JUEZ PONENTE: ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Expediente N° AP42-R-2003-002318
En fecha 13 de junio de 2003, se recibió en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 755 de fecha 27 de mayo de 2003, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, anexo al cual remitió expediente contentivo de la querella funcionarial interpuesta por la abogada Francy Coromoto Becerra Chacón, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.719, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano PEDRO NOLASCO MIRANDA MORALES, titular de la cédula de identidad N° 5.664.976, contra el INSTITUTO DEL DEPORTE TACHIRENSE.
Dicha remisión se efectuó en virtud de haberse oído en ambos efectos la apelación interpuesta por la apoderada judicial del querellante, contra la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 14 de agosto de 2002, mediante la cual declaró inadmisible la querella funcionarial incoada.
El día 17 de junio de 2003, se dio cuenta a la referida Corte, y por auto separado de esa misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, fijándose el décimo (10°) día de despacho siguiente para comenzar la relación de la causa.
En fecha 3 de julio de 2003, se agregó a los autos el escrito de fundamentación a la apelación consignado por la apoderada judicial del querellante.
El día 10 de julio de 2003, se dejó constancia que comenzó la relación de la causa.
En fecha 29 de julio de 2003, comenzó el lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción de pruebas, el cual venció el 6 de agosto del mismo año, sin que las partes hubieren hecho uso del mismo.
Por auto de fecha 7 de agosto de 2003, se fijó el décimo día de despacho siguiente para que tuviera lugar el acto de informes.
El día 2 de septiembre de 2003, siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar el Acto de Informes, se dejó constancia de que ninguna de las partes presentó sus escritos. En esa misma fecha se dijo “Vistos”.
En virtud de la creación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución N° 2003-00033 de fecha 10 de diciembre de 2003, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, y en atención a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución N° 68 del 27 de agosto de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura publicada en la Gaceta Oficial de la República de Bolivariana de Venezuela N° 38.011 de fecha 30 de agosto de 2004, se acordó la distribución de las causas que se encontraban originalmente en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando asignados a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, los expedientes de las causas cuyo último dígito fuese un número par, como ocurre en el presente caso.
El 13 de octubre de 2005, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia designó los Jueces de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los ciudadanos Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, Alejandro Soto Villasmil y Alexis José Crespo Daza, quienes fueron juramentados el día 18 de octubre de 2005.
En fecha 21 de abril de 2005, la abogada Francy Becerra Chacón, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Pedro Nolasco Miranda, solicitó el abocamiento de la presente causa.
Por auto del 31 de mayo de 2005, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa y, previa distribución de la misma, se designó ponente a la Jueza Betty Josefina Torres Díaz. Asimismo se ordenó la notificación del Presidente del Instituto del Deporte Tachirense y del Procurador General del Estado Táchira, ordenándose igualmente el despacho correspondiente.
En fecha 19 de julio de 2005, se ordenó pasar el expediente a la Juez ponente a los fines de dictar la decisión correspondiente, en virtud de la diligencia suscrita por el abogado José Yovanny Rojas La Cruz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.046, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Pedro N. Miranda M., mediante la cual desiste de la acción y del procedimiento en la presente causa.
En fecha 25 de julio de 2005, se pasó el expediente a la Jueza ponente.
Mediante diligencia de fecha 10 de agosto de 2005, el abogado José Yovanny Rojas Lacruz, antes identificado, solicitó lo siguiente: “Informe al tribunal que por error involuntario de mi parte incorporé el PODER y la REVOCATORIA en esta causa donde además solicité desistimiento; pero aclaro que la facultad para desistir otorgada por mi mandante es en la causa que se sigue en contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES y no la que él sigue contra el INSTITUTO DE DEPORTES del Estado Táchira, por tanto, ese desistimiento debe quedar sin efecto y por contrario imperio revocarse el auto de fecha 19 de julio de 2005 (folio 460). Solicito además el desglose de los folios 435 al 459”.
Mediante diligencia de fecha 29 de marzo de 2006, la abogada Francy Becerra Chacón, solicitó el abocamiento de la presente causa, a los fines de la continuación del procedimiento.
En esa misma fecha se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, Oficio N° 08 de fecha 9 de enero de 2006, emanado del Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, anexo al cual se remitieron las resultas de la comisión librada por esta Corte en fecha 31 de mayo de 2005, siendo agregadas las mismas a los autos en fecha 13 de junio de 2006.
En fecha 27 de abril de 2006, esta Corte se abocó al conocimiento de la presente causa y se reasignó la ponencia al Juez Alexis José Crespo Daza, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En esa misma fecha se pasó el expediente al Juez ponente.
Mediante diligencia de fecha 4 de mayo de 2006, la abogada Francy C. Becerra Chacón expuso lo siguiente: “Quiero dejar bien claro al Ciudadano Magistrado ponente, que lo que está agregado a los folios 453 al 459 del presente expediente, no tiene ninguna relación jurídica con el presente caso, fue un error del Tribunal consignarlo a mi expediente, y así lo hiciere saber a la Corte en la diligencias que corren insertas en los folios 464 y 466 respectivamente, por tal motivo ratifico que sigo siendo su apoderada judicial y solicito que se deje (sic) sin efecto tales actuaciones”.
