOLS.

Por auto de 5 de junio de 2007, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial vista la reprogramación de sus actividades ordinarias, acordó diferir la audiencia oral y pública en la presente causa para el día martes 26 de junio de 2007, a las 11:00 a.m.

El 21 de junio de 2007, se agregó al presente expediente disciplinario acuse de recibo del oficio de notificación n° 765-07, dirigido a la ciudadana ELINA CIANO DE COOLS.

El 26 de junio de 2007, tuvo lugar la celebración de la audiencia oral y pública en la presente causa disciplinaria.

Siendo la oportunidad para decidir se observa:

I
LA ACUSACIÓN

Mediante escrito de fecha 30 de enero de 2007, la Inspectoría General de Tribunales, presentó acusación contra la ciudadana ELINA CIANO DE COOLS, por sus actuaciones como jueza de la Sala N° 2 del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en el cual expuso, que esa Inspectoría General de Tribunales, inició el presente expediente disciplinario en virtud de la denuncia presentada en fecha 14 de marzo de 2005, por el ciudadano Oswaldo García Baroni.

La Inspectoría General de Tribunales en su escrito acusatorio sostuvo, que la sub júdice actuó con negligencia en el ejercicio de sus funciones, cuando estando en conocimiento de la causa judicial n° 8026, contentiva del juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales incoado por el abogado Oswaldo García Baroni, contra la ciudadana Lourdes Josefina León Mujica, recibió la cantidad de doscientos cuarenta y siete mil bolívares (Bs. 247.000,00) en efectivo, por concepto de los honorarios profesionales de los retasadores.

Señaló, que en fecha 10 de noviembre de 2004, la ciudadana Lourdes León, consignó ante el Tribunal la referida suma de dinero, siendo que la Jueza acusada acordó mediante acta ponerla en resguardo, a fin de entregar posteriormente la referida suma.

En tal sentido, el Órgano Instructor adujo que la sub júdice violentó “…la resolución N° 703 emanada del Consejo de la Judicatura…”, contentiva de las normas para la consignación de cantidades de dinero en Tribunales, específicamente los artículos 2 y 5.

Dentro de este contexto, la Inspectoría General de Tribunales destacó el criterio que de manera reiterada y pacífica ha establecido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a través de su doctrina, y en tal sentido se refirió a la sentencia N° 178, de 25 de abril de 2003, que señala:

“…la retasa constituye la fase ejecutiva del procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados, en las cual las decisiones que en dicha fase se dicten, son inapelables, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 in fine de la Ley de Abogados. Destacándose que la referida inapelabilidad se extiende a todo pronunciamiento conexo con la retasa, lo cual se fundamenta en el propósito que orienta el referido artículo 28m que no es otro que el de otorgar a los profesionales del derecho una vía ágil y expedita que les permita cobrar sus servicios profesionales…”. (negrillas de la Inspectoría General de Tribunales).

En función de ello, la Inspectoría General de Tribunales consideró que la sub júdice actuó con negligencia al recibir y resguardar dinero en efectivo -consignado por la parte intimada- siendo que lo correcto era, que ésta recibiera el comprobante del respectivo depósito en la cuenta del Tribunal por parte del consignante o de los beneficiarios, y en caso de no existir cuenta alguna, ordenara la apertura de la misma; actuación que constituye la falta disciplinaria de amonestación, contenida en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Por otra parte, señaló que la sub júdice incurrió en descuido injustificado en la tramitación de la causa judicial n° 8026, toda vez que en fecha 26 de enero de 2005, ordenó la reconstrucción del acta de consignación de honorarios profesionales -la cual fue sustraída del expediente judicial- en orden cronológico, así como la corrección de foliatura del expediente, sin que efectivamente se hubiese hecho tal corrección, pues de la revisión efectuada, se evidenció que el expediente no estaba ordenado cronológicamente, así como tampoco se observó que se hubiera subsanado error alguno respecto a la foliatura.

En función de ello, consideró que la sub júdice no fue diligente en la tramitación de la causa, por cuanto no verificó que se cumpliera con lo ordenado por ella mediante auto de 26 de enero de 2005, toda vez que antes del acta de 10 de noviembre de 2004, se encontraban insertas al expediente actuaciones con fechas posteriores, como lo son las del 16 y 25 de noviembre del mismo año, lo cual evidenció, que el expediente no estaba ordenado cronológicamente, y por ende, no se había realizado la corrección de la foliatura ordenada.

Seguidamente indicó, que si bien es cierto que la sub júdice, al percatarse que se había extraviado el acta de 10 de noviembre de 2004 fue suficientemente diligente al ordenar la reconstrucción de la misma y dar parte al Ministerio Público, no es menos cierto que fue descuidada al no verificar el efectivo cumplimiento de su orden, ya que al ser la rectora del proceso, era su deber verificar sí su orden se había cumplido a cabalidad.

