COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y
REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL

COMISIONADA PONENTE: DRA. ALICIA GARCÍA DE NICHOLLS
EXPEDIENTE N° 1823-2009

SOMETIDA A PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO: Yacquelinne Silva Fernández, con ocasión a su desempeño como Jueza Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

IMPUTACIÓN FORMULADA POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES: Haber incurrido en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, e igualmente en la establecida en el numeral 11 del artículo 37 eiusdem

SANCIONES SOLICITADAS: Suspensión y Amonestación.

DECISIÓN: Amonestación.

TRÁMITE PROCEDIMENTAL CUMPLIDO:

El 8 de octubre de 2009, se recibió en esta Comisión oficio N° 3512-09 del 1 de octubre de ese mismo año, proveniente de la Inspectoría General de Tribunales, mediante el cual remitió expediente disciplinario N° 070192, contentivo del correspondiente acto conclusivo en el que imputó a la ciudadana Yacquelinne Silva Fernández, titular de la cédula de identidad número V. 7.669.449, las faltas disciplinarias previstas en los numerales 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, e igualmente la establecida en el numeral 11 del artículo 37 eiusdem. Recibidas las actuaciones le fue asignado el N° 1823-2009, y previa distribución, correspondió la ponencia a la Dra. Alicia García de Nicholls, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

En fecha 13 de octubre de 2009, se admitió el escrito presentado por la Inspectoría General de Tribunales, y se fijó la celebración de la audiencia oral y pública para el día martes diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010), a las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m); ordenándose librar las notificaciones correspondientes.

El 18 de diciembre de 2009, la Fiscal Sexagésima Cuarta del Ministerio Público a nivel nacional con competencia en materia Disciplinaria Judicial, se adhirió a las imputaciones formuladas contra la referida ciudadana por la Inspectoría General de Tribunales. Luego, por auto de fecha 19 de enero de 2010, esta Instancia se pronunció respecto de las pruebas promovidas por el Órgano Instructor para demostrar los ilícitos disciplinarios en que presuntamente incurrió la Jueza sometida a procedimiento; y las promovidas por ésta para desvirtuar las faltas que le fueron atribuidas.

El 19 de enero de 2010, oportunidad en la cual tuvo lugar el acto fijado, las partes expusieron sus alegatos, dictándose ese día el pronunciamiento correspondiente, tal como está asentado en el acta de esa audiencia. Siendo la oportunidad para publicar el texto íntegro del fallo dictado en el cual se ampliaran los fundamentos que sirvieron de base para declarar comprobado los ilícitos imputados y la imposición de la sanción, se hace bajo las siguientes consideraciones:

I
DEL ACTO CONCLUSIVO

La Inspectoría General de Tribunales inició su escrito señalando que el presente procedimiento se inició el 10 de julio de 2007, en virtud de la denuncia formulada por el ciudadano Elías Jesús García Lugo, quien era apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversora Mize Lameda, C.A parte demandada en la causa judicial N° VP01-R-2006-001194; lo que sirvió de fundamento para que se iniciara la investigación correspondiente; y concluida la misma, le imputó las faltas disciplinarias previstas en el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, e igualmente la establecida en el numeral 11 del artículo 37 eiusdem.

La primera de esas imputaciones la fundamentó en la circunstancia de que la ciudadana sometida a procedimiento disciplinario en tres (3) oportunidades difirió dictar el dispositivo oral que debía proferir al finalizar la audiencia establecida en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, siendo la primera de ellas, en la audiencia oral y pública de apelación celebrada el día 16 de noviembre de 2006, luego en virtud de la complejidad del caso para el quinto (5º) día hábil siguiente, es decir, para el 23 de noviembre de 2006, momento en el que procedió a diferir por segunda vez dicho dispositivo por quebrantos de salud, y una tercera, en fecha 30 de noviembre de 2006, motivado a funciones inherentes al cargo de Coordinadora Laboral del Circuito Judicial del Estado Zulia.

De igual modo procedió a diferir la publicación motivada del fallo en dos (2) oportunidades, vale decir, en acta de dispositivo de fecha 4 de diciembre de 2006, y en auto de fecha 14 de diciembre de 2006, por encontrarse asistiendo a reunión de Coordinadores en el Estado Vargas. En definitiva eI dispositivo de la audiencia oral que se celebró el día 16 de noviembre de 2006, fue dictado el 4 de diciembre de 2006, es decir, después de haber transcurrido once (11) días de despacho y nueve (9) días de audiencias.

