Exp. Nº 2316-08





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL.
Querellante: DORYS ALICIA SULBARÁN CALDERÓN, venezolana, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nº 8.030.152, asistida por el abogado Wilmer R. Partidas R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 39.279.
Organismo querellado: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ÓRGANO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT.
Mediante auto de fecha 11 de noviembre de 2008, se admitió la presente causa, y fue contestada en fecha 21 de abril de 2009, posteriormente el 12 de mayo del mismo año, se llevo a cabo la Audiencia Preliminar, conforme a los artículos 103 y 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se dejó constancia de la comparecencia de ambas partes. Asimismo el 16 de junio de 2009, se fijó la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia definitiva, la cual fue celebrada en fecha 22 de junio de ese año, se dejó constancia de la incomparecencia de ambas partes, y se declaró desierto el acto.
Cumplidas las formalidades contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pasa este Juzgado de seguidas a dictar sentencia escrita sin narrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la misma Ley.
-I-
DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLANTE
La parte actora solicita:
Que el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el acto administrativo contenido en la notificación de fecha 31 de julio de 2008, suscrita por el Presidente de la Junta Liquidadora del FONDUR sea admitido, sustanciado conforme a derecho y declarado con lugar.
Solicita la cancelación con sus respectivas variaciones y ajustes inflacionarios que haya sufrido desde el año 2008 en adelante y durante el tiempo que dure el juicio de los beneficios socioeconómicos y derechos adquiridos de los cuales pide su restitución, permanencia y reconocimiento, tales como: el bono único extraordinario, bonificación especial anual, asignación especial mensual, ticket de alimentación, caja de ahorros, seguro H.C.M., accidentes personales, póliza de seguros funerarios, plan vacacional, ayuda para útiles escolares, dotación de juguetes, servicio médico odontológico extensivo para cónyuges e hijos y el beneficio de homologación de los montos por conceptos de jubilación y pensión cada vez que se produzcan cambios en la escala de sueldos y salarios para el personal activo.
Que en la revisión y ajuste del monto de la pensión de jubilación especial, sea cancelado el aumento salarial presidencial del 30% decretado el 1 de mayo de 2008, conforme al Decreto Presidencial Nº 6.054, del 29 abril de 2008.
Se ordene al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, la revisión y ajuste del monto de la pensión de la jubilación, desde la fecha en que se le otorgó la jubilación especial, de conformidad con el factor salarial de la fórmula sumatoria, utilizado por las autoridades del FONDUR, para el cálculo de los montos de pensiones y jubilaciones, los cuales comprenden la sumatoria del bono único extraordinario, más bono especial, más días de bonificación de fin de año, más días de bono vacacional, dividido entre doce (12) con la aplicación del resultado de la sumatoria a un 80% para determinar el monto de la pensión de jubilación que le corresponde.
Que se ordene la cancelación de las diferencias monetarias del monto de la pensión de jubilación, desde el 1 de agosto de 2008, fecha en la cual le fue otorgada la jubilación; y las diferencias pecuniarias que se generen en el transcurso del presente proceso, tomando en cuenta los aumentos salariales que ocurran, más la indexación conforme a los índices inflacionarios que resulten, después de aplicarse una experticia complementaria del fallo.
Para sostener sus pretensiones el querellante arguye que con la entrada en vigencia y ejecución del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Supresión y Liquidación del FONDUR, fue notificado el 31 de julio de 2008, de su jubilación especial con un monto de bolívares dos mil ciento cuatro con trece céntimos (Bs. 2.104,13), haciéndose efectiva a partir del 1 de agosto de 2008, fecha en la que se le incluyó en la nómina del personal jubilado del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat.
Alega que en el proceso de supresión y liquidación del FONDUR se omitieron un conjunto de beneficios socioeconómicos y derechos adquiridos que a través de muchos años habían venido percibiendo los funcionarios públicos de carrera que pasaban a ser retirados por la vía de la jubilación, en detrimento de su poder adquisitivo, calidad de vida y la de su grupo familiar y que con ello se violentaron los siguientes beneficios socioeconómicos:
El ticket de alimentación beneficio relativo al cupón o ticket aprobado mediante Resolución de la Junta Administradora Nº SG-5.384, Sesión Nº 1011 del 12 de diciembre de 1998, extensivo a los jubilados y pensionados del FONDUR y que fue desmejorado al convertirlo en ayuda económico social por un monto de bolívares cuatrocientos ochenta y tres sin céntimos (Bs. 483,00); denunciando la vulneración de lo previsto en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el numeral 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Cláusula Cuadragésima de la Convención Colectiva Macro de la Administración Pública Nacional 2003-2005 sobre la Permanencia de Beneficios, por el hecho que al desmejorarse el ticket, no está sujeto a variación por el respaldo de la unidad tributaria frente a la realidad inflacionaria del país.
