COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

Expediente: A-053-2010
Comisionada: Dra. Alicia García de Nicholls

En fecha 11 de noviembre de 2010, se recibió en esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, oficio N° 3895-10, del 27 de octubre del mismo año, emanado de la Inspectoría General de Tribunales, anexo al cual remitió expediente disciplinario N° 070632 -nomenclatura de ese Órgano-, conjuntamente con el escrito contentivo de la apelación interpuesta en fecha 27 de octubre de 2010, por el ciudadano Álvaro Ramón Gallardo Pérez, titular de la cédula de identidad N° V.- 5.505.005, en su condición de denunciante, contra el auto dictado por el Órgano Instructor en fecha 26 de marzo de 2010, mediante el cual declaró terminada la averiguación y, en consecuencia el archivo de las actuaciones contentivas de la investigación realizada al ciudadano Reinaldo de Jesús Azuaje, titular de la cédula de identidad N° V.- 8.719.523, en su condición de Juez del Juzgado Superior Séptimo Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, al considerar que no había realizado ninguna actuación que pudiera subsumirse en alguna de las faltas disciplinarias previstas en la Ley de Carrera Judicial ni en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

En esa misma fecha -1 de noviembre de 2010-, se dio entrada al expediente, asignándosele el N° A-053-2010, y se dio cuenta a la Comisionada Presidenta Doctora Alicia García de Nicholls, a quien corresponde conocer, sustanciar y decidir el recurso interpuesto.

ANTECEDENTES

En fecha 10 de enero de 2007, la Inspectoría General de Tribunales recibió escrito de denuncia, interpuesto por el ciudadano Álvaro Ramón Gallardo Pérez, contra el ciudadano Reinaldo de Jesús Azuaje; motivo por el cual el 19 de febrero de 2008, inició la investigación correspondiente, y una vez concluida, dictó auto en fecha 26 de marzo de 2010, en el que ordenó el cierre de esa averiguación y, en consecuencia el archivo de las actuaciones que la contenían, al considerar que el Juez investigado no había realizado actuación alguna que pudiera subsumirse en las faltas disciplinarias contenidas en la Ley de Carrera Judicial ni en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; y en virtud de lo decidido ordenó emitir las notificaciones respectivas, siendo que al hacerse efectiva la correspondiente al denunciante, éste procedió a interponer recurso de apelación que en esta oportunidad corresponde resolver.

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACION

El apelante inició su escrito señalando que se había tergiversado y manipulado tanto los hechos como el derecho. Que la legislación y en especial el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, así como las normas complementarias, prevén que los/as jueces/zas deben ser personas conocedoras del derecho, decentes, honradas y “pulcras”, desde el punto de vista de la moral; no obstante, el ciudadano Reinaldo de Jesús Azuaje era cuestionado pública y privadamente, ya que ante la Fiscalía del Ministerio Público de ese estado se encontraba abierta una investigación penal en su contra -TP01-P-2005-002764-, a su juicio, por haber manipulado presuntamente al ciudadano Ernesto Marchiani, a retirar la denuncia que formuló contra el mencionado Juez, y a cambio de ello le sería regresado la titularidad de unas tierras que habían sido afectadas.

Consideró como grave el hecho de que el Instructor tergiversara y justificara el nombramiento que el Tribunal Superior Agrario efectuó del ciudadano Oscar Enrique Figueroa, como secretario accidental para la práctica de la inspección judicial N° 0594, en el Central Azucarero Motatán, siendo que éste se desempeñaba como obrero en el Poder Judicial, razón por la cual estimó hubo falta de motivación por parte de la Inspectoría General de Tribunales en el acto conclusivo dictado el 26 de marzo de 2010, por lo que solicitó fuese revocada esa decisión.

DEL ACTO CONCLUSIVO DICTADO POR LA INSPECTORIA

En el contenido del acto recurrido, se observa que la Inspectoría General de Tribunales transcribió un extracto de la denuncia que originó el presente procedimiento, y refirió las actuaciones constadas que dio lugar a que arribara a la siguiente decisión:

