COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

Comisionada Ponente: BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ
EXPEDIENTE N° 1802-2009


El 6 de agosto de 2009, se recibió en esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, oficio N° 2070-09, anexo al cual, la Inspectoría General de Tribunales remitió el expediente disciplinario N° 050684 -nomenclatura de ese Órgano Instructor- sustanciado contra el ciudadano GERARDO JOSÉ TORREALBA PERAZA, titular de la cédula de identidad N° 4.101.045, por actuaciones durante su desempeño como Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, al encontrarlo, presuntamente, incurso en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 11, 13 y 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que dan lugar a la sanción de destitución, y el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que prevé la sanción de amonestación.

En esa misma oportunidad, se asignó la ponencia a la Comisionada Belkis Useche de Fernández, quien con tal carácter suscribe la presente decisión. El 12 de agosto de 2009, se admitió el acto conclusivo presentado por la Inspectoría General de Tribunales y se fijó la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia oral y pública para el 18 de noviembre de ese año.

El 16 de noviembre de 2009, esta Comisión se pronunció en relación a las pruebas promovidas tanto por la Inspectoría General de Tribunales como por el Juez sometido a procedimiento disciplinario; y el 17 de ese mismo mes y año, la Fiscal Sexagésima Tercera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Disciplinaria Judicial se adhirió a la imputación formulada por el Órgano Instructor contra el prenombrado ciudadano.

El 18 de noviembre de 2009, esta Comisión se pronunció en relación a las pruebas promovidas por el ciudadano Gerardo Torrealba Peraza el 17 de ese mismo mes y año.
En la oportunidad fijada para que tuviera lugar la audiencia oral y pública, las partes expusieron los alegatos que consideraron pertinentes, finalizada la misma y una vez cumplida la deliberación se dictó el respectivo pronunciamiento, tal como consta en el acta respectiva cursante a los folios 2 al 19 de la pieza N° 5 del expediente disciplinario; correspondiendo en esta oportunidad dictar el extenso de la decisión, y a tal efecto se observa:

I
DEL ACTO CONCLUSIVO DE LA INVESTIGACIÓN

La Inspectoría General de Tribunales indicó que el procedimiento disciplinario se inició el 3 de noviembre de 2005, en virtud de la comunicación N° FMDJ-0691-05, de la ciudadana Nancy Castro de Várvaro, -para ese entonces- Fiscal Sexagésima Tercera del Ministerio Público con Competencia en Materia Disciplinaria Judicial, recibida el 6 de julio de ese año, mediante la cual remitió copia simple de denuncia formulada por la Fiscal Superior del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en el que señaló, entre otras cosas, la presunta violación, y usurpación de las atribuciones del Ministerio Público por parte del ciudadano Gerardo José Torrealba Peraza, Juez Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Circuito Judicial Penal del referido estado; y finalizada la investigación presentó acto conclusivo en los siguientes términos:

Que, el Juez Gerardo José Torrealba Peraza, el 10 de junio de 2005, dictó una decisión en la que admitió la acción de amparo constitucional interpuesta verbalmente por la ciudadana María Netty Acosta Valderrama contra actuaciones de la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, sin que ésta hubiese aportado las pruebas que demostraran que el referido Órgano le hubiere conculcado sus derechos constitucional al debido proceso, a la defensa, con lo cual infringió el deber de acatar el procedimiento señalado en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 1° de febrero de 2000 (caso: Amado Mejías Betancourt y José Sánchez Villavicencio), que estableció que los amparos que se ejercieran, no contra sentencias, se iniciarían por escrito o en forma oral, pero el accionante además de los requisitos que se establecen en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, deberá también señalar en su solicitud, las pruebas que se desean promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no sólo de las pruebas omitidas, sino de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos con que cuente el accionante al momento de incoar la acción. Que, no fue sino hasta el 20 de junio de 2005, cuando la referida ciudadana presentó como prueba la decisión en la causa 1C-228-05, dictada por la accionante.

Asimismo señaló, que la referida ciudadana no aportó ni ofrecido pruebas, lo cual era un requisito, tal como lo establecía la sentencia antes señalada de la Sala Constitucional, y que el derecho a la tutela judicial efectiva se trataba de un derecho de configuración legal, por lo que debían observarse los requisitos exigidos por la ley, sin que éstos puedan ser tildados de formalidades no esenciales -sentencia 269 de la sala de casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia-. Que, la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, en sentencia del 5 de agosto de 2005, señaló que no existía al momento de interponerse el amparo, los suficientes elementos que permitieran hacer constar la existencia de los hechos denunciados.

Que, el Juez sometido a procedimiento disciplinario estaba obligado a advertir la omisión de promoción de pruebas en la que incurrió la ciudadana que interpuso el amparo y declarar la inadmisibilidad in limine litis de la acción, tal como lo establecía la sentencia referida de la Sala Constitucional, con carácter vincularte, de obligatorio cumplimiento por todos los Jueces de la República, y al no hacerlo así infringió el deber de hacer cumplir el procedimiento de amparo, incurriendo en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que daba lugar a la sanción de destitución.

Por otra parte, indicó el Órgano Instructor que el Juez sometido a procedimiento disciplinario, el 13 de junio de 2005, al dictar un auto en el que señaló que el Tribunal constató la concurrencia de los requisitos expresados en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y por ello declaró la admisibilidad de la acción incoada por la ciudadana María Netty Acosta Valderrama; siendo que se demostraba que no se habían cumplidos con tales requisitos ya que del acta de 10 de junio de 2005, que se encontraba inserta en el asiento N° 10 del Libro de Entrada y Salida de Causas llevado en el referido Juzgado, no aparecía nada escrito donde la accionante señalara las pruebas que deseaba promover, aportar u ofrecer; de lo que evidenciaba que el Juez no revisó cuidadosamente el asunto, a los fines de asegurar la existencia los elementos exigidos por la norma señalada y tal como lo establece la sentencia del 1° de febrero de 2000, con lo cual el referido Juez, deliberadamente hizo contar lo inexistente; ocasionando que la Corte de Apelaciones, en conocimiento de la causa, estableciera que al momento de la interposición del amparo, la accionante no había presentado prueba alguna que hiciese, al menos, presumir que la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público lesionara sus derechos constitucionales. De lo anterior, el Órgano Instructor refirió que resultaba inexplicable como el Juez Gerardo José Torrealba, en el auto del 13 de junio de 2005, dejó constancia de haber observado tales requisitos, por lo que consideró que éste hizo constar en su actuación judicial hechos que no sucedieron subsumiendo su conducta en la falta disciplinaria prevista en el artículo 40 numeral 13 de la Ley de Carrera Judicial que daba lugar a la sanción de destitución.

Asimismo, consideró el Órgano Instructor, que el prenombrado Juez al dictar un auto el 13 de junio de 2009, en el que acordó una medida cautelar a favor de la accionante, consistente en ordenar al Ministerio Público y al Director del órgano auxiliar de investigación, Dirección de los Servicios de Información de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de abstenerse de continuar la investigación llevada acabo en el expediente N° 46.590, abierto en virtud de la denuncia interpuesta el 20 de mayo de 2005, por lo ciudadanos Abelardo José Diego Aular y Gregorio Reyes Mena Pérez, desconoció las funciones que les son propias al Ministerio Público como titular de la acción penal, previstas en los artículos 285 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 309 del Código Orgánico Procesal Penal, desarrollando una conducta abusiva que generaba responsabilidad disciplinaria.

