PRESIDENCIA

COMISIONADO PONENTE: DAMIÁN ADOLFO NIETO CARRILLO
EXPEDIENTE N° A-015-2007


En fecha 20 de marzo de 2007, la ciudadana MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.929.000, Defensora Pública 79º del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando con el carácter de denunciante, interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada por la Inspectoría General de Tribunales en 26 de febrero de 2007, mediante la cual decidió no formular acusación contra la ciudadana MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA, titular de la cédula de identidad Nº 11.225.496, Jueza Provisoria del Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por considerar que no existen elementos de convicción que indiquen que la referida Juez incurrió en falta disciplinaria.

En fecha 21 de junio de 2007, se dio cuenta a esta Comisión, y en fecha 26 de junio de 2007, mediante auto, asumió la ponencia el comisionado Octavio Sisco Ricciardi, actuando en su condición de Presidente del mencionado Órgano Disciplinario y a quien corresponde el conocimiento del recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Concejo de la Judicatura en concordancia con el numeral 4 del artículo 10 y 34 ambos del Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

Mediante sentencia n° 1.764 de 15 de agosto de 2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se reconstituyó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial de la siguiente manera: Damian Adolfo Nieto Carrillo, titular de la cédula de identidad número 3.611.340, Presidente; Alicia Hortensia García de Nicholls y Belkis Useche de Fernández, titulares de las cédulas de identidad números 3.282.864 y 6.136.501 respectivamente, Miembros Principales, por lo que en fecha 25 de septiembre de 2007, el comisionado DAMIÁN ADOLFO NIETO CARRILLO, actuando en su condición de Presidente del mencionado Órgano Disciplinario, se abocó al conocimiento de la presente causa, asumiendo la ponencia.

Asimismo, se ordenó practicar las notificaciones correspondientes a los fines de la continuación de la presente causa.

Siendo la oportunidad para decidir se observa:

I
DE LOS HECHOS

La ciudadana MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS, Defensora Pública 79º del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 3 de marzo de 2005, denunció que la Jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA hizo entrega formal del Tribunal Vigésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 10 de diciembre de 2004 a la Jueza Carmen Arocha, sin realizar inventario.

Que el día en que culminó la suplencia, el 17 de febrero de 2005, la jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA, en compañía de la Secretaria MONICA SPARICE (quien estaba de reposo) y de una pasante, siendo las 8:15 de la mañana, llegaron al Tribunal en forma impetuosa e insolente, con sus propias llaves y sin que estuviera presente mi persona; arrancando la tablilla que se encontraba en la entrada del Tribunal que la identificaban como Juez Suplente arrojándola a la basura.

Que le causó extrañeza el hecho de que ese mismo día la ciudadana Jueza, le señaló que quería realizar un inventario físico, solicitando información sobre el estado de las causas, puesto que cuando ella asumió el cargo de suplente, no se realizó inventario.

Que ese día, levantó un acta dejando constancia de los hechos sucedidos y la jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA, se negó a suscribirla retirándose después de las 11:00 p.m., ya que a pesar de haber realizado inventario este había desaparecido en parte del Tribunal, por lo que manifestó al Secretario que una vez verificado el mismo, cerrara el acta.

Que la denunciante MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS el 18 de febrero de 2005, es decir al día siguiente, no asistió al Tribunal a concluir el acta de entrega por que acudió a una consulta médica producto del estrés que le ocasionó la conducta de la jueza denunciada.

El 21 de febrero de 2005, la denunciante MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS acudió al Tribunal y la Secretaria le manifestó que el acta estaba concluida y firmada por la jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA y ésta le negó el acceso al Libro de Actas. No obstante, que le preguntó al Secretario LUIS ALEJANDRO MUÑOZ, quien había levantado el acta, por qué la había cerrado en su ausencia y le respondió que la Jueza se lo había ordenado y que él no quería meterse en problemas. Señaló, que de acuerdo a lo ocurrido, interpuso la correspondiente queja ante la oficina de la Inspectoría General de Tribunales.