“…Analizadas las actuaciones que conforman el presente expediente administrativo, respecto a los hechos denunciados, se observó que el denunciante fundamentó su escrito atendiendo a dos (02) hechos particulares que son: 1) Por una parte, la solicitud de sobreseimiento decretada, una a favor del hoy denunciado y la otra declarada sin lugar; 2) y por otra parte, la homologación por parte del Juez denunciado, de una transacción extrajudicial realizada por la Procuraduría Agraria del Estado Trujillo durante su gestión en el cargo de Procurador Agrario, y en cuanto a lo señalado en la denuncia, se constató lo siguiente:
Tocante al primer hecho denunciado, referido a las solicitudes de sobreseimiento presentadas por el Ministerio Público cabe destacar que ciertamente hubo una solicitud de sobreseimiento declarada con lugar, sin embargo, posteriormente contra dicha decisión fue ejercido recurso de apelación, que ulteriormente resultó declarado con lugar y ordenó una nueva celebración de audiencia para decidir al respecto, lo cual se cumplió en fecha 06 de mayo de 2008, con lo cual quedó resuelto el asunto.
En cuanto a la homologación practicada por el Juez REINALDO DE JESÚS AZUAJE, en fecha 31 de enero de 2006, se constató que el mismo no actuó como parte en la referida transacción, sino que por contrario (sic) lo hizo en el ejercicio de sus funciones como Procurador Agrario del Estado Trujillo, lo cual no configura ilícito disciplinario alguno, toda vez que el Código de Procedimiento Civil señala en el numeral 15 de su artículo 82 en el cual establece la obligatoriedad del Juez de inhibirse cuando ha expresado opinión de fondo sobre un asunto del que conoce antes de alguno adelantado por parte del Juez denunciado durante el proceso judicial, ya que lo que se produjo fue la homologación de un (sic) transacción extrajudicial en la que el hoy denunciado no participó como parte, sino en el ejercicio de sus funciones como Procurador Agrario. Dichas actuaciones no configuran ilícito disciplinario alguno, en razón de lo cual se desecha el hecho denunciado.
En relación a las denuncias referidas a la práctica de la medida de inspección judicial al Central Azucarero Motatán, que señalan la supuesta ausencia de algunas de las partes, entre las cuales se menciona a los ciudadanos Wolten Eddy Rivero González y Rafael Maldonado, con lo cual supuestamente faltaban algunas firmas en las actas, así como aquellas denuncias que refieren reuniones en privado entre el Juez y una de las partes hasta altas horas de la noche, fueron contradichas por el Juez REINALDO DE JESÚS AZUAJE, sin que los argumentos del denunciante versen sobre hechos demostrables en el expediente administrativo. La comisión (sic) de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, fijó criterio en un caso análogo mediante máxima N° 338 de fecha 23 de julio de 2002 (…)
Respecto a las afirmaciones del ciudadano Álvaro Gallardo Pérez, en cuanto a que el Juez REINALDO DE JESÚS AZUAJE, a cargo del Juzgado Superior Séptimo Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, desconoció y relajó el manual o el perfil de cargos de funcionarios públicos, al designar al ciudadano Oscar Enrique Figueroa como Secretario accidental para la práctica de la inspección judicial, es necesario resaltar lo dicho por el Juez en su escrito d (sic) descargos en cuanto a que la designación del mencionado ciudadano se realizó por razones de necesidad debido a que el personal de asistencia así como la Secretaria titular, se encontraban algunos indispuestos de salud y otros ausentes por razones de estudio, lo cual generó la designación del ciudadano en cuestión a los fines de dar cumplimiento a la actividad previamente fijada, con la sola intención de cumplir con el principio procesal de celeridad. Esta actuación del Juez denunciado no genera sanción disciplinaria, toda vez que el Juez REINALDO DE JESÚS, no tiene potestad de decidir respecto a este particular. Aunado a esto, no puede esta instancia disciplinaria entrar a decidir si la actuación del Juez investigado estuvo o no ajustada a derecho, pues de hacerlo se estaría invalidando la autonomía e independencia que él tiene para tomar decisiones, y en consecuencia entraría en contradicción con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.
En cuanto a la denuncia comprendida por la supuesta usurpación de funciones por parte del Juez investigado a la Procuraduría y a la Corporación Venezolana Agraria, esta instancia disciplinaria observa, que se trata de una denuncia genérica ya que no especifica en que (sic) consistió tal usurpación de funciones, y en consecuencia, debe desecharse tal argumento y así se declara.
Finalmente, esta Inspectoría General de Tribunales considera, que los alegatos expuestos por el ciudadano Álvaro Gallardo Pérez, en el escrito de denuncia antes referido, escapan de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, referido a la autonomía e independencia de los Jueces en la interpretación de la Ley y el derecho, en el cual se establece que en ningún caso podrán ser sancionados disciplinariamente por sus decisiones, o por los fundamentos de ellas, ya que son dictadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional que les otorga la Ley y sólo serán materia de recursos procesales, con excepción del caso de error inexcusable previsto en el ordinal 13° del artículo 38 de dicha Ley, no encontrándose en el presente caso este último supuesto. De manera que esta Inspectoría General de Tribunales se abstiene de revisar y/o emitir pronunciamiento sobre los autos o las sentencias del Juez REINALDO D (sic) JESÚS AZUAJE, pues de hacerlo implicaría una intromisión en el ámbito de lo jurisdiccional…”.