Que, conforme a la sentencia del 24 de octubre de 2006, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el abuso de autoridad se configuraba cuando el juez realizaba funciones que no le estaban conferidas, verificándose una desmedida utilización de las atribuciones que se le han otorgado, traspasando los límites del ejercicio y uso correcto de sus facultades; requiriéndose para la verificación dos supuesto: la total carencia de bases legales y la actitud abusiva que se despliega a través de la conducta del sometido a régimen disciplinario; y en ese sentido, indicó que el Juez Gerardo José Torrealba Peraza se extralimitó en sus funciones al ordenar, sin bases legales, una conducta de no hacer al Ministerio Público, penetrando la esfera de autonomía e independencia de éste, que por mandato de la ley, tiene el monopolio de la acción penal, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; norma que el juez como autoridad del Poder Judicial estaba obligado a reconocer y respetar, lo cual no hizo, por lo que consideró que incurrió en la falta disciplinaria prevista en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de destitución.

Por otra parte, el Órgano Instructor señaló que el Juez sometido a procedimiento disciplinario en la audiencia constitucional fijada para el 20 de junio de 2005, sin los requisitos exigida en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por la ciudadana María Netty Acosta Valderrama, decretando la nulidad de todas la actuaciones realizadas por la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público de la referida Circunscripción Judicial, en el expediente 45.590-05, decisión que fue publicada el 27 de ese mes y año, contra la cual, la referida Fiscal interpuso recurso de apelación el 30 de junio de 2005, no obstante, el Juez Gerardo José Torrealba Peraza, no se pronunció acerca de si oía o no el referido recurso, tal como lo advirtió la Corte de Apelaciones mediante decisión del 5 de agosto de ese año, quien lo exhortó a que en futuras actuaciones se abstuviese de incurrir en ese tipo de omisiones. Por lo que consideraba que el Juez quebrantó normas de orden público, al no pronunciarse sobre sí oía o no el recurso de apelación tal como lo establece el artículo 35 de la referida Ley, configurando la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que contempla la sanción de amonestación

Finalmente, el Órgano Instructor solicitó que se impusiera al Juez sometido a procedimiento disciplinario la sanción de destitución, por haber incurrió en infracción al deber que le establecen las leyes, hacer constar hechos que no sucedieron y por haber incurrido en abuso de autoridad; y la sanción de amonestación por haber incurrido en negligencia en el ejercicio de sus funciones, faltas disciplinarias previstas en los numerales 11, 13 y 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial y numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

II
ALEGATOS DEL JUEZ SOMETIDO A PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

El Juez Gerardo José Torrealba Peraza, mediante escritos presentados el 16 de julio de 2009 y 17 de noviembre de ese mismo año, así como en la oportunidad de la audiencia oral y pública, señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

Que, el Ministerio Público en su denuncia no refirió cual de las atribuciones, supuestamente, usurpó, ya que el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece seis (6) facultades, por lo que se le hacía imposible desvirtuar tal denuncia. Que, cuando el Ministerio Público presenta a un detenido, el juez valora todas las circunstancias a los fines de imponer una medida privativa de libertad, entonces no entendía como se podía investigar la majestad de un juez sin habérsele notificado, pues no estaban claras sus pretensiones, al llevar una investigación a espalda de la accionante en amparo; así como al interponer una denuncia en su contra que dio origen al presente procedimiento disciplinario, ya que no era correcto que el Órgano Jurisdiccional permitiera que se violara, maltratara, y vejara a cualquier ciudadano investido de poder o no, por el sólo hecho de ser el titular de la acción penal. Asimismo, refirió que sí le garantizó los derechos al Ministerio Público ya que ésta tuvo la oportunidad de ejercer los recursos que considero, no obstante que el día de la audiencia llegó más o menos, veinte (20) minutos después, cuando estaba dictando el respectivo pronunciamiento.

Indicó, que el artículo 27 constitucional prevé la potestad del Juez para dictar la restitución de los derechos y que ordenaba que el amparo fuese oral, breve, expedito, y sin formalismos; que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalaba omisión de los formalismos no esenciales, y que en ese sentido la parte accionante del amparo si consignó pruebas en la audiencia oral. Que, en los artículos 6 y 18 de la referida Ley no se establecían como causales de inadmisibilidad la falta de pruebas.

Asimismo, refirió a que de las pruebas que se consignaron en el presente procedimiento disciplinario se apreciaba el cúmulo de trabajo y el número de decisiones que dictaba; y que en el auto mediante el cual remitió el expediente a la Corte de Apelaciones, si bien se incurrió en una omisión al no señalar si se oía o no la apelación, el mismo subió a la alzada. Aunado a que, la decisión en la cual acordó la medida se fundamentó en la potestad del Juez y en el referido artículo 22. Que, todos los Tribunales de la República están investidos de facultades jurisdiccionales para conocer, con carácter obligatorio, las peticiones de la tutela judicial, más en los casos, donde se aleguen violaciones y amenazas de derechos o garantías constitucionales, los cuales se restituyen a través del ejercicio de una acción amparo constitucional. Que, su actuación no fue en defensa de un ciudadano sino en resguardo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual había sido su norte a la hora de decidir ese caso, así como cualquier otro que fuera sometiera a su conocimiento; y que si bien la accionante al momento de interponer el amparo, no produjo pruebas, los hechos denunciados, que estaba siendo investigada a su espaldas, eran notorios y públicos, con lo que se materializaba la violación de los derechos que tiene todo investigado, máxime si se trata de un miembro del Poder Judicial, pues si ocurrían contra un administrador de justicia, que se podía esperar de los justiciables comunes: y que actuando en esa facultad jurisdiccional plena, conforme a lo previsto en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, y a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 20 de enero de 2000, caso Emery Mata Miyan, restituyó los derechos constitucionales infringidos a la accionante, al observar la violación del derecho consagrado en los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante la apertura de una investigación penal a la ciudadana María Netty Acosta Valderrama, por lo que procedió, más que a la restitución de los derechos violados o amenazados, a suspender la violación denunciada, y que la investigación se prosiguiera conforme a las reglas establecidas para cualquier ciudadano de la República, como lo son el debido proceso y el derecho a la defensa. Ya que toda persona tiene derecho a conocer, a ser notificado de los cargo por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y disponer de tiempo suficiente y de medios adecuados para ejercer su defensa.