Vista la incorporación del ciudadano EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, en fecha 6 de noviembre de 2006, se reconstituyó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, quedando integrada su Junta Directiva de la siguiente manera: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, Presidente; ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA, Vicepresidente y; ALEJANDRO SOTO VILLASMIL, Juez.
En fecha 16 de noviembre de 2006, la abogada Francy Becerra Chacón, solicitó el abocamiento de la presente causa.
En fecha 27 de noviembre de 2006, se ratificó la ponencia al Juez Alexis José Crespo Daza, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En esa misma fecha se pasó el expediente al Juez ponente.
En fecha 7 de mayo de 2007, la abogada Francy Becerra solicitó el abocamiento de la presente causa, así como que esta Corte procediera a dictar sentencia.
Realizado el estudio individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA QUERELLA FUNCIONARIAL INTERPUESTA
La abogada Francy Coromoto Becerra Chacón, presentó en fecha 2 de marzo de 2000, escrito contentivo de la querella funcionarial interpuesta, en el que expresó que la misma se ha intentado contra el acto administrativo emanado del Instituto del Deporte Tachirense, de fecha 23 de junio de 1999 y suscrito por el ciudadano Gerardo William Méndez, en su condición de Presidente, que le fuera notificado a su representado por aviso de notificación publicado en la edición del Diario “Los Andes” del día 12 de julio de 1999, mediante el cual se le removió del cargo de “Entrenador V” adscrito a dicho instituto autónomo y, contra el acto de retiro contenido en el Oficio N° 043-RH, de fecha 25 de agosto de 1999, suscrito por el mismo Ingeniero Gerardo William Méndez, en su condición de Presidente del referido Instituto Autónomo.
Indicó, que su representado era funcionario de carrera administrativa, tal como constaba en la Resolución Nº 022, de fecha 4 de mayo de 1998, mediante la cual se le designó para ocupar el cargo de “Entrenador V”, con una remuneración mensual de Trescientos Setenta y Cinco Mil Bolívares (Bs. 375.000,00), siendo que una vez transcurrido el período de prueba de dos (2) meses máximos, su representado adquirió el status de funcionario de carrera, siendo publicado tal nombramiento en la Gaceta Oficial del Estado Táchira del día 18 de mayo de 1998, N° Extraordinario 455-C.
En ese sentido expuso, que antes de su ingreso formal al Instituto del Deporte Tachirense, su representado prestó sus servicios en el Instituto Nacional de Deportes (IND), por el tiempo de Quince Años, Diez Meses y Veintinueve Días, de manera ininterrumpida, desde el 1° de enero de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1997, fecha de su egreso por renuncia; por ello añadió que sumando el período de servicio prestado en el Instituto Nacional de Deportes (IND) con el tiempo de servicio que tiene su representado en el Instituto del Deporte Tachirense, se tiene una antigüedad superior a los Diecisiete (17) años de servicio en la Administración Pública.
Señaló, que el 28 de febrero de 1999 su representado recibió una comunicación s/n emanada de la Presidencia del Instituto del Deporte Tachirense, mediante la cual se le notificó que a partir del 28 de febrero de 1999, dejaba de cumplir funciones como Coordinador de Alta Competencia, de la Unidad de Alto Rendimiento y, que a partir del 1° de marzo de ese año, cumpliría funciones como “Entrenador en la Especialidad de Atletismo” en las instalaciones del Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo.
Al respecto, señaló que el 23 de abril de 1999, su representado se dirigió al Ingeniero William Méndez, Presidente del Instituto del Deporte Tachirense, ya que desde el 26 de febrero de 1999, no había recibido su salario, por lo que solicitó que se buscara una solución al error cometido de manera involuntaria de paralizarle su sueldo, enviando el día 5 de mayo del mismo año, una segunda comunicación por no haber recibido respuesta.
Indicó que en fecha 12 de julio de 1999, apareció publicado en la página 27 del “Diario Los Andes” el aviso de prensa de fecha 23 de junio de 1999, mediante el cual tuvo conocimiento de su remoción, fundamentado en el Decreto Nº 298.
Expresó, que contra dicho acto ejerció el recurso de reconsideración respectivo el día 2 de agosto de 1999, del cual no obtuvo respuesta alguna, motivo por el cual interpuso el recurso jerárquico correspondiente ante el Gobernador del Estado en fecha 9 de septiembre de 1999, recibiendo respuesta del mismo el día 12 de enero de 2000, el cual fue declarado extemporáneo.
Manifestó, que su representado fue objeto de una ilegal remoción con la prescindencia absoluta del procedimiento establecido para tomar la medida de reducción de personal, constituyendo ello una actuación arbitraria de la Administración, no consentida, ilegítima y violatoria de los derechos subjetivos e intereses legítimos de su representado.
Adujo como vicios del acto administrativo impugnado, la prescindencia del procedimiento legalmente establecido, pues en sus dichos, no se siguió el procedimiento establecido en los artículos 136 al 140 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa del Estado Táchira, que regulan la reducción de personal, en virtud de que su remoción se fundamentó en la aplicación de dicha medida por limitaciones financieras. Asimismo, alegó la inmotivación del acto administrativo, por considerar que había incumplido con lo previsto en los artículos 9 y 18 ordinal 5º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en virtud de lo cual se le había cercenado el derecho a la defensa a su representado.
Por lo antes expuesto, solicitó la nulidad del acto administrativo de remoción y, como consecuencia, la nulidad del acto administrativo de retiro; la reincorporación definitiva de su representado al cargo que ocupaba; el pago de los sueldos dejados de percibir desde su egreso, hasta su efectiva reincorporación y la condenatoria en costas.
Finalmente, estimó la demanda incoada en la cantidad de Diez Millones de Bolívares con cero céntimos (Bs. 10.000.000,00).