Con fundamento en esos hechos el Instructor consideró que el Juez no había incurrido en ilícito disciplinario alguno, por lo que declaró terminada la averiguación, y en consecuencia el archivo del expediente.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto, se procedió a realizar un resumen de lo expuesto por el recurrente, con la finalidad de comprender el sentido de la pretensión que hace valer a través del recurso, y de los fundamentos de fundamentos de hecho y de derecho expuestos por la Inspectoría General de Tribunales y sobre los cuales decidió cerrar la averiguación, mediante decisión de fecha 26 de marzo de 2010; analizando cada uno de los argumentos del recurrente para fundamentar su impugnación se observa:

En cuanto al primer aspecto recurrido, refiere que el Juez Reinaldo de Jesús Azuaje, manipuló al ciudadano Ernesto Marchiani, a retirar la denuncia que formuló en su contra, tramitada en el expediente N° TP01-P-2005-002764, y a cambio de ello le haría entrega de la titularidad de unas tierras; esta Comisión precisa señalar que tal argumento no fue aducido por el impugnante en la oportunidad de presentar su escrito de denuncia, por lo que no fue objeto de investigación, ni pronunciamiento en el acto conclusivo cuya revocatoria solicita; por lo tanto no corresponde a esta Comisión conocerlos en esta oportunidad de decidir la apelación, al no hacerse referencia a los mismos en el acto recurrido, a lo cual cabe agregar, que en autos no hay elementos recabados al respecto por el Órgano Instructor; por lo que sobre ese planteamiento no se puede emitir pronunciamiento alguno Así se decide.

Respecto a la segunda denuncia referida a que el Órgano Instructor tergiversó y justificó la actuación del Juez, a pesar de estar demostrado que designó al ciudadano Oscar Enrique Figueroa, como secretario accidental, para la práctica de la inspección judicial sustanciada en el expediente N° 0594, siendo que el mismo se desempeñaba como obrero en el Poder Judicial.

Al respecto observa esta Instancia que el 18 de septiembre de 2006, los ciudadanos Gustavo Álvarez, Hever David Parejo Zúñiga y otros, en representación de la República Bolivariana de Venezuela, y el abogado Rafael Maldonado, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Valores Roa C.A, solicitaron al Juzgado Superior Agrario, a cargo del Juez Reinaldo de Jesús Azuaje, practicara inspección judicial extra litem, en el sitio denominado Central Azucarero Motatán, ubicado en el estado Trujillo; en esa misma fecha se dictaron varios autos mediante los cuales se dio por recibida la solicitud, y se declaró procedente la inspección, acordando el traslado y constitución del Tribunal en el sitio indicado.

Al día siguiente -19 de septiembre de 2006- el Juzgado Superior Séptimo Agrario se constituyó en el Central Azucarero a los fines de practicar la inspección, la cual continuó durante los días 20, 22, 26, 27, 28 de septiembre, 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 26, 31 de octubre, así como el 1, 2 y 3 de noviembre de 2006; acto en el que el ciudadano Oscar Enrique Figueroa, se desempeñó como secretario accidental sólo el día 26 de octubre, puesto que los otros días actuaron como secretaria las ciudadanas Gina Ortega, Carolina Valecillos y María Edilia Pérez, evidenciándose que a partir del mes de octubre de 2006, en las actas elaboradas con ocasión a esos actos el mencionado ciudadano firmaba como “Asistente Contratado”. (Folios 2 al 245 de la pieza 2; 2 al 41 de la pieza 3 del expediente disciplinario).

Igualmente dan cuenta las actas que conforman el presente expediente que se evidenció del libro denominado “NÓMINA DE OBREROS EN PUESTO NO PERMANENTES” que el ciudadano Oscar Enrique Figueroa, se desempeñó como personal de apoyo al Juzgado Superior Séptimo Agrario, en los meses de julio, agosto, octubre y noviembre de 2006. (Folios 210 al 222 de la pieza 3 del expediente disciplinario).

Al haber constatado esas circunstancias, vale decir que ciertamente durante el desarrollo de una inspección que se realizó durante varios días, a partir del 19 de septiembre de 2006, el ciudadano Juez, el día 26 de octubre, fecha para la cual aún se mantenía la práctica de la misma, designó como secretario accidental al ciudadano Oscar Enrique Figueroa, quien si bien cumplía funciones en ese despacho judicial, en el desempeño del cargo de asistente contratado, aparecía incluido desde el punto de vista presupuestario en la nómina de obreros en puesto de trabajo no permanente, tal como estaba registrado en el libro con esa denominación.