Que, el Ministerio Público contaba con dos vías procesales para atacar la decisión de cautela constitucional anticipada, la primera era la apelación y la segunda era el amparo, las cuales debían ser declaradas inadmisibles, conforme el criterio de la Corte de Apelaciones, ya que a su consideración no se vulneraron derechos a la accionante, por lo que tampoco se le habían vulnerado los derechos del Ministerio Público; y que debió establecer en su decisión que si una circunstancia amerita que un juez sea denunciado debería ser propuesta ante el órgano disciplinario y una vez agotada esa instancia, con un pronunciamiento positivo en cuanto considere que se ha producido una actuación ilícita, es que puede iniciarse la investigación por parte de otro órgano del poder público, Ministerio Público, el cual deberá observa lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, lo que no ocurrió en el caso de la accionante de amparo, quien era operadora de justicia y no se les respetaron los artículos 1, 2, 3, 49 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, máxime cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció en sentencias Nros. 386 del 17 de mayo de 2000, 2230 del 23 de septiembre de 2002, la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Finalmente, solicitó se aplicara el criterio establecido por la Sala Constitucional en sentencia Nº 280 del 23 de febrero de 2007, y que se le absolviera de la imputación de la Inspectoría General de Tribunales.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisados los recaudos documentales que cursan al presente expediente disciplinario, las pruebas que constan en autos, así como los alegatos expuestos en la audiencia oral y pública, esta Comisión observa lo siguiente:

En primer lugar, el Órgano Instructor consideró que el ciudadano Gerardo José Torrealba Peraza infringió el deber que le establecen las leyes cuando el 10 de junio de 2005, dictó una decisión en la que admitió la acción de amparo constitucional interpuesta verbalmente por la ciudadana María Netty Acosta Valderrama contra actuaciones de la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, sin que ésta hubiese aportado las pruebas que demostraran que el referido Órgano le hubiere conculcado sus derechos constitucionales al debido proceso, derecho a la defensa, siendo que estaba obligado a advertir la omisión de promoción de pruebas en la que ésta incurrió, y declarar la inadmisibilidad in limine litis de la acción, tal como lo establecía la sentencia del 1° de febrero de 2000 (caso: Amado Mejías Betancourt y José Sánchez Villavicencio) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con carácter vinculante, de obligatorio cumplimiento por todos los Jueces de la República, y al no hacerlo así infringió el deber de hacer cumplir el procedimiento de amparo, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de destitución, la cual solicitó que le fuera aplicada.

En relación a lo anterior, esta Comisión observa que cursa a los folios 29 al 31 de la pieza N° 1 del expediente disciplinario, acta del 10 junio de 2005, en la que se dejó constancia de la interposición de una acción de amparo en los siguientes términos:
“…De seguidas la ABOGADO MARÍA NETTY ACOSTA VALDERRAMA expone: estando debidamente asistida por el Abogado…ejerzo RECURSO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO (sic) en contra de la ciudadana FISCAL AUXILIAR TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO…con domicilio procesal en la sede de la Fiscalía del Ministerio Público ubicada en el Edificio Manrique, Segundo Piso, en San Carlos, Estado Cojedes, por la violación de los derechos constitucionales al debido proceso en su manifestación especifica del derecho de la defensa, y del derecho a ser oído, de ser notificada y de tener acceso a las pruebas obtenidas en cualquier investigación que se realice en las cuales tenga internes, y por vulnerar la autonomía funcional del Poder Judicial, todo conforme al artículo 49, numeral 1 y artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los hechos que motivan la presente acción de amparo constitucional son las siguientes: el día de hoy diez de los corrientes siendo las tres y veinte horas de la tarde, tuve conocimiento que una comisión policial dependiente de la DISIP, se encontraba realizando una inspección en la unidad de Alguacilazgo de este Palacio de Justicia, inspección ésta (sic), que supuestamente estaba realizando con una hipotética denuncia interpuesta en mi contra. Frente a esa situación invité a los mencionados funcionarios al Despacho del Tribunal a mi cargo donde asistieron en compañía de la referida Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, y fue esta (sic) quien me informó que tramitaba una denuncia interpuesta en mi contra por los ciudadanos ABELARDO JOSÉ DIEGO AULAR Y REYES GREGORIO MENA PÉREZ por ESTAR SUPUESTAMENTE AFECTADOS POR UNA DECISIÓN JUDICIAL TOMADA POR EL TRIBUNAL DE CONTROL N° 01 DEL CUAL SOY JUEZ TEMPORAL, e igualmente me indicó la representante fiscal que oportunamente yo sería citada a declarar, así como que la denuncia fue interpuesta el 20 de mayo del corriente año y que el expediente por el Ministerio Público es el N° 46.590. Ciudadano Juez, de Juicio, he sido verdaderamente sorprendida como Administradora de Justicia al enterarme que hace más de quince -15- días se interpuso una denuncia en mi contra, que el Ministerio Público efectúa diligencias procesales y recaba elementos probatorios a mis espalda, elementos probatorios estos, que evidentemente pudieran perjudicarme, y que como antes afirmé se están procurando sin el debido control de la prueba, estos hechos son evidentemente inconstitucionales por vulnerar los principios contenidos en los numerales 1 y 3 del artículo 49 constitucional que antes Trascribí (sic). Así mismo hago de su conocimiento que otra de las características insólitas en la investigación inconstitucional recurrida en amparo es que ella se adelanta al resultado del Recurso Legal que interpusieron los denunciantes contras la misma decisión tantas veces mencionada, por lo cual pudiera inferirse que se trata de una presión indebida en contra de la Corte de Apelaciones que conoce en Alzada. Pero es que además de ello y adicional a las garantías que como ciudadana me corresponde, igualmente como integrante del Poder Judicial merezco el respeto establecido en el artículo 254 Constitucional, respeto éste, que se traduce en la autonomía funcional de este poder del Estado Venezolano, lo cual se materializa entre otras cosa, en que los Jueces no pueden ser interpelados, ni interrogados por otros Poderes sobre (sic) en fondo de sus decisiones. Ciudadano juez de Juicio, esta Última expresión debo reconocer en justicia no me corresponde, no es mía, sino que es extraída de una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictada el 17 de mayo de 2000 e identificada con el N° 386, inclusive impone la obligación la mencionada decisión a los Jueces de Defender con los medios jurídicos y legales a su alcance esta autonomía funcional del Poder Judicial. Como puede apreciar usted la insólita pretensión del Ministerio Público de someterme a un interrogatorio por una decisión por el Tribunal a mi cargo, constituye una intromisión indebida del referido órgano del Poder Ciudadano en las funciones que son propias del Poder Judicial. En consecuencia de lo expuesto solicito de este Tribunal de Juicio que actuando en Sede Constitucional declare CON LUGAR EL AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesto, y en consecuencia decrete la NULIDAD DE TODO LO ACTUADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL EXPEDIENTE SIGNADO CON EL N° 46.590, por último solicito de este Tribunal se sirva decretar UNA MEDIDA DE TUTELA CONSTITUCIONAL ANTICIPADA que consiste en ORDENAR A LA FISCAL AUXILIAR TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA POLICIAL ABSTENERSE DE CONTINUAR CON LA REFERIDA INVESTIGACIÓN HASTA TANTO SEA DECIDIDO EL FONDO DE LA PRESENTE CAUSA…”.

En ese sentido, se evidencia que el 13 de junio de 2005, el Juez sometido a procedimiento admitió la referida acción de amparo interpuesta oralmente y fijó el tercer día contado a partir de la última de las notificaciones para la celebración de la audiencia constitucional, asimismo ordenó abrir cuaderno separado a los fines de proveer sobre la solicitud de cautela constitucional anticipada (folio 32, pieza N° 1), la cual declaró procedente en esa misma fecha (folios 63 al 65 de la referida pieza); y posteriormente, 20 de junio de 2005, declaró con lugar el referido amparo, tal como se evidencia de los folios 56 al 60 pieza N° 1 del expediente disciplinario.