II
DEL FALLO APELADO

Mediante sentencia de fecha 14 de agosto de 2002, el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes declaró la caducidad de la acción en la querella funcionarial interpuesta, argumentando tal decisión de la siguiente manera:
“El Instituto del Deporte Tachirense es un Instituto Autónomo con personalidad jurídica propia e independiente, derivada de su acto de creación con un patrimonio también independiente del Órgano que lo crea.
…omissis…
La LOPA es aplicable para regir la organización interna de este tipo de Institutos, por lo que, obviamente la materia relativa a los recursos administrativos se regula por este instrumento.
Existe en este instrumento legal (LOPA) el denominado ´Recurso Jerárquico Impropio´, contenido en el artículo 96 de la LOPA que señala…omissis… En el caso claro del Instituto del Deporte Tachirense el mismo no se encuentra ´adscrito´ a ninguna Secretaría de Gobierno o a la propia Gobernación, por lo que entonces es lógico concluir que la vía administrativa se agotaba con la interposición del recurso de Reconsideración.
En este estado de cosas, a partir de la fecha de vencimiento que tenía la Administración para decidir el recurso, ya por decisión expresa positiva y precisa o por haberse operado el Silencio Administrativo
…omissis…
Tomando entonces en consideración que, el recurso de reconsideración agotaba la vía administrativa y que se (sic) operó el silencio administrativo, era a contar (sic) desde la fecha en que se produjo el silencio administrativo, desde el día 09/09/99, en que debió interponer el querellante su acción, por lo que a la fecha de presentación del recurso, 02/03/2000 habían transcurrido los seis meses que permite el artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa Nacional (sic) para la interposición de la querella y en efecto se ha producido la caducidad y así se decide.” (Mayúsculas del a quo).

III
DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN

Mediante escrito presentado en fecha 3 de julio de 2003, la apoderada judicial del ciudadano Pedro Nolasco Miranda Morales, presentó escrito de fundamentación a la apelación en los siguientes términos:
Indicó, que el Tribunal a quo declaró consumada la caducidad de la acción fundamentándose en el hecho de que su representado interpuso el recurso jerárquico ante el Gobernador del Estado, una vez configurado el silencio administrativo con relación al recurso de reconsideración interpuesto ante el Presidente de dicho Instituto.
Expresó, que el Tribunal de primera instancia, consideró que contra los actos del referido Instituto no cabía la interposición del recurso jerárquico ante el Gobernador del Estado, en atención a que en la Ley de Creación del Instituto del Deporte Tachirense no aparecía una mención expresa que atribuyera su adscripción al Ejecutivo del Estado Táchira y, por tanto, no existía un órgano de adscripción ante el cual proponer el recurso jerárquico.
Manifestó, que se interpuso el recurso de reconsideración en tiempo hábil, el día 2 de agosto de 1999, y que habiendo operado el silencio administrativo se interpuso el recurso jerárquico directamente ante el Gobernador del Estado en fecha 9 de septiembre de 1999, recibiendo respuesta de este último el día 12 de enero de 2000.
Adujo, que el razonamiento del a quo contiene “al menos tres graves errores” siendo el primero, considerar que el silencio administrativo se produjo desde el día 9 de septiembre de 1999, lo cual -a su decir- resulta falso, pues aún cuando no hubiese sido procedente el recurso jerárquico, al agotar con éste la vía administrativa, el recurso de reconsideración tiene un lapso para su resolución o respuesta de noventa (90) días, por lo que, en tal caso, el lapso de caducidad debía computarse a partir del día 3 de noviembre de 1999, pues el recurso de reconsideración se había interpuesto el día 2 de agosto de 1999, en tiempo hábil, por lo que la interposición de la presente querella funcionarial en fecha 2 de marzo de 2000, resultaba tempestiva.
Continuó expresando que, contra la decisión del Instituto del Deporte Tachirense, si era procedente la interposición del recurso jerárquico ante el Gobernador del Estado, por cuanto se trataba de un Instituto Autónomo adscrito al Ejecutivo Estadal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Administración del Estado Táchira.
Señaló, que el Gobernador dio respuesta negativa al recurso jerárquico que le fue sometido a su consideración en fecha 12 de enero de 2000, por lo cual, bajo esta hipótesis, el lapso de caducidad debió computarse a partir del 13 de enero de 2000.
Por lo antes expuesto, indicó que aún cuando no fuese procedente la interposición del recurso jerárquico ante el Gobernador del Estado, el a quo “computó erróneamente el lapso de caducidad, pues habiéndose interpuesto el recurso de reconsideración en fecha 02-08-99 si éste pone fin a la vía administrativa, el lapso para verificarse el silencio administrativo es de tres (3) meses, por lo cual el silencio administrativo se configuró el día 03-11-99 y no el 09-09-99, como erróneamente señaló el juzgador. Por tanto, el lapso de caducidad de seis (6) meses se cumplió el día 03-05-2000, fecha para la cual ya se había interpuesto la querella. POR TANTO, LA QUERELLA SE INTERPUSO EN TIEMPO HÁBIL.” (Mayúscula y Resaltado de la parte apelante).
Finalmente, señaló que aún aceptando que el lapso de caducidad se inició el día 9 de septiembre de 1999, a la fecha de interposición de la presente querella funcionarial, es decir, el día 2 de marzo de 2000, aún “NO SE HABÍA CONSUMADO LA CADUCIDAD” siendo tempestiva la interposición de la misma. (Mayúscula de la parte aplante).


IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

I.- De la Competencia para Conocer el Recurso de Apelación Interpuesto:
Respecto a la competencia para conocer la apelación interpuesta, se observa que, conforme al artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, vista la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del tribunal supremo de Justicia en fecha 24 de noviembre de 2004, (caso: Tecno Servicios YES´CARD, C.A.) y según lo establecido en l artículo 1° de la Resolución N° 2003-00033 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 10 de diciembre de 203, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.866, de fecha 17 de enero de 2004, este Órgano Jurisdiccional resulta competente para conocer como Alzada natural de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores con competencia contencioso administrativa en materia de función pública. Así se declara.
II.- Del Recurso de Apelación Interpuesto:
Corresponde a esta Corte pronunciarse respecto a la apelación interpuesta por la abogada Francy Becerra, contra la sentencia dictada por el a quo en fecha 14 de agosto de 2002, mediante la cual se declaró “Inadmisible Por Caducidad” la querella funcionarial interpuesta, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:
Como punto previo, aprecia esta Corte que mediante diligencia de fecha 14 de julio de 2005 (folio 453) el abogado José Yovanny Rojas Lacruz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.046, apoderado judicial del ciudadano Pedro N. Miranda M., expuso lo siguiente: “DESISTO de la acción y del procedimiento de esta causa. Desistimiento que realizo en virtud de que el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES mediante acto administrativo y/o PROVIDENCIA ADMINSITRATIVA N° 3441-PRE, de fecha 12 de Agosto de 2.004 (sic), procedió a otorgarme LA JUBILACIÓN, por lo que en consecuencia, habida cuenta del otorgamiento de este derecho, quedan satisfechas mis pretensiones legales y por tanto insisto en el desistimiento de esta acción judicial. Desistimiento que hago a los fines que sea homologado por este tribunal y se declare esta causa como pasada en autoridad de cosa juzgada”. (Resaltado de la diligencia).
No obstante ello, no debe pasarse por desapercibido, que en fecha 10 de agosto de 2005, el mismo abogado que manifestó su voluntad para desistir del presente procedimiento, requirió de esta Corte que se decrete que el desistimiento formulado “(…) quede sin efecto (…)” , ya que en sus dichos, “(…) por error involuntario de mi parte incorporé el PODER y la REVOCATORIA en esta causa …omissis…pero aclaro que la facultad para desistir otorgada por mi mandante es en la causa que se sigue en contra el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES y no la que él sigue contra el INSTITUTO DE DEPORTES del Estado Táchira, por tanto, ese desistimiento debe quedar sin efecto y por contrario imperio revocarse el auto de fecha 19 de julio de 2005 (folio 460). Solicito además el desglose de los folios 435 al 459”.
Ante tal requerimiento, se debe señalar que para el momento en que este último pedimento tuvo lugar, todavía no existía algún tipo de pronunciamiento judicial mediante el cual se homologara el desistimiento planteado o que, de ser el caso y verificada la no configuración de los requisitos exigidos para ello, se declarase improcedente el referido desistimiento.
Ello así, es de resaltar que la institución jurídica del desistimiento se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento jurídico específicamente en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil.
Para la Enciclopedia Jurídica Española (Francisco Seix, Editor; Tomo Undécimo; Barcelona; p. 823) el desistimiento constituye el “Acto por virtud del que se abandona la acción entablada, el recurso interpuesto; o se abdica un derecho, o se separa del iter criminis concebido y emprendido. Viene a ser, por tanto, el desistimiento una manifestación expresa de nuestra voluntad, encaminada a dichos efectos, y mediante ella se neutraliza, se borra, se deja sin efecto lo iniciado y lo realizado…omissis… Requiere de la existencia de algo que haya nacido al impulso de nuestra voluntad o de la ley (…)”.
Parte de la doctrina lo ha definido como “la declaración unilateral de voluntad del actor por la cual éste renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria…omissis… lo vincula irrevocablemente, en cuanto al efecto jurídico deseado se produce necesariamente conforme a la declaración emitida” (RENGEL-ROMBERG, A. “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo 2, Editorial Arte, Caracas, 1992).
Es así, como el desistimiento se constituye como el acto de autocomposición procesal en virtud del cual quien se afirma como titular de un interés jurídico frente al demandado pone fin al litigio en cualquier momento, conformándose como un acto unilateral, una manifestación de voluntad legítimamente manifestada, en el entendido de que quien desiste puede ser o bien el propio actor, o bien quien tenga facultad expresa para desistir en el juicio en cuestión.
Por su parte, la jurisprudencia patria ha definido esta figura como “(…) aquella acción unilateral de voluntad expresada por el actor ante el juez, por la que abandona el procedimiento iniciado, dando lugar a su extinción y en consecuencia, un modo de conclusión del mismo…omissis… es necesario advertir que el desistimiento debe referirse a la pretensión en su totalidad y no a un punto o capítulo de la demanda (…)” (Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de abril de 1997, caso: “Richard J. Ocando” vs. “Hidrología de los Médanos Falconianos”).
Ahora bien, interesa a esta Corte en la situación planteada, resaltar la frase expresada en la normativa transcrita, en virtud de la cual “El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal”, en atención a la cual, se deriva que únicamente es necesario para el perfeccionamiento del desistimiento, de la manifestación de voluntad de quien tenga capacidad procesal para desistir, no siendo necesario si quiera el consentimiento de la otra parte para que aquél surta de manera inmediata sus efectos jurídicos, entendiéndose así en sentencias del Máximo Tribunal. (Vid. decisión del 30 de noviembre de 1988 de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia) que“(…) para que el Juez dé por consumado el acto de desistimiento o convenimiento según los casos, se requieren dos condiciones a) que la manifestación del actor …omissis… conste en forma auténtica; y, b) que sean hechos en forma pura y simple, sin términos, sin condiciones, ni modalidades de ninguna especie, siendo el acto irrevocable por mandato del Art. 205 del C.P.C.D. o el 263 del Código vigente, ya que para perfeccionarse no necesita el consentimiento de la otra parte, ni de la aprobación judicial (…)”.
Entonces, si bien es cierto que para que el desistimiento tenga lugar, se requiere únicamente de la intervención de la voluntad del actor - o su representante legítimamente facultado- , ello por tratarse de derechos subjetivos de naturaleza privada los que se discuten en el proceso, también es cierto, y esto se deriva del carácter irrevocable de aquél -desistimiento- que una vez exteriorizada tal voluntad la misma produce sus efectos inmediatamente, lo cual resulta lógico, puesto que no podría hacerse depender del antojo del desistente, la continuación - o no- de un juicio en el que están involucrados distintos intereses, cuando ya consta una voluntad expresa de terminarlo, lo contrario atentaría de manera directa contra el principio de la seguridad jurídica, ya que ello determina una deslealtad en el proceso no solo para la contraparte sino también contra los órganos de administración de justicia.
Es en tal sentido que debe entenderse tal irrevocabilidad, lo cual según la doctrina citada “(…) quiere decir que el legislador no ha querido dejar a la parte el derecho de retractarse (…)”, sin que con la sola manifestación de desistir se extinga el proceso, puesto que esto último sólo tendrá lugar únicamente cuando el juez competente le imparta su homologación.
Tal posición la ha asumido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 7 de febrero de 2006 (caso: “Francisco Antonio Hernández Rodríguez”), se pronunció en un caso muy similar al que se presenta en esta oportunidad, de la siguiente manera:
“Por último, cabe advertir como bien lo hizo el Juzgador Superior en su oportunidad, que fue el propio abogado mandatario en procuración de la empresa actora, quien luego de desistir de la acción y celebrar transacción con la empresa demandada, pretendió hacer valer la carencia de facultades para realizar tal acto y retractarse con base a ello de lo actuado; dicha argumentación se tiene como bien desechada por el Juzgador de alzada con base en los fundamentos contenidos en los extractos de su decisión transcritos anteriormente, los cuales se hacen valer en esta sede casacional, visto que precisamente el artículo delatado de supuesta errónea interpretación, 263 del Código de Procedimiento Civil, de manera diáfana e indubitable, establece la irrevocabilidad del acto de autocomposición procesal, aún antes de su homologación”. (Resaltado de esta Corte).