Que el día 31 de enero de 2005, al momento de celebrarse una audiencia de presentación del ciudadano MAURO MORALES asistido por las abogadas ESTHER BIGOTT DE LOAIZA y CARMEN ISABEL VARGAS PEREZ, se presentó a la sede del Tribunal la jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA y delante de todo el personal le informó que esas abogadas no podían ejercer en ese Tribunal por lo que asumió la defensa el abogado JUAN CARLOS GUTIERREZ.

Que estando la ciudadana MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS encargada del Tribunal tuvo conocimiento que en la causa N° 631-00 se encontraban extraviadas seis (6) piezas contentivas de una investigación por presuntas irregularidades en la alcaldía del Hatillo.

II
DEL RECURSO DE APELACIÓN

El 20 de marzo de 2007, en la oportunidad correspondiente, la ciudadana MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS, se dio por notificada e interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada por la Inspectoría General de Tribunales el 26 de febrero de 2007, mediante la cual ordenó el archivo del expediente seguido contra la ciudadana MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA.

La ciudadana MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS apela de la decisión dictada por la Inspectoría General de Tribunales el 26 de febrero de 2007, por considerar que la misma es violatoria de los principios de igualdad procesal; debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en los artículos 21 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Que no le fue permitido, en su condición de denunciante, presenciar, preguntar y controlar las declaraciones de los testigos que promovió en el escrito de denuncia con lo que la Inspectoría General de Tribunales denota cambios procedimentales en la fase investigativa al establecer discriminaciones contrarias al principio de igualdad ante la ley.

Que se revoque el auto de archivo recurrido y se reponga la causa al estado de tomar nuevamente las declaraciones de los testigos, pero con su presencia, para de este modo interrogarlos y traer la pertinencia de sus declaraciones al procedimiento.

Que el acto recurrido se encuentra viciado de silencio de prueba, por cuanto consideró que en el mismo fueron silenciadas la mayoría de las pruebas que promovió con la denuncia, ejemplarizó el acta de entrega del Tribunal realizada 17 de febrero de 2005 y el acta de entrevista de los ciudadanos Eduardo Cañizales, Mayra Yañes y Daniel Medina, por lo que solicitó se anule el acto de archivo y se ordene a la Inspectoría General de Tribunales preparar nuevo acto conclusivo en el cual pondere todas las pruebas recabadas por el Inspector Comisionado.

Que la decisión del Órgano Instructor viola el principio de exhaustividad del acto definitivo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto silenció absolutamente parte de su denuncia donde manifestó la situación irregular en que incurrió la jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA al entrar en el Despacho del Tribunal antes de su llegada y que aún así la jueza denunciada señaló que se perdieron las llaves del Tribunal sin explicar como había ingresado al mismo si poseía un juego de llaves.

Que nunca se verificó el motivo por el cual la juez concluyó el acta que yo debía concluir en mi ausencia con otra letra y se coloco cinta transparente para impedir mi firma. Que no se tomó en cuenta el resto de las testimoniales, y tampoco que en el inventario no se mencionó que uno de los expedientes, el número 22C-631-00, se encontraba extraviado, que fue denunciado ante la Inspectoría General de Tribunales, Ministerio Público y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas el 19 de diciembre de 2002, y nunca se ordenó su reconstrucción.

Solicitó la nulidad del acto recurrido por considerar que quedó demostrado, con las declaraciones rendidas por el personal entrevistado, que la jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA ingresó al tribunal con sus propias llaves sin que se hubiese concluido el acto formal de entrega del Tribunal, en compañía de la ciudadana Maira Yanez, pasante de confianza de la Jueza, y de su secretaria, lo cual concluyen en un sentido totalmente opuesto, que estaríamos en presencia del vicio de falso supuesto de hecho que afecta al elemento causa del acto recurrido.

Que deje sin efecto la decisión dictada por la Inspectoría General de Tribunales, en la cual decidió archivar las actuaciones relacionadas con su denuncia contra de la jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA.