El seguro de H.C.M., seguro de vida, accidentes personales y póliza de seguros funerarios, beneficios que eran disfrutados por todo el personal jubilado y que su desmejora se materializó mediante punto de información presentado por el Presidente de la Junta Liquidadora del FONDUR al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Agenda Nº 0018, de fecha 22 de julio de 2008, en la cual se giró instrucciones a los fines de mantener los beneficios de seguro de H.C.M, seguro de vida y gastos funerarios sólo hasta el 31 de diciembre de 2008, y que se estaba estudiando la posibilidad de mantener únicamente el seguro de H.C.M. y seguro funerario para el titular; aduciendo la vulneración de lo establecido en el artículo 83 del Texto Constitucional y en la Cláusula Cuadragésima y Vigésima Novena de la Convención Colectiva Marco de la Administración Pública Nacional 2003-2005 sobre la Permanencia de Beneficios, porque limitan al querellante y a su grupo familiar del servicio de una atención médica-social óptima.

La caja de ahorros, que fue liquidada por el proceso de supresión, violentando a su juicio otro beneficio y derecho que se encuentra amparado por el Contrato Marco de la Administración Pública; indica asimismo que dicho beneficio era extensible a los jubilados, que estimulaba el ahorro mediante el aporte patronal del 20% y el 20% de la pensión del jubilado adscrito. Denuncia la vulneración del artículo 70 y 83 de la Carta Magna y 24 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, porque este beneficio era un derecho adquirido por el personal jubilado.
En cuanto a los beneficios de plan vacacional, ayuda para útiles escolares, dotación de juguetes y servicio médico odontológico extensivo para cónyuge e hijos, expone que la ausencia de los mimos afectan su presupuesto familiar para cubrir y garantizar la salud, los estudios y el desarrollo integral de sus hijos que cursan estudios; denunciando la transgresión de lo estatuido en el artículo 83 de la Carta Magna y de la Cláusula Cuadragésima y la Vigésima Novena de la Convención Colectiva antes identificada, por cuanto su omisión afecta el presupuesto familiar de la querellante para cubrir y garantizar la salud, los estudios y el desarrollo integral de sus hijos que aún cursan estudios.
La bonificación especial anual, desde el año 1981 y mejorada progresivamente, que radica en el pago de noventa (90) días de salario integral cancelados al personal activo, extensivo para los jubilados, pensionados y contratados. Reconocido y convertido en derecho adquirido conforme a la Resolución de la Junta Administradora Nº SG-4.945, de fecha 24 de octubre de 1996, que para su otorgamiento y cancelación se tomaba en cuenta la antigüedad del beneficiario, con cuya omisión a su decir, su mandante pierde “la capacidad de pago del crédito hipotecario de mi vivienda, toda vez que las cuotas anuales deben ser canceladas con el producto de dicha bonificación”, lo que vulnera la Cláusula Cuadragésima de la Convención Colectiva Marco de la Administración Pública Nacional y el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El bono único extraordinario, consistente en el pago reiterado de sesenta (60) días de salario integral que se otorga al personal jubilado del FONDUR desde el año 2001, reconocido y declarado derecho adquirido por el FONDUR mediante Resolución de la Junta Liquidadora, Sesión 009, Punto 055, del 28 de marzo de 2007; cancelado hasta el 2008, conforme a la antigüedad del beneficiario antes del 28 de junio de 2006, cuya aprobación no fue ratificada para los años sucesivos; por lo que a su decir, tal omisión constituye una transgresión a lo estatuido en la Cláusula Cuadragésimo de la Convención Colectiva Marco de la Administración Pública Nacional.
La asignación especial que era percibido por los jubilados y pensionados desde el año 1998, para compensar los efectos de la inflación, de bolívares ciento veinticinco sin céntimos (Bs. 125,00) mensual, fue omitido y que ello vulnera lo establecido en la Cláusula Cuadragésimo de la Convención Colectiva Marco de la Administración Pública Nacional.