Ello así, debe en consecuencia revisarse si en el caso de marras se encuentran presentes los requisitos legalmente establecidos para que proceda el desistimiento planteado, que de ser así, esta Corte procederá a su homologación, ello a pesar de la solicitud formulada por el abogado José Yovanny Rojas Lacruz respecto a que aquél “(…) quede sin efecto (…)”.
Al respecto, se precisa que las instituciones procesales cuya consecuencia jurídica es la terminación del proceso, se encuentran reguladas expresamente en el Libro Primero del Título V del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, ha sido reiterado el criterio del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual los requisitos de procedencia de esta figura procesal son la capacidad jurídica y la manifestación expresa del accionante de terminar el procedimiento incoado.
En tal sentido, disponen los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, aplicables según lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:
“Artículo 263: En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aún antes de la homologación del Tribunal”.
“Artículo 264: Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”.

Asimismo, en reiteradas oportunidades se ha señalado que para la procedencia de los desistimientos expresos, en la materia contencioso administrativa, es preciso verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Tener facultad expresa del abogado actuante para desistir; b) Que con la decisión no resulte quebrantado el Orden Público y c) Que se trate de materias disponibles por las partes (Sentencia 16 de enero de 2003, caso: “Rodelsi, C.A.” vs. “Alcaldía del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda”).
Visto lo anterior, del análisis de las actas que conforman el expediente, se verifica que a los folios 454 y 455 del expediente, cursa el documento poder otorgado tanto por el ciudadano Pedro Nolasco Miranda Morales, -recurrente- como por otros ciudadanos, a los abogados José Yovanny Rojas Lacruz y Roberto Sarmiento, inscritos en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los números 58.046 y 54.006, respectivamente, del cual se constata la facultad expresamente otorgada para desistir.
Sin embargo, de dicho documento se verifica que las facultades que mediante el mismo fueron otorgadas a los citados abogados, se refieren de manera expresa y exclusiva “(…) a la relación laboral sostenida con el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES y muy especialmente con relación a las reclamaciones a que haya lugar con referencia a mis derechos constitucionales laborales y a las Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales que me puedan corresponder producto de la liquidación que fuimos objetos como empleados de dicha institución (…)”.
De lo expuesto se concluye, que al versar incuestionablemente las facultades conferidas de manera específica sobre el Instituto Nacional de Deportes como ente presuntamente agraviante en el vínculo funcionarial que existía entre el recurrente y dicho Instituto, y visto además que de los autos no se desprende la existencia de otro documento debidamente autenticado que le confiera expresamente al abogado José Yovanny Rojas Lacruz, la facultad expresa para desistir en el presente proceso, lo cual constituye un requisito indispensable para la homologación del desistimiento planteado por este último, debe en consecuencia esta Corte declarar IMPROCEDENTE EL DESISTIMIENTO FORMULADO, conforme a los términos expuestos con antelación. Así se declara.
Establecido lo anterior, pasa esta Corte a conocer respecto al recurso de apelación interpuesto, para lo cual advierte que la sentencia objeto del mismo declaró “Inadmisible por caducidad” la querella funcionarial incoada por el ciudadano Pedro Nolasco Miranda contra el Instituto del Deporte Tachirense.
Al respecto, se advierte que el a quo fundamentó la decisión judicial recurrida, por considerar que había operado la caducidad de la acción, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la derogada Ley de Carrera Administrativa, pues al haber sido interpuesto el recurso de reconsideración, este agotaba la vía administrativa y era a partir de que operó el silencio administrativo respecto al mismo, cuando había comenzado a transcurrir el lapso de caducidad de la acción contemplado en la norma antes mencionada.
Por su parte, la apoderada judicial del querellante indicó en el escrito contentivo de la fundamentación de la apelación, que el día 2 de agosto de 1999, se había interpuesto recurso de reconsideración contra la decisión impugnada, y que habiendo operado el silencio administrativo, se interpuso el recurso jerárquico directamente ante el Gobernador del Estado en fecha 9 de septiembre de 1999.
En ese mismo orden de ideas, señaló que el Tribunal de primera instancia incurrió en error al considerar que el silencio administrativo se había producido desde el día 9 de septiembre de 1999, pues aún cuando no hubiese sido procedente la interposición del recurso jerárquico, el cual -a decir del apelante- si era procedente por tratarse de un Instituto Autónomo adscrito al Ejecutivo Estadal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Administración del Estado Táchira; el artículo 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos prevé un lapso de noventa (90) días para decidir el recurso de reconsideración cuando se interpone ante la máxima autoridad del organismo, por lo que, en tal caso, el lapso de caducidad debía computarse a partir del día 3 de noviembre de 1999, dado que el recurso de reconsideración se había interpuesto el día 2 de agosto de ese mismo año, lo que traía como consecuencia que, en sus dichos, la interposición de la presente querella funcionarial en fecha 2 de marzo de 2000 fuera tempestiva, razón por la cual, de aceptarse la tesis de la improcedencia del recurso jerárquico, el cómputo del lapso de caducidad hecho por el a quo había sido erróneo.
Ahora bien, en primer lugar debe dejarse expresamente sentado, que aun cuando la derogada Ley de Carrera Administrativa no establecía la obligatoriedad del agotamiento de los recursos administrativos, el querellante al interponer los mismos, actuó en base a la información que le fue proporcionada por el Presidente del Instituto Tachirense del Deporte (IDT), en la notificación de su remoción del cargo de “Entrenador V” (folio 13), la cual le hizo saber que “(…) Contra este acto podrá interponer el Recurso de Reconsideración dentro de los 15 días siguientes a la notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (…)”, por tanto, debe señalarse que el ciudadano Pedro Nolasco Miranda al acudir a la vía recursiva en sede administrativa actuó conforme al principio de la buena fe, no pudiendo entonces entenderse que lo hizo de manera errada, pues, justamente tal actuación se debió al haber sido inducido por la información concreta y expresa que le fue proporcionada por la Administración Pública.
En tal sentido, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece en su artículo 85 el mecanismo previsto por el legislador para ejercer el control de la legalidad de la actividad administrativa, mediante la implementación de los recursos administrativos, los cuales deben ser ejercidos a los fines del agotamiento de la vía administrativa. A tal efecto, resulta preciso destacar lo dispuesto en dicha norma, la cual señala lo siguiente:
“Artículo 85: Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este Capitulo, contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos”.

Por su parte, el artículo 93 de dicha Ley establece lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 93: La vía contencioso administrativa quedará abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa, estos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado, o no se haya producido decisión en los plazos correspondientes. Los plazos para intentar los recursos contenciosos son los establecidos por las leyes correspondientes”.