Ahora bien, mediante sentencia N° 7 del 1° de febrero de 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con carácter vinculante, en relación al procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales adecuándolo a los postulados previstos en los artículos 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y estableció, entre otras cosas, lo siguiente:
“…Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre los instrumentos a producir los auténticos. El principio de libertad de medios regirá estos procedimientos, valorándose las pruebas por la sana crítica, excepto la prueba instrumental que tendrá los valores establecidos en los artículos 1359 y1360 del Código Civil para los documentos públicos y en el artículo 1363 del mismo Código para los documentos privados auténticos y otros que merezcan autenticidad, entre ellos los documentos públicos administrativos.
Los Tribunales o la Sala Constitucional que conozcan de la solicitud de amparo, por aplicación de los artículos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, admitirán o no el amparo, ordenarán que se amplíen los hechos y las pruebas, o se corrijan los defectos u omisiones de la solicitud, para lo cual se señalará un lapso, también preclusivo. Todo ello conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
(…)
El órgano jurisdiccional, en la misma audiencia, decretará cuáles son las pruebas admisibles y necesarias, y ordenará, de ser admisibles, también en la misma audiencia, su evacuación, que se realizará en ese mismo día, con inmediación del órgano en cumplimiento del requisito de la oralidad o podrá diferir para el día inmediato posterior la evacuación de las pruebas.
Debido al mandato constitucional de que el procedimiento de amparo no estará sujeto a formalidades, los trámites como se desarrollarán las audiencias y la evacuación de las pruebas, si fueran necesarias, las dictará en las audiencias el tribunal que conozca del amparo, siempre manteniendo la igualdad entre las partes y el derecho de defensa. Todas las actuaciones serán públicas, a menos que por protección a derechos civiles de rango constitucional, como el comprendido en el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se decida que los actos orales sean a puerta cerrada, pero siempre con inmediación del tribunal.
Una vez concluido el debate oral o las pruebas, el juez o el Tribunal en el mismo día estudiará individualmente el expediente o deliberará (en los caso de los Tribunales colegiados) y podrá:
a) decidir inmediatamente; (…)
b) Diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) horas, (…)
Contra la decisión dictada en primera instancia, podrá apelarse dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo, la cual se oirá en un sólo efecto a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que, por excepción, tenga una sola instancia. De no apelarse, pero ser el fallo susceptible de consulta, deberá seguirse el procedimiento seguido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, que la sentencia será consultada con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente el expediente, dejando copia de la decisión para la ejecución inmediata. Este Tribunal decidirá en un lapso no mayor de treinta (30) días. La falta de decisión equivaldrá a una denegación de justicia, a menos que por el volumen de consultas a decidir se haga necesario prorrogar las decisiones conforma al orden de entrada de las consultas al Tribunal de la segunda instancia.
(…)
Los Jueces Constitucionales siempre podrán interrogar a las partes y a los comparecientes” (resaltado de esta Comisión).

De la sentencia parcialmente trascrita, se colige que en los amparos ejercidos donde lo señalado como lesivo no sea una decisiones judiciales sino actuaciones materiales, como en el caso de autos, además de los requisitos señalados en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el accionante deberá señalar las pruebas que desee promover, bien sea en el escrito contentivo de la acción, o en la interposición verbal de la solicitud, caso en el cual se dejará constancia en el acta que a tal efecto levantará el Tribunal ante el cual se interponga, conforme a lo previsto en el artículo 16 eiusdem, siendo que la omisión de tal obligación produce la preclusión de la oportunidad, no sólo de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos.

Ahora bien, de los hechos constatados se evidencia que la accionante en su exposición, de la cual se dejó constancia en el acta que a tal efecto levantó, no hizo mención alguna de los medios de prueba que deseaba promover, así como tampoco se evidenció de las copias certificadas del expediente judicial 2-U-1320-05, contentivo de la aludida acción de amparo, cursante al expediente disciplinario, que ésta haya consignado recaudo alguno en esa oportunidad, tendente a probar la supuesta violación de sus derechos constitucionales, no obstante, el Juez sometido a procedimiento disciplinario el 13 de junio de 2005, la admitió sin advertir la omisión de la accionante, tal como fue señalado por la Corte de Apelaciones en sentencia del 5 de agosto de 2005, cuando conoció del recurso de apelación ejercido contra la decisión definitiva del referido amparo, en los siguiente términos:
“En adición a lo anterior, cabe apuntar que la accionante MARIA NETTY ACOSTA VALDERRAMA, al interponer la acción de amparo examinada por la Sala, tal como se desprende a autos (…) no aportó ad-initio, prueba alguna que le permitiera acreditar ante el a-quo los hechos que sirvieron de fundamento fáctico y jurídico a la acción de titula constitucional ejercida, tal como lo ordena la sentencia (vinculante) proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01 de febrero de 2000 (Caso: José Amado Mejías Betancourt y José Sánchez Villavicencio), omisión esta que produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales, o gráficos, con que cuente el accionante al momento de iniciar la acción, las cuales como se advierte de autos, no fueron presentadas el momento de la interposición oral del amparo examinado en alzada”.

Asimismo, es de resaltar que el 20 junio de 2005, el Juez sometido a procedimiento disciplinario declaró con lugar la acción de amparo, sin que se hubiere cumplido con el requisito que la jurisprudencial vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció en sentencia del 1º de febrero de 2000, y cuyo incumplimiento acarreaba la inadmisibilidad de la acción, lo cual sigue aplicándose en la actualidad como se desprende de las sentencias Nros. 44 y 1065 de 2 de abril de 2009 y 31 julio de 2009, entre otras, más aun cuando ni siquiera hizo uso, como juez constitucional, de la potestad atribuida en el artículo 17 de la ley que rige la materia de amparo, y respecto a la cual también se ha pronunciado la referida Sala en sentencia N° 341 del 22 de mayo de 2001, en la cual estableció, entre otras cosas, lo siguiente:
“En decisiones de fechas 1° de febrero de 2000 y 8 de junio de 2000 (casos: José A. Mejía y Marante Oviedo), la Sala advirtió cómo el juez del amparo tiene a su orden facultades probatorias oficiosas, las cuales puede ordenar aún antes de la admisión del amparo, debido a la naturaleza de orden público de ese proceso.
Incluso, esta actividad oficiosa antes de la audiencia constitucional no constituyen autos para mejor proveer. Por ello, en el fallo del 8 de junio de 2000, la Sala apuntó:
‘Pero la estructura del amparo, con la urgencia antes de que la amenaza se concrete o se haga irreparable el daño, lo que limita necesariamente el aporte de pruebas por la celeridad de la actuación que pesa sobre el actor, obliga al juez, al igual que en otros procesos que no producen cosa juzgada material o que están regidos por la celeridad en su admisión, a actuar con conocimiento de causa, lo que lo autoriza a ordenar al actor, ampliaciones de pruebas sobre algunos hechos, o a solicitar complemente algunas sin perjuicio- por la naturaleza de orden público del proceso- que el juez pueda ordenar de oficio pruebas, aun ante la admisión del amparo.
No se trata de autos para mejor proveer, sino de dos tipos de iniciativas probatorias en cabeza del juez del amparo:
1) Ordenar a las partes ampliaciones o complemento de pruebas.
2) Hacer uso de iniciativas probatorias oficiosas, lo que lo autoriza la naturaleza de orden público de este proceso.
De allí que el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando reza ‘el juez que conozca de la acción de amparo podrá ordenar, siempre que no signifique perjuicio irreparable para el actor, la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u oscuros’, no se está refiriendo a pruebas promovidas por el actor, sino a ampliaciones o verificaciones que ordena el juez de oficio.
Esta facultad del juez, muchas veces –y esta Sala lo ha resuelto así- las funda en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que es una norma destinada a la corrección de la solicitud de amparo, aunque de ello no se trata; y ha aplicado el citado artículo 19 sobre todo por el término para corregir que él establece; pero tratándose de pruebas necesarias para admitir o decidir el amparo, el juez pudiera otorgar un término mayor fundado en el artículo 17 citado “…siempre que no signifique un perjuicio irreparable para el actor….
...Omissis...
Dentro de estas iniciativas probatorias del juez, se encuentra la de pedir informaciones, sin necesidad de fundarse en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pero destinadas a resolver con justicia la causa, y por ello esta Sala decide recabar la información del juez que dictó el fallo que en definitiva se impugnó’.
Si el juez del amparo puede desplegar esas iniciativas probatorias, de las cuales también hace uso en la audiencia oral, no hay razón que le impida dictar un auto para mejor proveer, y por ello en la sentencia del 1° de febrero de 2000 la Sala señaló que concluido el debate oral o recibidas las pruebas, el tribunal decidirá inmediatamente, pero podrá diferir la audiencia para sentenciar ‘por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso, o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público'.
En cuanto a estas últimas iniciativas oficiosas del tribunal de amparo, se está ante un auto para mejor proveer, previo a la decisión, el cual tiene una amplitud mayor que el contemplado en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, ya que en él puede presentarse o evacuarse alguna prueba (cualquier prueba) legal o libre.
Consecuencia de los razonamientos expuestos es que en materia de amparo, el juez puede decretar pruebas de oficio después de la audiencia oral, y si ellas atienden a la necesidad de aclarar dudas –razón típica de los autos para mejor proveer- incluso pueden llevarse a cabo sin aceptar la intervención de las partes, ya que las dudas las tiene el sentenciador y es de él la iniciativa.
Ello fue lo que se realizó en el caso de autos. El juez de la primera instancia, ciñéndose a lo señalado en el fallo de esta Sala del 1° de febrero de 2000, no sentenció en la audiencia y procedió a decretar la inspección judicial”.