III
DEL ACTO RECURRIDO

Mediante auto de fecha 26 de febrero de 2007, la Inspectoría General de Tribunales ordenó el archivo del expediente disciplinario, seguido contra la ciudadana MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, tal decisión quedó fundamentada de la siguiente manera:

“…Analizadas las actuaciones que conforman el presente expediente disciplinario, esta Inspectoría General de Tribunales, observa que de las declaraciones rendidas por los ciudadanos Damián Simón Yépez, Nelson Jaime Sánchez y Luís Alejandro Muñoz Varela, no quedó demostrado que la Jueza investigada haya ingresado a la sede del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 22 de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en forma abusiva, ni arbitraria. Tampoco quedó evidenciado que la tablilla de identificación que contenía el nombre la (sic) Jueza Marynella Hernández fue arrancado con malicia para colocar en su lugar el nombre de la Jueza MARIA DEL PILAR PUERTA y que mucho menos constituyese una actuación irregular.
Por otro lado, del informe ofrecido por la Jueza Carmen Arocha (folio 108) y la declaración del ciudadano Damián Simón Yépez (folio 92), se pudo constar (sic) que la Jueza antes mencionada hizo formal entrega del Juzgado arriba señalado mediante inventario de las causas llevados (sic) en el mismo, por lo que queda desvirtuado lo dicho por la denunciante en su escrito.
En relación a la pérdida de las piezas del expediente judicial N° 22C-631-00, cabe destacar que riela a los folios 167 al 170 acta de fecha 19 de diciembre de 2002, documentación mediante la cual la Inspectora de Tribunales de Guardia, ciudadana Maryelia Sifontes dejó constancia de la existencia en la sede del Juzgado de una sola pieza, siendo que para el momento de la entrada de la referida causa al Tribunal contaba con siete (7) piezas. Igualmente, quedó evidenciado que tal irregularidad fue advertida por la Jueza MARIA DEL PILAR PUERTA, cuando tomó posesión del Tribunal, razón por la cual tal anormalidad no le es imputable y en consecuencia se desestima lo expresado por la denunciante.
SEXTO: En razón de lo antes expuesto, esta Inspectoría General de Tribunales, considera que la Jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA, no realizó ninguna actuación que pueda subsumirse en las falta disciplinarias previstas en la Ley de Carrera Judicial ni en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en consecuencia decide archivar el expediente y notificar a los interesados, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, aplicable a todo aquello que no colida con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con el Decreto mediante el cual se dicta el Régimen de Transición del Poder Público…”.


IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, pronunciarse acerca del recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de marzo de 2007, en su condición de denunciante, contra el auto de fecha 26 de febrero de 2007, mediante el cual la Inspectoría General de Tribunales ordenó el archivo del expediente seguido contra la jueza MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA.

A tales efectos, se observa:

Alegó la recurrente que la referida decisión de la Inspectoría General de Tribunales es violatoria de los principios de igualdad procesal; debido proceso y derecho a la defensa por cuanto no le fue permitido presenciar, preguntar y controlar las declaraciones de los testigos que promovió en el escrito de denuncia, por lo que solicitó se revoque el auto de archivo y se reponga la causa al estado de tomar nuevamente las declaraciones de los referidos testigos.

En acta suscrita el 24 de mayo de 2005, inserta a los folios 76 y 77 de la primera pieza del expediente, cursa acta suscrita por la Abg. Aleida Pulido, Inspectora de Tribunales Comisionada, en la que dejó constancia que se había efectuado entrevista en la Sede del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los ciudadanos Damián Simón Yépez, Nelson Jaime Sánchez, así como en la Oficina de Guardia de la Inspectoría General de Tribunales, a la ciudadana Jennifer Andrea York Vásquez, y que se difirió la entrevista de los ciudadanos Marilenis Rodríguez Mercado, cursante al folio 100 de la primera pieza; Yesenia Josefina Peña, cursante a los folios 101 y 102 de la primera pieza del expediente; Luis Alejandro Muñoz Varela, cursante a los folios 103 y 104 del expediente, Eduardo José Cañizales Ponte, cursante al folio 105 del expediente y de Daniel Jesús Medina Sarmiento; cursante a los folios 106 y 107 del expediente. Como también el hecho de que la ciudadana Mónica Sparice no pudo ser entrevista por estar de reposo médico, y la ciudadana Mayra Yánez tampoco pudo ser entrevistada por cuanto no fue posible localizarla.