En tal sentido, se observa que el texto legal citado prevé entre sus disposiciones los recursos administrativos, consagrando así en su artículo 94, el recurso de reconsideración como un instrumento de impugnación de los actos administrativos de carácter particular en sede administrativa, a los fines de que sea el propio funcionario que suscribe el acto quien se pronuncie sobre la legalidad de la decisión contenida en el mismo, pronunciamiento éste que podría ser igualmente impugnado de no ser favorable al pedimento hecho en el recurso de reconsideración o de configurarse el silencio administrativo respecto al mismo, mediante la interposición del recurso jerárquico, contemplado en el artículo 95 eiusdem, mediante el cual se le proporciona al administrado la posibilidad de acudir ante la máxima autoridad del ente recurrido, con el objetivo de que éste revise el apego a derecho de la decisión dictada por sus órganos subalternos al resolver desfavorablemente lo solicitado en el recurso de reconsideración, o ante la ausencia de pronunciamiento por parte de éstos.
De igual forma, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ha establecido en el único aparte de su artículo 96, lo que ha sido catalogado por la doctrina como el recurso jerárquico “impropio”, en los siguientes términos:
“Artículo 96: El recurso jerárquico podrá ser intentado contra las decisiones de los órganos subalternos de los Institutos Autónomos por ante los órganos superiores de ellos.
Contra las decisiones de dichos órganos superiores, operará recurso jerárquico para ante el respectivo Ministro de Adscripción, salvo disposición en contrario de la Ley”.
De la norma transcrita, se colige que el mencionado recurso ha sido concebido por el legislador como un medio de impugnación adicional con el que cuentan los administrados que vean afectada su esfera jurídica, para objetar, ante la propia Administración, las decisiones de los órganos de máxima jerarquía en los entes autónomos, o el silencio administrativo, si es el caso, ante el respectivo órgano de adscripción.
Ahora bien, es precisamente este último “recurso jerárquico impropio” el que interesa profundizar en la presente oportunidad, puesto que debe necesariamente establecerse si el recurrente contaba con el mismo, o si por el contrario, bajo los términos expuestos en la sentencia recurrida, este medio recursivo no era procedente en el específico caso que se estudia.
De la revisión y análisis de las actas procesales que conforman el presente expediente, se observa copia certificada de la Ley de Creación del Instituto del Deporte Tachirense (folios 16 al 22 y vuelto), publicada en la Gaceta Oficial del Estado Táchira N° 395 Extraordinario, de fecha 28 de noviembre de 1996, la cual en su artículo 1, establece lo siguiente:
“Artículo 1°: A los fines propuestos y conformes (sic) a lo previsto en el ordinal 7 del Artículo 4 de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público, se crea el INSTITUTO DEL DEPORTE TACHIRENSE, (I.D.T.) con domicilio en la ciudad de San Cristóbal, como Ente Descentralizado de la Administración Estadal, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del patrimonio del Estado”.
Asimismo, corre inserta entre los folios 417 y 430 del expediente, copia simple de la Ley de Administración del Estado Táchira, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Táchira N° 226 Extraordinario, de fecha 15 de septiembre de 1993, la cual establecía en su artículo 2 lo siguiente:
“Artículo 2: La Administración Pública Estadal estará conformada por la Administración Pública Centralizada que será ejercida por el Poder Ejecutivo del Estado a través de los Órganos señalados en esta Ley, y por la Administración Descentralizada adscrita al Ejecutivo del Estado conforme a la Constitución del Estado y esta Ley”.
De las normas anteriormente transcritas, se desprende que el Instituto del Deporte Tachirense es un ente descentralizado cuyo órgano de adscripción es la Gobernación del Estado Táchira, en virtud de lo cual la impugnación de los actos administrativos dictados por las autoridades del mismo debe ser tramitada conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ser ésta la Ley General que regula la materia y a la cual remite la propia Ley de Creación del ente accionado al señalar en su artículo 44 lo siguiente:
“Artículo 44°: Todo lo no regulado en la presente Ley será resuelto de acuerdo con la normativa que rige la materia”.