En cuanto al beneficio de homologación de los montos por conceptos de jubilación y pensión cada vez que se produzcan cambios en la escala de sueldos y salarios para el personal activo, argumenta que las Resoluciones de la Junta Administradora Nros. SG4720 y SG4751, aprobadas en Sesiones Nros. 911 y 916, de fechas 12 de diciembre de 1995 y 25 de enero de 1996, en el mismo orden, establecían que los ajustes de las pensiones debían ser realizados de forma automática, cada vez que se produjeran nuevos aumentos de sueldos decretados por el Ejecutivo Nacional, aplicando el 80% a la remuneración total que tenía el último cargo ocupado por el jubilado o pensionado, más la sumatoria del 80% de los demás conceptos diferentes al sueldo básico. Señala además que la Junta Liquidadora arbitrariamente tomó como base el último salario devengado anterior al salario del 30 de abril de 2008, sin tomar en cuenta el aumento salarial del 30% decretado por el Ejecutivo Nacional, y que para el monto de la pensión de jubilación al momento de jubilarlo no se tomó en cuenta el salario integral otorgado conforme al artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo. Denuncia que con ello se vulneró lo establecido en los artículos 80 y 86 de la Carta Magna.
Finalmente aduce que al omitir el compromiso de permanencia de lo beneficios ut supra señalados, se vulneran sus derechos adquiridos, en virtud que son derecho laborales de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 89 del Texto Constitucional. En ese mismo sentido, señala la violación de la Cláusula Cuadragésima de la Convención Colectiva Marco de la Administración Pública Nacional y de los principio de progresividad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores que fueron jubilados en el proceso de supresión y liquidación del FONDUR, los cuales a su juicio, no pueden ser revocados ni alterados de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
-II-
DE LA CONTESTACIÓN A LA QUERELLA
En su contestación al Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto, la apoderada judicial del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, señala respecto a la notificación del acto administrativo de jubilación especial, del 31 de julio de 2008, que su función fue informarle al ciudadano Alejandro Spadafora, sobre la decisión de otorgarle su jubilación especial y el monto de la pensión de jubilación; que esa notificación no estableció los elementos y motivos del otorgamiento de dicha pensión, por lo cual los actos que debieron ser recurridos son los que establecieron la fijación de la pensión de la jubilación.
Arguye que mediante la providencia administrativa Nº 066, de fecha 2 de mayo de 2008, dictada por la Junta Liquidadora del FONDUR, se determinaron los beneficios socioeconómicos a ser otorgados a los trabajadores, pensionados y jubilados de dicho ente y la decisión contenida en el Punto de Cuenta Nº 43 de fecha 18 de julio de 2008, presentado por el Presidente de dicha Junta al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, quedó establecida la permanencia de los beneficios a favor del personal ut supra referido; y que contra éstos el querellante debió recurrir, por lo que solicita que se declare la prescripción, en virtud que los mismos fueron notificados el 31 de julio de 2008.
Manifiesta que en caso que se deseche la argumentación anterior, y el Tribunal decida entrar a dilucidar los beneficios socioeconómicos solicitados, se observe lo siguiente:
Que el numeral 10 del artículo 5 del Decreto del Decreto Nº 5910 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Supresión y Liquidación del FONDUR, establecía entre las funciones de la Junta Liquidadora, la de determinar los beneficios socioeconómicos a otorgar con ocasión a la supresión y liquidación del Fondo. Asimismo que de conformidad con los artículo 8 y 9 eiusdem, estipuló que la referida junta podía otorgar jubilaciones especiales y los beneficios a otorgar.
Señala que respecto al ticket de alimentación, la Junta Liquidadora con la aprobación del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, transformó dicho beneficio más no lo eliminó. Que dicho beneficio corresponde legalmente a los trabajadores activos y no a los jubilados, Sin embargo pese a que FONDUR lo hizo extensivo a su personal jubilado, cuando fue liquidado y suprimido era atribución de la Junta Liquidadora determinar los beneficios que concedería a los jubilados.
La recurrida niega, rechaza y contradice que se haya vulnerado el beneficio de seguro de H.C.M., accidentes personales y póliza de seguros funerarios, porque tales beneficios se mantuvieron hasta el 31 de diciembre de 2008, y que es el referido organismo quien debe asumir la obligación de la contratación de la póliza; por otra parte alega que el querellante sólo hizo especulaciones y no indica ningún hecho concreto respecto a este reclamo, por lo cual solicita que sea declarado sin lugar.