Luego de expresar lo anterior alegó que en el presente caso estaba plenamente demostrado que en el expediente judicial VP01-R-2006-001194 se produjeron diferimientos en base a actividades de índole administrativo que debía desempeñar la Jueza Yacquelinne Silva Fernández como Coordinadora Laboral del Estado Zulia y no por razones de caso fortuito o fuerza mayor, que causaron injustificadamente dilaciones en la causa, lo cual se evidenciaba en los autos de fecha 2 de noviembre de 2006, fecha en la cual debía Ilevarse a cabo la audiencia oral de apelación, así como en los autos de diferimientos de fechas 30 de noviembre de 2006 y 14 de diciembre de 2006. La anterior conducta asumida por la Jueza Yacquelinne Silva Fernández, en opinión del Instructor, se subsumía en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, que establece como supuesto legal de hecho cuando los jueces infrinjan las prohibiciones o deberes que le establecen las leyes

No obstante, antes de proceder a formular las imputaciones por los hechos señalados, indicó que estaba en la obligación solicitar la aplicación de las sanciones con la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada (principio de proporcionalidad), para determinar si se justifica aplicar la sanción de destitución. En tal sentido observó, que el incumplimiento de plazos en dictar sentencia es una falta disciplinaria, que según la Legislación especial aplicable puede fundamentar una sanción de suspensión, lo cual afirmó sustentada en el contenido del numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Judicatura. Que en contraste con esta norma, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone en el parágrafo único del artículo 165 que tal infracción es causal de destitución, lo cual podría explicarse por la oralidad y por la celeridad del proceso laboral; pero a la luz del principio de proporcionalidad, debían analizarse los hechos del caso para establecer si la sanción de destitución era justificada.

Argumentó, que vista la duplicidad de normas aplicable al caso en estudio, de conformidad con el principio in dubio pro reo, aplicable en virtud de la similitud que guarda el procedimiento disciplinario con el penal, debía imponerse la que resultase más favorable es decir, la menos gravosa, por ello que consideró que los diferimientos acordados por la Jueza sometida a procedimiento, no justificaban la extrema sanción de destitución prevista en la Ley Orgánica Procesal, pues se estaría colocando al Juez laboral en una situación desfavorable respecto a los jueces de otras materias, a los que se Ie impondría una sanción de menor entidad, como sería la suspensión, cuando se observa que se trata de una sola causa y no de una actuación reiterada. En consecuencia, estimó que la conducta cometida por la Jueza Yacquelinne Silva Fernández, debía subsumirse en el supuesto legal de hecho previsto en el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que establecen la sanción de Suspensión.

La segunda falta la sustentó al considerar comprobado que la ciudadana sometida a procedimiento aún habiendo suspendido el día 23 de noviembre de 2006, por quebrantos de salud, las audiencia que debía celebrar en la referida causa, así como las previstas para el día 30 de noviembre de 2006, por encontrarse cumpliendo compromisos en su carácter de Coordinadora Laboral, el abogado Mayor, asistente de la Jueza procedió a publicar con posterioridad a la culminación de las horas de despacho, decisiones en el sistema automatizado Juris 2000, lo cual hizo con la clave personal de ésta, lo que revela que ella se la transfirió. Que tal situación quedó reflejada los días 16 de noviembre de 2006, donde se registraron treinta y cinco (35) causas y el 23 de noviembre de 2006, donde se registraron siete (07) causas.