En virtud de lo anterior, consideró que la sub júdice incurrió en descuido injustificado en la tramitación de la causa judicial en referencia, conducta que fue encuadrada en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; por lo que solicitó la aplicación de sanción de amonestación.

II
ALEGATOS DE LA JUEZA ACUSADA

En fecha 23 de febrero de 2007, dentro de la oportunidad correspondiente, la ciudadana ELINA CIANO DE COOLS, consignó ante la Inspectoría General de Tribunales escrito de descargos, en el cual expuso respecto a la imputación referida a la trasgresión de los artículos 2 y 5 de la Resolución 703, referida a las “…Normas para la consignación de cantidades de dinero en Tribunales…”, que dicha actuación se debió a la urgencia del caso, cuya finalidad era garantizarle a la intimada su derecho a la justicia e igualdad procesal consagrados en nuestra Carta Magna, por cuanto el día en que recibió la mencionada suma de dinero, constituía el último día para efectuar la consignación de los emolumentos de los retasadores, y con vista a la hora en que se presentó la intimada, decidió con base al principio de “…Justicia e Igualdad…”, se realizara el acta de consignación del monto designado como emolumentos de los retasadores, esto, como una situación excepcional que nunca antes había ocurrido en el Tribunal a su cargo.

Sostuvo, que su actuación no puede significar parcialidad alguna hacia las partes intervinientes, ya que solo pretendía resguardar el derecho a la igualdad de condiciones dentro del procedimiento.

Señaló, que es por todos conocido, que los emolumentos destinados al pago de honorarios de expertos, no permanecen por mucho tiempo en el Tribunal, ni en la cuenta bancaria que se hubiese ordenado abrir, aunado al hecho de que se trataba de un procedimiento breve, para el cual se requería el pago de los emolumentos de los retasadores, y de esta manera el Tribunal iniciara la “…fase de estimación o fase ejecutiva del procedimiento de intimación de honorarios…”, aceptó el dinero en efectivo, por cuanto el trámite para la consignación de éste, podía entorpecer la celeridad requerida para el referido procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales.

Por otra parte, en lo que respecta a la perdida del acta adujo, que desde el mismo día en que tuvo conocimiento de dicha irregularidad, procedió con diligencia, pues notificó al Juez Rector e interpuso las correspondientes denuncias ante el “…Fiscal Superior del estado Monagas…”, lo que originó que efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas enviara a dos funcionarios, quienes entrevistaron tanto al archivista como a su persona.

Indicó, que si bien al momento de reconstruir el expediente, ciertamente las actuaciones no fueron colocadas en orden cronológico, no es menos cierto que esta función le correspondía a la Secretaria del Tribunal. Así las cosas, solicitó se considerara el alto grado de congestionamiento que el presentaba el Tribunal a su cargo, así como el escaso personal, lo cual hacía casi imposible que llevase un control riguroso en el manejo de cada uno de los expedientes, aunado al hecho de que se le debe sumar la realización de los procedimientos orales y escritos que se deben realizar en una misma oportunidad.

Finalmente, se refirió a la sentencia n° 178, de 25 de abril de 2003, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue citada por el Órgano Instructor, aduciendo, que el criterio establecido en la misma, había sido superado mediante la decisión n° 1013 de 26 de mayo de 2005, expediente n° 04-3222, dictada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, la cual señala:

“…reconoció que el proceso de estimación e intimación de honorario judiciales consta de dos etapas: la primera, declarativa, donde se discute el derecho al cobro de los honorarios, fase que comienza con la demanda de pago de los honorarios, que se tramita, por mandato del artículo 22 de la Ley de Abogados, según la que pauta el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil y concluye bien cuando el demandado conviene en el derecho al cobro de los honorarios del demandante y, en virtud de ello, el tribunal declara la existencia del derecho, o mediante sentencia definitiva que declare con o sin lugar el derecho al cobro de honorarios judiciales; decisión que está sujeta a apelación y, si fuere posible su ejercicio al recurso de casación…”.