Indica respecto al alegato de la caja de ahorros, que al ser suprimido y liquidado el FONDO, fue liquidada ésta y pagado a los trabajadores lo que tenían allí depositado; que el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, el cual asumió los pasivos laborales del extinto FONDUR, tiene una caja de ahorros, donde los trabajadores y demás personal adsorbido puede adscribirse voluntariamente a dicha caja, sin embargo, manifiesta que el aporte a dicha caja no puede ser considerado como parte del salario y que sea tomado en cuenta para la base del cálculo de la pensión de jubilación y así pide sea declarado.
Manifiesta que en cuanto a la solicitud de los beneficios de plan vacacional, ayuda para útiles escolares, dotación de juguetes y servicio médico odontológico extensivo para el cónyuge y los hijos, el Ministerio encargado de asumir los pasivos laborales del extinto FONDUR, deberá establecer los mecanismos para el cumplimiento de estos requerimientos y decidir si va hacerlo extensivo o no a los jubilados, y que en virtud del proceso de liquidación y supresión del referido Fondo estos beneficios se deben prestar conforme a los lineamientos que establezca el organismo adsorbente.
Señala que igualmente ocurre con la bonificación especial anual, el cual era un beneficio que disfrutaba el personal activo del FONDUR, y que mediante Resolución de la Junta Administradora Nº SG-4945, del 24 de octubre de 1996, se hizo extensivo a los jubilados, y no se necesitaba aprobación previa para concederlo; que sin embrago era un beneficio que dependía del funcionamiento y la existencia de ese ente, por lo que la Junta Liquidadora del FONDUR determinó que esta bonificación no tenía carácter de derecho adquirido, ni contenido salarial.
Respecto al reclamo del beneficio de bono único extraordinario, que consistía en el pago de sesenta (60) días de salario integral otorgado al personal jubilado del FONDUR, indica que era una bonificación que estaba supeditada a la existencia del personal activo del Fondo y a la existencia misma de éste; que ese ente lo otorgaba porque tenía potestad y presupuesto propio, y la Junta Liquidadora del Fondo no lo extendió por cuanto son bonificaciones de carácter convencional y necesitan autorización y estar contemplados en el presupuesto anual del Organismo.
Argumenta que el beneficio de asignación especial para compensar los efectos de la inflación, no fue eliminada sino que se unificó al monto de la pensión de jubilación a los fines de establecer una pensión de jubilación única para el beneficiario.
Expone que el beneficio de homologación de los montos por concepto de jubilación y pensión cada vez que se produzcan cambios en la escala de sueldos y salarios para el personal activo, por el hecho que la Junta Liquidadora no se haya suscrito ni reconocido expresamente, no implica su omisión de los beneficios adquiridos. Sin embargo, aduce que la fórmula señalada por la parte recurrente para determinar el salario integral no puede ser aplicada.
Finalmente solicita que el presente recurso contencioso administrativo funcionarial sea declarado Sin Lugar.
-III-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Observa esta Sentenciadora que el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial tiene por objeto la solicitud de la cancelación con sus respectivas variaciones y ajustes inflacionarios que hayan sufrido desde el año 2008 en adelante y durante el tiempo que dure el juicio de los beneficios socioeconómicos y derechos adquiridos de los cuales pide su restitución, permanencia y reconocimiento, tales como: el bono único extraordinario, bonificación especial anual, asignación especial mensual, ticket de alimentación, caja de ahorros, seguro H.C.M., accidentes personales, póliza de seguros funerarios, plan vacacional, ayuda para útiles escolares, dotación de juguetes, servicio médico odontológico extensivo para cónyuges e hijos.
Solicita además la homologación de los montos por conceptos de jubilación y pensión cada vez que se produzcan cambios en la escala de sueldos y salarios para el personal activo.
Asimismo solicita la revisión y ajuste del monto de la pensión de jubilación especial, de conformidad con el aumento salarial presidencial del 30% decretado el 1 de mayo de 2008, en el Decreto Presidencial Nº 6.054, del 29 abril de 2008.
Por otra parte, solicita la revisión y ajuste del monto de la pensión de la jubilación, desde el momento en que se otorgó la jubilación especial al querellante conforme al factor salarial de la fórmula sumatoria, utilizado por las autoridades del FONDUR, para el cálculo de los mo