Siendo ello así, observa esta Corte que la decisión del a quo declaró inadmisible la querella funcionarial interpuesta por considerar que había transcurrido con creces el lapso de seis (6) meses previsto en el artículo 82 de la entonces vigente Ley de Carrera Administrativa para la interposición de la misma, ya que, en criterio del referido Juzgado, una vez que había transcurrido el lapso para la decisión del recurso de reconsideración incoado por el querellante, se había agotado la vía administrativa y era a partir de allí que comenzaba a transcurrir el lapso para acudir a impugnar el acto administrativo de remoción ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Ante ello, debe este Órgano Jurisdiccional señalar que, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley general que rige en materia de procedimientos administrativos, la impugnación de los actos administrativos emanados de Institutos Autónomos, debe hacerse en primer lugar, mediante el recurso de reconsideración, luego al ser resuelto éste de manera distinta a la solicitada o al operar la figura del silencio administrativo, procede el recurso jerárquico correspondiente ante el máximo jerarca de la Institución o el jerárquico impropio ante el Ministro de adscripción, en caso de que quien resuelva la reconsideración sea el máximo jerarca del ente descentralizado.
Ahora bien, tratándose el presente caso de una querella funcionarial interpuesta contra un Instituto Autónomo Estadal, debe esta Corte señalar que conforme a la normativa Estadal antes referida, el Instituto accionado es un ente sometido al control de tutela por parte de la Gobernación del Estado Táchira, quien funge como el órgano de adscripción del mismo, por lo que en el presente caso, la vía administrativa no se agotaba con la interposición del recurso de reconsideración ante el Presidente del ente querellado, como erróneamente lo dejó establecido el Tribunal que conoció en primera instancia en la sentencia recurrida, sino una vez interpuesto el recurso jerárquico impropio ante el Gobernador del Estado Táchira.
Ello así, debe entonces aclarar esta Corte que, una vez interpuesto el recurso de reconsideración ante el Presidente del Instituto accionado y, habiendo operado el silencio administrativo, debido a la ausencia de respuesta por parte de dicho funcionario, el querellante contaba con un lapso de quince (15) días siguientes a la configuración del silencio administrativo para incoar el recurso jerárquico impropio ante el Gobernador del Estado, por lo que habiendo sido interpuesto el recurso de reconsideración el día 29 de julio de 1999, tal como se evidencia del sello húmedo del ente accionado como señal de recibido (folios 31 al 36), el vencimiento del lapso de quince (15) días siguientes a la fecha de la decisión para interponer el recurso jerárquico -habiendo operado el silencio administrativo el día 19 de agosto de ese mismo año-, era el día 9 de septiembre de 1999, fecha en la cual fue incoado el mismo ante el Gobernador del Estado Táchira, quien contaba con noventa (90) días para decidirlo, ello en total armonía con el contenido del artículo 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, razón por la cual el lapso de seis (6) meses establecido en el artículo 82 de la derogada Ley de Carrera Administrativa para que operara la caducidad de la acción, comenzaba a transcurrir a partir del día 9 de diciembre de 1999 y, siendo que la interposición de la querella funcionarial que nos ocupa fue realizada en fecha 2 de marzo de 2000, estima esta Corte que la misma ha sido ejercida en tiempo hábil para ello, ya que disponía hasta el 9 de marzo de 2000 para recurrir en vía judicial, y así se decide.
Resulta pertinente acotar, que ya esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en una oportunidad muy similar a la que nos ocupa, asumió idéntica posición a la que se toma en el presente fallo (vid. sentencia de fecha 20 de diciembre de 2006, caso: Helenia Galvis Molina), en la que se estableció lo siguiente:
“Así las cosas, en virtud de las potestades de tutela que ejerce el Gobernador del Estado Táchira sobre los entes de la Administración Descentralizada, dentro del cual se encuentra el Instituto del Deporte Tachirense (IDT), ante le silencio administrativo que se verificó por la falta del pronunciamiento del mencionado Instituto sobre el recurso de reconsideración interpuesto por la querellante, podía ejercer el denominado recurso jerárquico impropio ante le Gobernador del Estado Táchira, tal como fue efectivamente impuesto, previsto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
…omissis…
En virtud del silencio administrativo en la decisión del recurso de reconsideración interpuesto, la parte querellante disponía de un lapso de quince (15) días hábiles para interponer ante el Gobernador del Estado Táchira el recurso jerárquico impropio, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lapso que venció el día 15 de junio de 1999, por lo que, en definitiva, el lapso de noventa (90) días hábiles para que se verificara la decisión, en atención a lo establecido en el artículo 91 eiusdem, se cumplió en fecha 22 de octubre de 1999”.