A los folios 210 al 216 de la primera pieza del expediente, cursa escrito presentado por la ciudadana Marynella Hernández Rojas, ante la Inspectoría General de Tribunales, mediante el cual solicitó, se citara nuevamente a los ciudadanos que ya habían sido entrevistados y se le notificara del día y lugar con la finalidad de asistir a dicha entrevista como lo ha venido haciendo la ciudadana MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA, para ejercer el control de la prueba.

En fecha 01 de agosto de 2005, la Inspectoría General de Tribunales, negó dicho pedimento, en el presente caso corresponde a la Jueza investigada el Control de la Prueba y a esta Inspectoría General de Tribunales recabar los elementos probatorios respectivos (folios 217 y 218 de la primera pieza del expediente).

Esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, estima que no se observa violación de los principios de igualdad procesal, debido proceso y derecho a la defensa alegados por la denunciante, toda vez que el ente Instructor dio oportuna respuesta a su pedimento, ya que a los autos cursan actas de entrevista realizada por la ciudadana abogada Aleida Pulido, Inspectora de Tribunales Comisionada, en la Sede del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los ciudadanos: Damián Simón Yépez, Nelson Jaime Sánchez, a la ciudadana Jennifer Andrea York Vásquez, Marilenis Rodríguez Mercado, cursante al folio 100 de la primera pieza; Yesenia Josefina Peña,cursante a los folios 101 y 102 de la primera pieza del expediente; Luis Alejandro Muñoz Varela, cursante a los folios 103 y 104 del expediente, Eduardo José Cañizales Ponte, cursante al folio 105 del expediente y de Daniel Jesús Medina Sarmiento; cursante a los folios 106 y 107 del expediente.

De lo anterior, se desprende que en materia administrativa la actividad probatoria desarrollada por la administración, por los administrados o por los terceros, está dirigida a llevar al expediente los elementos de juicio con los que la Administración verifica la exactitud o no de las afirmaciones sobre los hechos, que sirven de fundamento a la resolución del procedimiento. Por ello, es necesario que la actividad probatoria arroje resultados positivos que demuestren la veracidad o la falsedad de las afirmaciones. Por tanto, para probar algo son esenciales dos elementos: por una parte la existencia de un hecho, que tiene presencia en el mundo exterior y del cual pueden derivar consecuencias jurídicas; y por la otra, las afirmaciones de quien o quienes pretenden derivar de ese hecho, efectos jurídicos a favor o en contra de otros.

La actividad probatoria consiste en demostrar, verificar la certeza de la afirmación sobre determinados hechos. El fondo de la actividad probatoria es establecer un claro e indestructible vínculo causal entre un hecho o sus circunstancias y la conducta de un sujeto determinado del cual depende la aplicación de unas consecuencias jurídicas. En el caso de autos, se observa que la recurrente se limitó a denunciar la violación de normas constitucionales como lo son derecho a la igualdad de las partes, al debido proceso y el derecho a la defensa, pero sin explicar específicamente cómo el acto impugnado incurrió en una supuesta transgresión. La recurrente, pudo exponer oportunamente sus alegatos y defensas así como tener acceso al expediente y acudir a las entrevistas realizadas por el instructor, toda vez que estas se realizaron en diversas oportunidades, en las que bien pudo ejercer el control de la prueba y exponer lo que hubiese considerado necesario. De manera que el órgano instructor resolvió con las declaraciones rendidas que quedaron desvirtuadas las denuncias en relación a que la jueza investigada haya ingresado al tribunal en forma abusiva y arbitraria; que hizo entrega formal del juzgado mediante inventario y ordenó la reconstrucción de la pieza del expediente extraviado.