De la sentencia parcialmente transcrita, se coligen las facultades del Juez constitucional en lo que respecta a las pruebas en los procedimiento de amparo, facultades que deben ceñirse a lo dispuesto en el referido fallo N° 7 del 1° de febrero de 2000. No obstante el presente caso, el Juez sometido a procedimiento disciplinario, como se indicó, no hizo uso de tales facultades, procediendo a admitir la referida acción y posteriormente declarándola con lugar. En orden a lo anterior debe este Órgano desestimar el alegato del ciudadano Gerardo Torrealba referido a que las presuntas violaciones era hechos notorios y públicos, ya que de la simple lectura del acta en la que se dejó constancia de la interposición de la acción de amparo, no se desprende que la accionante hubiera calificado como tal los hechos que alegaba como lesivos a su derechos constitucionales, ni que el Juez en su actuación del 13 de junio de 2005, lo hubiere considerado así, o que hiciera uso de su potestad oficiosa para traer elemento probatorios al proceso de amparo, aun antes de la admisión, como lo estableció la sentencia parcialmente citada.

De allí que considera esta Comisión que el ciudadano Gerardo José Torrealba Peraza, infringió el deber legal de cumplir el procedimiento de amparo al no atender los lineamientos que con carácter vinculante dispuso en la sentencia N° 7 del 1° de febrero de 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 de la Ley de Carrera Judicial que da lugar a la sanción de destitución, tal como lo imputó la Inspectoría General de Tribunales, a lo cual se adhirió el Ministerio Público, y así se declara.

En segundo lugar, el Órgano Instructor estimó que el Juez sometido a procedimiento disciplinario, dejó constancia de hechos que no sucedieron cuando el 13 de junio de 2005, dictó un auto en el cual señaló que ese Tribunal había constatado la concurrencia de los requisitos expresados en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y por ello declaraba la admisibilidad de la acción incoada por la Jueza María Netty Acosta Valderrama; no obstante ello, se evidenció que no se habían cumplidos con tales requisitos ya que del acta fecha 10 de junio de 2005, que se encuentra inserta en el asiento N° 10 del Libro de Entrada y Salida de Causas llevado en el referido Juzgado, no aparecía nada escrito donde la accionante señalara las pruebas que deseaba promover, aportar u ofrecer; lo que evidenció que el Juez no revisó cuidadosamente el asunto, a los fines de asegurar la existencia los elementos exigidos por la norma señalada y tal como lo estableció la sentencia del 1° de febrero de 2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual el referido Juez, deliberadamente hizo contar lo inexistente, ocasionando que la Corte de Apelaciones, en conocimiento de la causa, señalara que al momento de interponer oralmente el amparo la accionante no había presentado prueba alguna que hiciese al menos presumir que la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público lesionara sus derechos constitucionales, de allí que lo consideró incurso en la falta disciplinaria prevista en el artículo 40 numeral 13 de la Ley de Carrera Judicial que da lugar a la sanción de destitución, la cual solicitó le fuera aplicada.

En relación a lo anterior, esta Comisión observa que el 10 de junio de 2005, la ciudadana María Acosta interpuso acción de amparo constitucional, en forma oral, contra actuaciones de la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en la cual, no hizo mención a medio probatorio alguno (folios 29 al 31, pieza N° 1). Asimismo se constató que al folio 32 de la primera pieza del expediente disciplinario cursa auto del 13 de junio de 2005, suscrito por el Juez sometido a procedimiento disciplinario, mediante el cual admitió la referida acción de amparo -expediente judicial N° 2-U-1320-05- en los siguientes términos:
“Vista la acción de Amparo Constitucional Oral…según consta en la acusa N° 2-U-1320-05, este Tribunal para decidir observa:
El artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, prevé los requisitos que deberá expresar la solicitud de Amparo, los cuales se exigirán en lo posible, en el caso de instancia verbal.
Este Tribunal al revisar lo relacionado con la competencia, se declara Competente, con fundamento en la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso: Emery Mata, Ignacio Luis Arcaya) del Mes de Enero de 2000.
Constatado como han sido por este Tribunal, la concurrencia de los requisitos expresados en el mencionado artículo, es por lo que este Tribunal EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECLARA ADMISIBLE la presente ACCIÓN DE AMPARO…”

En orden a lo anterior, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 18 establece lo siguiente:

“Artículo 18.- En la solicitud de amparo se deberá expresar:
1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante;
3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización;
4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación;
5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo;
6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.
En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos”.

La norma anteriormente transcrita establece los requisitos que deberá contener la solicitud de amparo, los cuales se exigirán, en la medida de lo posible, a los amparos interpuesto en forma verbal. Ahora bien, del examen de auto del 13 de junio de 2005, se evidencia que el Juez Gerardo Torrealba señaló que había constatado la concurrencia de los requisitos expresado, en el aludido artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; sin embargo, resulta pertinente señalar, que además de los requisitos indicados en dicha norma el solicitante debe señalar las pruebas que desea promover, siendo esto último una carga procesal establecida por la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley especial, exigencia que no cumplió la accionante, lo cual debió ser advertido por el juez, no obstante, no puede estimarse como un hecho aislado que da lugar a un ilícito disciplinario distinto; como el de relacionar hechos que no ocurrieron, pues como ha quedado demostrado la desatención a los lineamientos establecidos por la mencionada Sala Constitucional, lo hizo incurrir en el incumplimiento del deber legal, declarado anteriormente y que se puso de manifiesto con la omisión de la verificación del cumplimiento por parte de la actora de la carga procesal aludida, en detrimento de la igualdad procesal que como juez de la República está llamado a garantizar, y así se declara.