Así las cosas, la sub júdice solicitó fuese absuelta de la presente acusación incoada en su contra por la Inspectoría General de Tribunales.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Vistas las actuaciones que conforman el presente expediente, los recaudos documentales y demás pruebas recopiladas durante la sustanciación de la averiguación disciplinaria, así como los alegatos expuestos en la audiencia oral y pública, esta Comisión pasa a decidir la presente causa, previas las consideraciones siguientes:

La Inspectoría General de Tribunales, le imputó a la jueza ELINA CIANO DE COOLS, haber actuado con negligencia en el ejercicio de sus funciones como jueza de la Sala N° 2 del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, cuando estando en conocimiento de la causa judicial n° 8026, contentiva del juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales incoado por el abogado Oswaldo García Baroni, contra la ciudadana Lourdes Josefina León Mujica, recibió la cantidad de doscientos cuarenta y siete mil bolívares (Bs. 247.000,00) en efectivo, por concepto de los honorarios profesionales de los retasadores; conducta que fue encuadrada en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, por considerar que la misma había actuado con negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, estimó que la sub júdice incurrió en descuido injustificado en la tramitación de la causa judicial n° 8026, toda vez que en fecha 26 de enero de 2005, ordenó la reconstrucción del acta de consignación de honorarios profesionales -la cual fue sustraída del expediente judicial- en orden cronológico, así como la corrección de foliatura del expediente, sin que efectivamente se hubiese realizado tal corrección, pues de la revisión efectuada, se evidenció que el expediente no estaba ordenado cronológicamente, así como tampoco se observó que se hubiera subsanado error alguno respecto a la foliatura, conducta que fue encuadrada en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Ahora bien, esta Instancia Disciplinaria se estima que el punto controvertido en la primera de las imputaciones efectuada por la Inspectoría General de Tribunales, se refiere específicamente al hecho de que la sub júdice en el juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales, recibió una determinada cantidad de dinero en efectivo, correspondiente a los honorarios profesionales de los jueces retasadores sin ajustarse a lo previsto en los artículos 2 y 5 de la Resolución n° 703, emanada del Consejo de la Judicatura, contentiva de las Normas para la Consignación de Cantidades de Dinero en los Tribunales.

Así pues, los artículos 2 y 5 de la Resolución antes referidos establecen:

“…Artículo 2. La recepción de las cantidades de dinero a que se refiere el artículo anterior, serán efectuadas por los tribunales ordinarios o ejecutores de medidas así: a) mediante comprobante o planilla de depósito bancario, debidamente validado, efectuado en moneda o dinero de curso legal, en las instituciones bancarias que se determinan en el artículo 3° de la presente resolución y en los tipos de cuenta previstas en el artículo 5° eiusdem, en los casos que tales cuentas estuvieren abiertas; b) En caso de no estar abierta la respectiva cuenta: mediante cheque de gerencia emitido, igualmente en moneda de curso legal, a la orden del Tribunal. En estos casos, el tribunal en el supuesto previsto en el citado artículo 5 °, procederá, acto seguido, a acordar la apertura de la respectiva cuenta bancaria en las instituciones bancarias, a oficiar a este fin a las mismas, a cuyo efecto, endosará el correspondiente cheque en el que indicará los nombres de las partes, la causa o procedimiento y el número de expediente, cheque que a tal efecto remitirá a la respectiva entidad bancaria.’
‘Artículo 5. La cuenta o cuentas bancarias, a que se refiere el artículo 2° de la presente Resolución, girarán bajo la forma de depósitos en cuentas corrientes a nombre del tribunal y de las partes o, en los casos de emolumentos u honorarios de asociados asesores, retasadores, expertos, defensores y demás auxiliares de justicia, girarán a nombre del Tribunal, de la parte consignante y del o los beneficiarios…” (negrillas de esta Comisión).

En este sentido, las normas transcritas, en ningún momento facultan a los jueces a recibir dinero en efectivo; por lo que mal puede la Jueza acusada, excusarse del cumplimiento de dichas normas señalando que se debió a la urgencia del caso, para garantizarle a la parte intimada su derecho a la justicia e igualdad procesal consagrados en nuestra Carta Magna. Mucho menos puede aducir la Jueza acusada, que el día en que recibió la mencionada suma de dinero, constituía el último día para efectuar la consignación de los emolumentos de los retasadores, por lo que procedió a levantar el acta de consignación del monto designado como emolumentos de los retasadores, como una situación excepcional que nunca antes había ocurrido en el Tribunal a su cargo; ya que consta al folio 141 de la segunda pieza del expediente disciplinario, Acta de Juramentación de los Retasadores de fecha 8 de noviembre de 2004, donde fueron fijados los honorarios que devengaran los mismos y se otorgó “…un lapso de quince días hábiles contados a partir de (sic) día 9-11-2004, sopena de entenderse renunciado el derecho a retaza…”, y la consignación se realizó en 10 de noviembre del mismo año (folio 148 de la misma pieza).

Lo correcto en el caso planteado era que la sub júdice hubiese ordenado la apertura de una cuenta bancaria, para posteriormente exigir el comprobante o planilla de depósito bancario, debidamente validado por la institución bancaria, o mediante cheque de gerencia emitido a la orden del Tribunal, por cuanto dicho Juzgado no tenía la respectiva cuenta; tal y como lo exige de manera clara y taxativa la Resolución n° 703, emanada del Consejo de la Judicatura, contentiva de las Normas para la Consignación de Cantidades de Dinero en los Tribunales, en los casos de emolumentos u honorarios de asociados asesores, retasadores, expertos, defensores y demás auxiliares de justicia.