Por que cabe destacar que en el ámbito del procedimiento administrativo a diferencia del jurisdiccional, no es necesario que los hechos a probar sean controvertidos. Es suficiente con que se trate de hechos invocados y que sean conducentes para fundar la decisión que pondrá fin al procedimiento administrativo.

Por las razones anteriormente expuestas, no se verifica la vulneración del derecho a la defensa ni al debido proceso, por lo que, en consecuencia, se desestima la referida denuncia. Así se decide.

Por otra parte, con relación a que la Inspectoría General de Tribunales silenció las pruebas al no valorar la entrevista de los ciudadanos Eduardo José Cañizales Ponte, Daniel Jesús Medina Sarmiento y Mayra Yañes.

Esta Comisión, observa que los dos primeros mencionados fueron entrevistados el 23 de mayo de 2005, según consta de actas de entrevistas insertas a los folios 105 al 107 de la primera pieza del expediente, y la ciudadana Mayra Yañes, se observa que en acta del el 24 de mayo de 2005, inserta a los folios 76 y 77 de la primera pieza del expediente, la Inspectoría General de Tribunales notificó qua no había sido posible localizar a la referida ciudadana. Así, pues se evidencia que el Órgano Instructor realizó de manera eficaz el proceso investigativo de la presente denuncia, y si no se logró la entrevista de los referidos ciudadanos fue por causas ajenas a su voluntad, por lo que igualmente se desestima el presente alegato por no verificarse la supuesta violación de principio ni derecho alguno. Así se decide.

En relación al alegato a que no se ordenó la reconstrucción del expediente judicial N° 22C-631-00.

Esta Comisión observa, que en acta de fecha 19 de diciembre de 2002, cursante a los folios 167 al 170 de la primera pieza del expediente, suscrita por la Inspectora de Tribunales comisionada, ciudadana Maryelia Sifontes, en presencia de la jueza denunciada, dejó constancia de la existencia de una pieza del mencionado expediente, según consta al folio N° 31 del libro N° 3, de entrada y salida de causas, que en 29 de noviembre de 2000, el referido expediente ingresó al Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, constante de siete piezas. Esta irregularidad fue del conocimiento de la jueza denunciada, cuando tomó posesión del tribunal, razón por la cual esta anormalidad no le es imputable, ordenando su reconstrucción.

De lo antes expuesto, queda desvirtuado el alegato de la denunciante al referirse que nunca se ordenó la reconstrucción de las piezas del referido expediente. En consecuencia, se desestima el presente alegato. Así se decide.

Por las razones expuestas, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS; en consecuencia, ratifica la decisión dictada en 26 de febrero de 2007 por la Inspectoría General de Tribunales, acordó archivar las actuaciones en la causa seguida contra la ciudadana MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA, Jueza Provisoria del Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.

V
DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS contra la decisión dictada en 26 de febrero de 2007 por la Inspectoría General de Tribunales, en el que ordena archivar las actuaciones llevadas contra de la ciudadana MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA, Jueza Provisoria del Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; en consecuencia, ordena su archivo.

Notifíquese de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, a la ciudadana MARYNELLA HERNÁNDEZ ROJAS en su condición de apelante y a la ciudadana MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA Jueza Provisoria del Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Déjese constancia de esta decisión en el expediente personal de la ciudadana MARIA DEL PILAR PUERTA DE BARAZA, el cual reposa en la Oficina de Personal de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en Caracas, a los ocho (8) días del mes de noviembre de dos mil siete (2007). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.



DAMIÁN ADOLFO NIETO CARRILLO
Comisionado Presidente



GIOVANNA LANDER SALAZAR
Secretaria Acc.










Exp. N° A-015-2007
Siendo las 10:30 am de hoy ocho (8) de noviembre de 2007 se publicó la anterior decisión la cual queda registrada bajo el N° 063-2007.-

GIOVANNA LANDER SALAZAR
Secretaria Acc.