En tercer lugar, el Órgano Instructor consideró que el Juez sometido a procedimiento disciplinario incurrió en abuso de autoridad cuando el 13 de junio de 2005, acordó una medida cautelar a favor de la accionante, consistente en ordenar al Ministerio Público y al Director del órgano auxiliar de investigación, Dirección de los Servicios de Información de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de abstenerse de continuar la investigación llevada a cabo en el expediente N° 46.590, abierto en virtud de la denuncia interpuesta el 20 de mayo de 2005, por lo ciudadanos Abelardo José Diego Aular y Gregorio Reyes Mena Pérez, con lo cual desconoció las funciones que les son propias al Ministerio Público como titular de la acción penal, previstas en los artículos 285 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 309 del Código Orgánico Procesal Penal, quien tiene el monopolio de dicha acción de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica del mencionado Órganos, por lo que consideró que incurrió en la falta disciplinaria prevista en el artículo 40 numeral 16 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de destitución, la cual solicitó le fuera aplicada; al respecto esta Comisión observa lo siguiente:

El 13 de junio de 2005, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, a cargo del Juez sometido a procedimiento disciplinario, admitió la acción de amparo contenida en el expediente judicial N° 2-U-1320-05, ejercida el 10 de ese mismo mes y año, contra actuaciones de la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público contenidas en el expediente 46.590 –nomenclatura de la referida Fiscalía-, ordenando abrir cuaderno especial de medidas, para proveer sobre la solicitud de tutela (folios 29 al 32, pieza N° 1). En esa misma fecha el referido Juzgado dictó decisión, en el cuaderno separado, en la que declaró con lugar la medida cautelar solicitada por la accionante, en los siguientes términos: (folios 61 al 65, pieza N°1)
“…el tribunal pasa pronunciarse sobre la misma haciendo previamente las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Observa el Tribunal que la solicitud de la quejosa se contrae a:
‘…(OMISSIS)… solicito de este Tribunal se sirva decretar una medida de tutela constitucional anticipada que consiste en ordenar a la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público y a la Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (DISIP) abstenerse de continuar con la referida investigación hasta tanto sea decidido el fondo de la presente causa…(OMISSIS)…’
SEGUNDO: señala la querellante como acto lesivo la investigación supuestamente emprendida por la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, del Estado Cojedes, abogada JOALICE JIMÉNEZ.
TERCERO: Indica la parte presuntamente agraviada como conculcados los derechos constitucionales al debido proceso, en su manifestación del derecho a la defensa y del derecho de ser oída, de ser notificada y de tener acceso a las pruebas obtenidas en cualquier investigación que se realice, en los cual tenga interés y por vulnerar la autonomía funcional del Poder Judicial, todo conforme a lo establecido en los artículos 49, numerales 1 y 3 y; 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Hecha las anteriores acotaciones se observa que para la procedencia de la cautela constitucional anticipada solicitada, es necesario examinar la existencia de los tres elementos esenciales en virtud de la naturaleza cautelar, a saber: 1.- el fumus bini iuris (…) 2.- el periculum in mora (…) y 3.- el periculum damni (…).
Partiendo de dicha premisa, con relación a los arriba mencionados derechos, acota este Juzgador que una de las formas de manifestarse el derecho a la tutela judicial efectiva se concreta en la posibilidad cierta de que el justiciable pueda de manera inmediata lograr un pronunciamiento que paralice cualquier actuación supuestamente lesiva de sus derechos mientras el Tribunal estudia el caso que le es planteado y se pronuncie de forma definitiva sobre el asunto en cuestión.
En este mismo orden de ideas y sin que ello constituya un pronunciamientos sobre el fondo del asunto, observa este Tribunal con base a los planteamiento efectuados, que de continuarla investigación adelantada por la Dirección de Servicio de Inteligencia Policial (DISIP), por orden de la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, pudieran eventualmente alterarse los hechos narrados al Tribunal, con prejuicio evidente de la parte demandante, ocasionándole daños de difícil reparación por la sentencia definitiva para el hipotético caso de declarase son lugar la pretensión de amparo, lo cual por consiguiente acarrea, a juicio de quien decide, la concurrencia en el presente caso de los requisitos de procedencia de la cautela anticipada solicitada. Y ASÍ SE DECIDE.
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgador, actuando en sede constitucional administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: PROCEDENTE la cautela constitucional anticipada (…)
SEGUNDO: ORDENA a la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público Abogada JOALICE JIMÉNEZ y, a la Dirección de Inteligencia Policial (sic) (DISIP) abstenerse de continuar con la investigación llevada a cabo en el expediente N°46.590, abierto en virtud de la denuncia interpuesta el 20 de Mayo de 2005, por lo ciudadanos ABELARDO JOSÉ DIEGO AULAR y REYES GREGORIO MENA PÉREZ, hasta tanto sea decidido el fondo de la presente causa, es decir, mientra se produce la sentencia definitiva del procedimiento de Amparo Constitucional.
Publíquese, déjese copia y notifíquese tanto a la parte accionada, como a la Dirección de Servicio de Inteligencia Policial (sic) (DISIP) y al Fiscal Superior del Ministerio Público”.

Asimismo, consta boletas de notificación, dirigidas al Fiscal Superior, a la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público y al Subdirector de los Servicios de Información Policial de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, en el cual se les informó de la orden de atenerse de continuar con la investigación llevada en el expediente N° 46.590 (folios 69, 71 y 73, pieza N° 1). En relación a dicha notificación el Jefe de la Base de Apoyo de Inteligencia N° 203, de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, mediante oficio N° 1-08-0203-347, indicó al Juzgado, a cargo del Juez sometido a procedimiento disciplinario, lo siguiente: (folio 40, pieza N° 1)
“…le participo que he tomado debidamente nota de su contenido, y tratándose de una resolución judicial, no me es posible desacatarla.
Sin embargo, con todo respeto debo recordarle, que este Organismo Policial, como Órgano de Investigación Penal que es, tal como lo dispone el Decreto con Fuerza de Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sólo actúa por orden directa del representante del Ministerio Público, quien por mandato Constitucional es la representante por excelencia del poder punitivo del Estado, especialmente en lo que respecta al ejercicio de la acción penal para los delitos de acción pública con el auxilio de los funcionarios que determine la ley, tal como se consagra en los artículos 284 y 285 de nuestra Carta Magna y por dar cumplimiento a este mandato Constitucional, Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 108, consagra como atribuciones del Ministerio Público la dirección de la investigación y la actividad de los Órganos de Investigaciones Penales; así como la función de ordenar y supervisar la actuación de los mismos; razón por la cual, con todo respeto le sugiero, que sea al Representante del Ministerio Público, a quien igualmente se imponga de la referida orden”.