Indicó que sobre este particular la Jueza Yaquelinne Silva Fernández, alegó en su defensa haber transferido la clave a una abogada mayor y que las decisiones se encontraban en opción borrador, lo cual no probó en el curso de la investigación, argumentos estos que lejos de justificarla, ponían en tela de juicio la transparencia que debe regir sus actuaciones como Jueza y atenta contra uno de los fines del modele organizacional del Sistema de Gestión, Decisión y Documentación Juris 2000, cual es generar confianza en los usuarios a través de un sistema seguro y confiable. Al respecto, citó el criterio sostenido por esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en sentencia de fecha 28 de febrero de 2008, en el expediente N° 1640-2007, en el que se señaó: "Por último, no debe pasar inadvertido para este Órgano Disciplinario el hecho reconocido por la jueza, de hacerle conocer a la Secretaria de Sala su clave personal de acceso al Sistema de Gestión y Documentación Juris 2000, la cual tiene el carácter de in transferible, situación que igualmente resulta censurable en virtud de que la asignación personalizada de dicha clave persigue delimitar la responsabilidad de todas y cada una de las actuaciones realizadas dentro del sistema y asociarlas con cada funcionario que la ejecuta y de esta manera establecer las responsabilidades individuales dentro de un todo; además que constituye la garantía para los administrados acerca de la veracidad de la actividad procesal cumplida, lo cual en definitiva se traduce en el cumplimiento de los roles establecidos en el proceso de administrar justicia, fundamentalmente la del juez (a), lo que definitivamente se constituye en la construcción de la confianza legítima del Órgano Jurisdiccional en el ciudadano. De permitirse esa situación, se estaría, sin duda alguna, en la dirección exacta de atentar contra la credibilidad de la sociedad, porque parte de esa tecnología tiene por objeto erradicar las censurables costumbres judiciales de defraudar la fe de la ciudadanía".

Por las razones que anteceden, la Inspectoría General de Tribunales consideró que la Jueza Yacquelinne Silva Fernández, al otorgar a su abogado mayor su clave personal de acceso al sistema IURIS-2000, a fin de que publicase sentencias los días 23 y 30 de noviembre del 2006, fuera de las horas de despacho, incurrió en una conducta inapropiada, falta disciplinaria que da lugar a aplicar la sanción de amonestación, conforme está contemplado en el artículo 37 numeral 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

II
ALEGATOS DE LA JUEZA SOMETIDA A PROCEDIMIENTO

Inició su escrito señalando que, tal y como lo había indicado la Inspectoría General de Tribunales en el acto conclusivo que presentó ante esta Comisión, no existían registros en ese Órgano de imputaciones formuladas en su contra con anterioridad al presente procedimiento, razón por la cual solicitó fuesen sopesados los motivos que dieron origen a este procedimiento, al considerar que era una evidente violación del debido proceso y del derecho a la defensa.

Expresó, que todos y cada uno de los diferimientos que efectuó, dentro de los cuales estaban los señalados por la Inspectoría, se encontraban debidamente justificados tanto en los hechos como en el derecho, y que además estaban justificadas las publicaciones cargadas en el Sistema Juris 2000 por parte de la “abogado mayor” Deyanira Grant Albornoz.

Respecto a la imputación referida a haber inobservado el plazo establecido para dictar sentencia en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señaló que constaba en el acta levantada por la Inspectora de Tribunales comisionada para la investigación Carmen Hortensia Zambrano Muñoz, que en fecha 2 de noviembre de 2006, fue diferida la audiencia correspondiente a la causa judicial Nº VP01-R-2006-001194, por cuanto debía asistir a la Reunión de Coordinadores Laborales que se llevaría a cabo ese día en el estado Guárico, según se evidenciaba de la invitación que le realizara la Coordinación Nacional Laboral, convocatoria que tenía carácter obligatorio y tenía como objeto que esos funcionarios (Coordinadores Laborales) presentaran las estadísticas correspondientes, informasen sobre los lineamientos de las Coordinaciones, del trabajo de acciones sociales a favor de las comunidades, las actividades académicas emprendidas por la coordinación, y la planificación de éstas; reunión que debía llevarse a cabo el 3 de noviembre de 2006, a primera hora de la mañana, narrando a tales efectos las diligencias que tuvo que efectuar para trasladarse desde la ciudad de Cabimas, donde estaba su domicilio a San Juan de los Morros.

Indicó que los alegatos expuestos y las pruebas promovidas justificaban que el diferimiento efectuado en fecha 2 de noviembre de 2006, se realizó no sólo en el expediente analizado sino también en otros asuntos judiciales, tal como se observaba del Libro Diario llevado por el Tribunal, en el cual se expresaron las razones del diferimiento, no así en el Libro de la Coordinación Laboral en donde se asientan sólo aspectos administrativos. Que en atención a lo previsto en la parte final del tercer aparte del artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dictó un auto expreso, en respeto a la confianza legítima de las partes, generándose con ello la documentación y publicidad necesaria para evitar la pendencia del juicio sin fecha cierta y clara, ajustándose el procedimiento al principio de la notificación única, es decir que solo debe existir la notificación para la audiencia preliminar conforme a lo establecido en el artículo 7 eiusdem.