En virtud de lo anterior, debe establecerse que el cómputo realizado por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, a los fines de declarar la inadmisibilidad de la acción fue hecho erróneamente, en virtud de lo cual resulta forzoso para este Órgano Jurisdiccional declarar con lugar la apelación interpuesta y revocar el fallo apelado, y así se decide.
Ahora bien, revocada como ha sido la sentencia apelada, y en virtud de que la presente querella funcionarial había sido declarada inadmisible, considera esta Corte que realizar un pronunciamiento con respecto al fondo del asunto implicaría el análisis de un cúmulo de pretensiones que no han sido revisadas en cuanto a su mérito por el a quo, razón por la cual, conforme al principio de la doble instancia que debe seguirse en todo proceso judicial, se ordena la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, a los fines de que proceda a pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente querella, con excepción de la causal relativa a la caducidad de la acción contemplada en el numeral 3 del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, normativa vigente para el momento en el que se interpuso la querella, puesto que la misma ha sido desestimada por esta Alzada, sin perjuicio de que pueda declararse su inadmisibilidad por otra causal distinta a la antes señalada. Así se decide.

V
DECISIÓN

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- QUE ES COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Francy Coromoto Becerra Chacón, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 24.719, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano PEDRO NOLASCO MIRANDA MORALES, titular de la cédula de identidad N° 5.664.976, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, en fecha 14 de agosto de 2002, mediante la cual se declaró “Inadmisible por caducidad” la querella funcionarial interpuesta por dicha abogada contra el INSTITUTO DEL DEPORTE TACHIRENSE.

2.- IMPROCEDENTE la homologación del desistimiento planteado por el abogado José Yovanny Rojas Lacruz.

3.- CON LUGAR la apelación interpuesta. En consecuencia, SE REVOCA el fallo apelado y;

4.- ORDENA la remisión del expediente al mencionado Juzgado a los fines de que se pronuncie respecto la admisibilidad de la presente querella, con excepción de la causal relativa a la caducidad de la acción contemplada en el numeral 3 del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, normativa vigente para el momento en el que se interpuso la querella, puesto que la misma ha sido desestimada por esta Alzada, sin perjuicio de que pueda declararse su inadmisibilidad por otra causal distinta a la antes señalada.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas, a los _______________ ( ) días del mes de _____________del año dos mil siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

El Presidente,


EMILIO RAMOS GONZÁLEZ


El Vicepresidente;


ALEXIS JOSÉ CRESPO DAZA
Ponente

El Juez


ALEJANDRO SOTO VILLASMIL



La Secretaria Accidental,


VICMAR QUIÑÓNEZ BASTIDAS


AJCD/09
Exp. N° AP42-R-2003-002318

En fecha ____________________ (____) de _________________ de dos mil siete (2007), siendo la (sic) ___________ de la ___________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 2007-

La Secretaria Accidental