De igual manera, se evidenció que en el acta del 20 de junio de 2005, publicada en extenso el 27 del mismo mes y año, el Juez Gerardo Torrealba Peraza declaró con lugar el amparo interpuesto; la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el expediente fiscal Nº 46.590-05; y ordenó a la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, abstenerse de continuar con la investigación llevada a cabo en el referido expediente, tal como se evidencia de los folios 56 al 60 pieza N° 1 y 242 al 250 del pieza Nº 4, del expediente disciplinario.

En orden a lo anterior, resulta pertinente señalar que el artículo 285, numeral 3 del texto fundamental, atribuye al Ministerio Público la competencia de “Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”, atribuciones que han sido desarrolladas ampliamente por el legislador en los artículos 11, 24, 108, 114, 283, 284 y 309 del Código Orgánico Procesal Penal, así como los artículos 2, 4 y 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de las cuales pueden evidenciarse claramente autonomía e independencia del referido Órgano de los demás órganos del Poder Público, y en consecuencia, no puede ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus funciones por otra autoridad del Estado.

Ahora bien, de los hechos constatados esta Comisión observa que efectivamente el 13 de junio de 2005, el Juez sometido a procedimiento disciplinario, dictó una decisión, en la cual ordenó al Ministerio Público y a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), abstenerse de continuar con la investigación contenida en el expediente N° 46.590, violando la autonomía e independencia del encargado de ejercicio de la acción penal en nombre del Estado, Ministerio Público, en la dirección de la investigación de la causa señalada, pues la normativa referida establece que el Ministerio Público es el encargado de ordenar, realizar y supervisar la investigación penal, la cual es llevada por los órganos de investigaciones penales, científicas y criminalísticas quienes de conformidad con el artículo114 del referido Código están subordinados en ese sentido a la Vindicta Pública; y con la única consideración del referido juez Gerardo Torrealba de que una de las formas de manifestarse el derecho a la tutela judicial efectiva se concreta en la posibilidad cierta de que el justiciable pueda de manera inmediata lograr un pronunciamiento que paralice cualquier actuación supuestamente lesiva de sus derechos mientras el Tribunal estudia el caso que le es planteado, siendo importante resaltar que para acordar la medida cautelar solicitada, tampoco atendió al criterio vinculante establecido en sentencia del 24 de marzo de 2000, recaída en el caso Corporación L’Hotels, referido a que en el proceso de amparo no puede exigirse para el decreto de medidas cautelares el cumplimiento de requisitos idénticos a los del juicio civil, sosteniéndose en dicho fallo que “…el juez debe analizar muy bien los efectos que puede causar la medida que decrete, teniendo en cuenta la actuación de los afectados y el carácter reversible de lo que decrete, en el sentido de que si el accionante no tuviese razón, la medida no perjudica al accionado. Esto sin perjuicio de la responsabilidad proveniente del error judicial”.

De lo anterior, considera esta Comisión que el ciudadano Juez Gerardo Torrealba, con la actuación antes referida desplegó una conducta desproporcionada de las facultadas que como juez constitucional ostentaba, al coartar el ejercicio de la funcione que legal y constitucionalmente tiene asignada el Ministerio Público, al ordenarle en la cautela que se abstuviera de continuar la investigación -así como también lo ordenó al decidir con lugar el amparo-, con lo cual se evidencia la conducta abusiva, en uso de la potestad cautelar que tiene todo juez actuando en sede constitucional, al extralimitarse en el correcto uso de las facultades que le han sido conferidas, apartándose no sólo del criterio establecido en la sentencia antes indicada, actuando sin base legal alguna, sino que subvirtió el objeto del amparo como medio de restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales denunciadas como violadas (artículos 27 de la Constitución y 1 de la ley que rige la materia de amparo), al impedir a través de ese medio de protección especial el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que tiene el Ministerio Público como encargado del ejercicio de la acción penal, así como desconociendo la finalidad que tienen las medidas cautelares, incluso en procesos como el de amparo, que es garantizar las resultas de un juicio, y no como en el presente caso donde se utilizó la tutela cautelar (sin atender al perjuicio que ello pueda producir al accionado) al impedir u obstaculizar el ejercicio de las competencias de otro órgano del Poder Público, desplegando una conducta abusiva, extralimitándose al dictar una decisión, desconociendo los artículos 285 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 309 del Código Orgánico Procesal Penal y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Por lo anterior, considera esta Instancia Disciplinaria que el ciudadano Gerardo José Torrealba Peraza incurrió en abuso de autoridad al vulnerar la autonomía e independencia del Ministerio Público cuando el 13 de junio de 2005, ordenó abstenerse de continuar la investigación en el expediente 46.590, falta disciplinaria prevista en el numeral 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que da lugar a la sanción de destitución, tal como lo imputó la Inspectoría General de Tribunales, a lo cual se adhirió el Ministerio Público, y así se declara.

Por ultimo, el Órgano Instructor consideró que el referido ciudadano incurrió en negligencia en el ejercicio de sus funciones cuando omitió pronunciarse sobre si oía o no la apelación interpuesta por la Fiscal actuante en esa causa, contra la decisión del 27 de junio de 2005, siendo advertida tal situación por la Corte de Apelaciones, el 5 de agosto de ese año; con lo cual el referido Juez quebrantó normas de orden público, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que daba lugar a la sanción de amonestación, al respecto esta Comisión observa lo siguiente:

Que el 4 de julio de 2005, el referido Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes remitió a la Corte de Apelaciones de ese Circuito, el expediente N° 2-U-1-320-05, contentivo de la decisión del 27 de junio de 2005, mediante el cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional intentada por la ciudadana María Netty Acosta Valderrama, en virtud de la apelación ejercida por la Fiscal Auxiliar Tercer del Ministerio Público, en el cual señaló lo siguiente: (folio 306, pieza Nº 4)
“Visto el escrito contentivo del Recurso de Apelación en la presente causa…interpuesto por la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, Abogada Joalice Jiménez, se Acuerda remitir las presentes actuaciones a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes a los fines de que resuelva sobre la Apelación interpuesta. Se ordena efectuar por Secretaría el computo de los días transcurridos desde la fecha de la Sentencia Definitiva hasta la fecha de interposición del Recurso de Apelación ambos inclusive…”.

Asimismo, consta ofició de la misma fecha Nº 1061, dirigido a la referida Corte de Apelaciones, en el cual se señaló lo siguiente: (folio 308, pieza 4)

“Remito a Usted por medio del presente, Causa Original en deciento once (211) y Cuaderno Separado e, doce (12) folios útiles, correspondiente a la causa 2-U-1-320-05, contentiva de la Acción de Amparo Constitucional incoada ante este Despacho por la ciudadana María Netty Acosta Valderrama.
Remisión que se hace en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, ciudadana Joalice Jiménez…”.

En virtud de lo anterior, la referida Corte de Apelaciones, en decisión del 5 de agosto de 2005, como punto previo, estableció lo siguiente: (folios 150 al 176, pieza N 1)
“Antes de pasar a resolver la apelación interpuesta en el caso de especie la Sala considera útil precisar lo siguiente:
Consta en autos que la Abogada Joalice Jiménez, actuando en su condición de Fiscal Auxiliar Tercera del Ministerio Público, interpuso en fecha 30 de junio de 2005, recurso de apelación, contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes que declaro Con Lugar la acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana MARÍA NETTY ACOSTA VALDERRAMA; evidenciándose palmariamente que el a-quo inobservando la tramitación procedimental que debe dársele a este medio recursivo conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, obvió pronunciarse en especifico si oía o no el referido recurso, razón por la cual la sala estima necesario exhortar al mencionado Juez para que en futuras actuaciones se abstenga de incurrir en este tipo de omisiones”.