De lo anterior, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial colige, que efectivamente la actuación de la jueza ELINA CIANO DE COOLS, constituye descuido en el ejercicio de sus funciones, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, cuya norma establece que son causales de amonestación “…cualquier otra que represente conducta personal o profesional inapropiada a la dignidad de juez, negligencia, descuido o retardo en el ejercicio de sus funciones o menoscabo de su imparcialidad…” (negrillas de esta Comisión). Así se declara.

Con relación a la segunda imputación efectuada por la Inspectoría General de Tribunales, en la cual consideró que la sub júdice incurrió descuido injustificado en la tramitación de la causa judicial n° 8026, toda vez que en fecha 26 de enero de 2005, ordenó la reconstrucción del acta de consignación de honorarios profesionales -la cual fue sustraída del expediente judicial- en orden cronológico, así como la corrección de foliatura del expediente, sin que efectivamente se hubiese realizado tal corrección, conducta que fue encuadrada en la falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; por lo que solicitó la aplicación de sanción de amonestación; observa esta Comisión, que la misma versa sobre la reconstrucción del acta de consignación de honorarios profesionales de los Jueces retasadores que fue sustraída; situación ésta que fue resuelta por la sub júdice, puesto que desde el mismo día en que tuvo conocimiento de dicha irregularidad, notificó tanto al Juez Rector, como al “…Fiscal Superior del estado Monagas…” de la referida situación.

Sobre este particular, la sub júdice indicó que esta función le correspondía a la Secretaria del Tribunal, pero igualmente se debía tomar en cuenta el alto grado de congestionamiento que presentaba el Tribunal a su cargo, así como el escaso personal, lo cual hacía casi imposible que llevase un control riguroso en el manejo de cada uno de los expedientes, aunado al hecho de que se debía sumar la realización de los procedimientos orales y escritos que se deben realizar en una misma oportunidad.

Al respecto, esta Comisión al analizar la actuación de la Jueza acusada, observa de las actas que forman el presente expediente disciplinario, que efectivamente existe un error de foliatura, así como también se observan actuaciones insertas con fechas posteriores a la del acta de 10 de noviembre de 2004 (folio 148 de la segunda pieza del expediente disciplinario), tales como las del 16 y 15 de noviembre del mismo año.

Ahora bien, la sub júdice pretendió atribuirles tales errores a la Secretaria del Tribunal, criterio que no es compartido por esta Instancia Disciplinaria, pues la Jueza como directora del proceso es quien debe velar por el correcto proceder, tanto del Tribunal a su cargo, como de las actuaciones desplegadas por el personal del mismo.

Con base a lo anterior, este Órgano Disciplinario observa que la sub júdice al acordar mediante auto de 26 de enero de 2005, (folio 150 de la segunda pieza del expediente disciplinario), “…la reconstrucción de acto de consignación de la intimada…”, ordenó igualmente corregir el orden cronológico y la foliatura del expediente, estando en consecuencia, en pleno conocimiento del referido error cometido; debiendo, como directora del proceso, verificar si la orden impartida se había ejecutado, razón por la cual, se estima que la actuación de la jueza ELINA CIANO DE COOLS, constituye un descuido en el ejercicio de sus funciones, falta disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, cuya norma establece que son causales de amonestación “…incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia en los mismos…”. (negrillas de esta Comisión). Así se declara.

IV
DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos tanto de hecho como de derecho precedentemente expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley AMONESTA a la ciudadana ELINA CIANO DE COOLS, jueza de la Sala N° 2 del Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado, por encontrarla incursa en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 7 y 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Notifíquese de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, al Fiscal en Materia Disciplinaria con Competencia Nacional y a la ciudadana ELINA CIANO DE COOLS, advirtiéndose que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración por ante esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, dentro de los quince (15) días continuos siguientes a su notificación, o el recurso contencioso administrativo de anulación por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su notificación de conformidad con el artículo 50 del Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Déjese constancia de esta decisión en el expediente personal del ciudadano ELINA CIANO DE COOLS, el cual reposa en la Oficina de Personal de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas, a los tres (3) días del mes de julio de dos mil siete (2007). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.



OCTAVIO SISCO RICCIARDI
Presidente-Ponente


ROSA DA’ SILVA GUERRA
Comisionada




BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ
Comisionada





ISDEL PEROZO QUINTERO
Secretario

Siendo las 3:00 pm de hoy 3 de julio de 2007 se publicó la anterior decisión la cual queda registrada bajo el n° 053-2007.-