Ante lo constatado se precisa señalar dos aspectos, a los fines de determinar si constituyen una irregularidad susceptible de ser disciplinariamente reprochada: el primero, el hecho de estar presupuestaria y administrativamente incluida la persona designada como secretario accidental sólo a los efectos de asistirle en ese acto en la citada fecha, en la referida nómina y sólo a esos efectos; y el segundo, no ser de profesión abogado este ciudadano.

Ciertamente a partir del año 1999, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, se estableció legalmente la exigencia de que el secretario o secretaria de un Circuito Judicial debe ser de profesión abogado, y así se continuó con los demás Circuitos creados con posterioridad al penal, y en cuanto a los Tribunales Unipersonales, según la resolución N° 308 del 14 de marzo de 1990, se estableció como requisito indispensable, el que el/la secretario/a de un Tribunal de Primera Instancia o Superior, debe ser abogado/a, egresado/a de universidades venezolanas; sin embargo, dicha resolución fue revocada con posterioridad por el extinto Consejo de la Judicatura según resolución N° 50 de fecha 17 de noviembre de 1994. Quedando en consecuencia esta exigencia de manera expresa como lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo para quienes desempeñen estas funciones en los despachos judiciales que conforman los Circuitos, mas no así en un Tribunal Unipersonal, que sin duda alguna han ido adoptando el criterio de que la selección y el reclutamiento de este tipo de funcionarios deben ser de profesión abogado.

Pero pudiese ser que en una particular situación como la ocurrida en el presente caso, donde tratándose de un Tribunal Unipersonal el cual sólo cuenta con un/a secretario/a precisara en un momento determinado a falta de aquel designar por vía de accidentalía a otro funcionario de ese despacho para cumplir con un acto procesal determinado, dado la necesidad de realizarlo. Fue así como ocurrió, pues la inspección solicitada y acordada en su oportunidad, se inició el 19 de septiembre del año 2006, tal como ha quedado expuesto al ser verificado en autos, y se extendió durante los días 20, 22, 26, 27 y 28 de se mes, así como el 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 25, 26, y 31 de octubre de ese año, y los días 1, 2 y 3 de noviembre del 2006; esta relación pone en evidencia una solución de continuidad del acto que se practicaba, lo que permite inferir la necesidad de no paralizarlo por falta de secretario de ese despacho, y porque además ya habían participado con tal carácter las ciudadanas Gina Ortega, Carolina Valecillos y María Edilia Pérez, y no todas esas ciudadanas de ese Tribunal, sino que formaban parte del personal que allí laboraban, entre quienes estaba el ciudadano Oscar Enrique Figueroa, con el carácter de asistente contratado, aun cuando el pago por la contraprestación de sus servicios estuviera incluida en la nómina a la cual se hizo referencia; pero cumpliendo la función laboral de asistente.

En consecuencia, considera quien decide que la actuación que fue calificada como irregular por el denunciante, ahora recurrente no es susceptible de subsumirla en un tipo disciplinario de los previstos en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la Ley de Carrera Judicial, vigente para la época de ocurrir el hecho denunciado y siendo así resulta forzoso declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia, confirma la decisión recurrida, y así se decide.

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos tanto de hecho como de derecho precedentemente expuestos, esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Álvaro Ramón Gallardo Pérez, titular de la cédula de identidad N° V.- 5.505.005, contra el acto dictado por el Órgano Instructor en fecha 26 de marzo de 2010, mediante el cual ordenó el archivo de las actuaciones contentivas en la investigación efectuada contra el ciudadano Reinaldo de Jesús Azuaje, en su condición de Juez del Juzgado Superior Séptimo Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, al considerar que no había realizado ninguna actuación que pudiera subsumirse en alguna de las faltas disciplinarias previstas en la Ley de Carrera Judicial ni en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura; en consecuencia se confirma la misma, ordenándose su archivo definitivo.

Notifíquese de la presente decisión al apelante el ciudadano Álvaro Ramón Gallardo Pérez, titular de la cédula de identidad N° V.- 5.505.005, a la Inspectoría General de Tribunales, al Ministerio Público, y al referido Juez, informándoseles que contra la presente decisión podrán interponer recurso contencioso administrativo de nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su notificación. Líbrese los oficios correspondientes.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada. En caracas, a los nueve (09) días del mes de diciembre de dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Comisionada,

Dra. ALICIA GARCÍA DE NICHOLLS
Presidenta


Manuel Antonio Bognanno Palmares
Secretario

Exp. A-053-2010.
AGdN/mabp/ravp.