Así las cosas, esta Comisión observa que el Juez sometido a procedimiento disciplinaria no cumplió con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece que “Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto”, revelando una conducta negligente en el trámite de esa causa, a diferencia de lo alegado en su defensa, referido a que si bien no estableció que se oía la apelación sí había ordenado la remisión de expediente al Tribunal del alzada; argumento que en lugar de exculparlo, revela la negligencia que le ha sido imputada, pues en los casos en que se declara con lugar el amparo se debe remitir copia certificada de las actuaciones a la alzada y no la causa original, tal y como se desprende de la normativa antes indicada y como lo ha sostenido con carácter vinculante la Sala Constitucional en sentencia N° 488 del 6 abril de 2004, en la que se estableció lo siguiente:
“El principio es que todo fallo de fondo es apelable, y la apelación se oirá en ambos efectos, salvo disposición especial en contrario (artículo 290 del Código de Procedimiento Civil). Al oírse en ambos efectos se producen efectos devolutivos y suspensivos, y todo el expediente se envía en original al Tribunal de alzada (artículo 294 del Código de Procedimiento Civil).
Cuando la apelación se oye en un solo efecto, las partes indican las copias certificadas de las actas conducentes, o sea, de las necesarias, según ellas, para que el juez superior proceda a decidir la apelación, y el Tribunal, igualmente, señalará qué actas del expediente deben ser enviadas, a los mismos fines, en copia certificada al Superior. Este envío parcial del contenido de los autos, responde a la necesidad de que el Tribunal que dictó el fallo apelado, cuyo recurso se oye en un solo efecto, sea ejecutado; motivo por el cual no se puede enviar el expediente original, ni entrabar la celeridad procesal reproduciendo o enviando todo el expediente.
Pero el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil, contempla que si la cuestión apelada se tramita en cuaderno separado, se remite el cuaderno original, ya que con tal remisión no se suspendería el curso de la causa principal.
La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ordenó la consulta de fallos de fondo, cuya apelación se oye en un solo efecto, por lo que conforme a las normas citadas del Código de Procedimiento Civil, no se puede enviar al Superior el expediente original.
(…)
De allí que, con carácter vinculante a partir de la fecha de esta sentencia, tanto en las apelaciones como en las consultas, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los Tribunales de la Segunda Instancia deben recibir copia certificada de todo el expediente contentivo del fallo que será conocido en apelación o consulta, dictado por la primera instancia”.

De lo anterior, esta Instancia Disciplinaria considera que el ciudadano Gerardo José Torrealba Peraza al omitir pronunciarse si oía o no, -y en caso afirmativo en que forma- la apelación interpuesta por el Ministerio Público, incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que da lugar a la sanción de amonestación, y así se declara.

En relación al alegato de defensa referido a la autonomía e independencia en la cual se fundamentó para pronunciarse respecto al amparo que le fue interpuesto, según indicó en audiencia oral y pública, observa esta Comisión que tal como lo ha establecido en reiteradas oportunidades la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la independencia judicial consagrada en el texto constitucional, en sus artículos 26 y 254, y en la norma referida, tiene sus límites, ya que aun cuando los jueces gozan de ella frente a otros poderes, no significa que sean inmunes, pues tienen responsabilidad jurídica en su ejercicio -civil, penal, disciplinaria y administrativa-, y es por ello que en cuanto a la responsabilidad disciplinaria, están sometidos a la supervisión del órgano constitucionalmente creado a tal efecto, en este caso, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en el ejercicio de su función disciplinaria sobre los jueces, debiendo equilibrar la independencia como valor fundamental del Estado de Derecho, con el de la responsabilidad judicial exigida por el artículo 255 de la Carta Magna, siendo ello así la autonomía e independencia judicial no excluye la potestad de la administración para revisar la responsabilidad disciplinaria judicial, examen que puede implicar la revisión de aspectos jurisdiccionales, siempre limitando su alcance, a los fines de no invadir la esfera jurisdiccional (vid. sentencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nros. 1632 del 30 de septiembre de 2004, 169 del 14 de febrero de 2008 y 00400 del 25 de marzo de 2009), así como el hecho de que las decisiones judiciales tenga medios o recursos ordinarios de impugnación, no es óbice para el control disciplinario de sus actuaciones cuando éstas se encuentren vinculadas al catálogo de sanciones previstas en los cuerpos normativos en materia de disciplina judicial; de allí que tal argumento debe ser desestimado, así se declara.

Asimismo, en relación a la solicitud referida a que se aplicara lo establecido en la sentencia N° 280 del 23 de febrero de 2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que se trataba de un único error, además de su rendimiento y número de decisiones lo que se reflejaba de las pruebas consignadas; al respecto se observa que la mencionada jurisprudencia con carácter vinculante prevé el procedimiento ad hoc a aplicarse en los casos en que sea declarado al juez o jueza el grave error judicial inexcusable por alguna de las Salas del Máximo Tribunal o el desacato de las decisiones dictadas por éstas, de igual modo que “…Si un juez comete un error calificado de grave e inexcusable por una Sala, y se trata de una materia con criterios jurisprudenciales disímiles, tal situación debe ser ponderada por el órgano de jurisdicción disciplinaria, por lo que podría absolverlo. Igualmente, si el juez ha tenido una conducta intachable en cuanto a la aplicación de la Ley, y no tiene denuncias o sanciones por esa causa, el órgano disciplinario igualmente puede absolverlo, porque a pesar de la gravedad de la falta, podría ser un error único en una vida profesional correcta, por lo que le sería perdonable. El órgano disciplinario siempre tendría que sopesar las razones del error”. De lo anterior, se desprende que la ponderación a la que se hace referencia en la sentencia parcialmente transcrita no es aplicable al caso bajo examen ya que no se está en presencia de ninguno de los supuestos contenidos en ella, es decir, la declaración de error judicial inexcusable o desacato, por lo que no ha lugar a lo solicitado, y así se declara.

Finalmente, se deja constancia que de la revisión del expediente personal del ciudadano Gerardo José Torrealba Peraza, no se desprende que el referido ciudadano haya sido sancionado disciplinariamente con anterioridad.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

Primero: DESTITUYE al ciudadano Gerardo José Torrealba Peraza, titular de la cédula de identidad N° 4.101.045, del cargo de Juez de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, y de cualquier otro cargo que ocupe dentro del Poder Judicial, por haber incurrido en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 11 y 16 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, durante su desempeño como Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal.

Segundo: AMONESTA al referido ciudadano por haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del articulo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

Contra la presente decisión podrá ejercerse recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su publicación, o recurso contencioso de anulación ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su publicación.

Publíquese en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Remítase copia certificada de presente decisión a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y a la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Infórmese a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes y a la Dirección Administrativa Regional del estado.

Dada, firmada y sellada en la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

Las Comisionadas,

ALICIA GARCÍA DE NICHOLLS
Presidenta

BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ
Ponente

FLOR VIOLETA MONTELL ARAB


EURIDYS LISETH HERNÁNDEZ URRIBARRÍ
Secretaria


Exp.- N° 1802-2009
AHGdeN/BUdeF/FVMA/elhu