Alegó que la justificación del diferimiento efectuado el 2 de noviembre de 2006, en la causa judicial Nº VP01-R-2006-001194, aún cuando había sido considerada por la Inspectoría como actividades de índole administrativa, lo cual era cierto, no lo era menos que ello era un hecho excepcional sin que pueda considerarse una circunstancia irregular en perjuicio de los principios contenidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que son actividades que debían cumplirse en razón del cargo de Coordinadora del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del estado Zulia, conforme lo establecido en el numeral 5 de la Resolución Nº 70 de fecha 27 de agosto de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de Magistratura.

Argumentó, que ha ocupado el cargo de Coordinadora del Trabajo en las ciudades de Cabimas y Maracaibo, esforzándose para que la gestión judicial fuese de calidad, ello en cumplimiento de las exigencias de la Coordinación Nacional del Trabajo, entre las cuales estaba el cumplimiento a las convocatorias de reuniones pautada todos los meses. Negó haber desacatado lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al considerar que siempre ha actuado de manera responsable, cuidadosa, laboriosa y transparente; asimismo, señaló que en el acta levantada el 16 de noviembre de 2006, con ocasión a la celebración de la audiencia oral, se dejó constancia de la complejidad del asunto debatido, por lo que una vez revisado el contenido del debate planteado se acordó el diferimiento previsto en el texto legal, ello para un mejor estudio del asunto a fin de dictar un dispositivo ajustado a derecho; sin embargo había que considerar que ese día debía realizar trece (13) publicaciones de fallos completos y cuatro (4) audiencias, además de las innumerables actividades administrativas que eran su deber cumplir, no obstante, la confianza legitima de las partes jamás fue trastocada en detrimento de ninguna.

Indicó, que a los Jueces de primera y segunda instancia les resulta muy útil la citada norma porque permite en el tiempo establecido estudiar y examinar el debate, así como los soportes escritos y audiovisuales para lograr tomar una decisión clara, precisa y determinada; que acogerse al lapso de los cinco (5) días, no constituyó un capricho puesto que existían circunstancias donde necesariamente el Juez/a debe reflexionar, cotejar, examinar y analizar los puntos sometidos a su consideración, por lo que estimó había actuado conforme a la Ley Adjetiva, en consecuencia, el diferimiento había sido perfectamente permisible.

Que, el 23 de noviembre de 2006, dictó un auto motivado en el que acordó el diferimiento por encontrarse con quebrantos de salud en horas de la tarde, aproximadamente a las 3:00 pm, quizás originado por la agenda de trabajo tanto administrativa como jurisdiccional, pues en ese día efectuó la revisión y corrección de siete (7) sentencias y cuatro (4) audiencias en horas de la mañana y parte de la tarde, no obstante, a pesar del padecimiento del malestar causado permaneció en su lugar de trabajo organizando la carga de las decisiones revisadas y tomando las previsiones correspondientes, ya que el mismo día publicó dicho auto en el que se expresó la fecha y hora en que se emitiría la decisión (5º día hábil siguiente a las 2: 30 p. m.), de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Alegó, en interpretación de la norma citada que, en cualquier caso se debe señalar la fecha para sentenciar a través de un auto expreso evitando que la causa quede sin fecha determinada, real y cierta, lo cual tendría como efecto inmediato que la sentencia se efectuaría en una fecha no conocida por la partes y con el deber de garantizar su derecho a la defensa se tendría que realizar formal notificación; sin embargo, en el expediente judicial que dio lugar al presenten procedimiento se realizaron las previsiones correspondientes y se prescindió de la notificación de las partes porque las mismas se encontraban a derecho.

Señaló, que los quebrantos de salud representaban una eventualidad imprevista que podía surgir en los seres humanos y durar años, meses, días u horas, lo cual en su caso fue excepcional y por demás justificable para que la continuación de la audiencia de apelación fuese diferida, toda vez que padecía de hipertensión arterial, hiperinsulidismo y jaqueca migrañosa, tal como se verificaba del informe médico emanado del Servicio Médico DAR-COI de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura; no obstante, por razones de discreción y respeto a su condición humana no colocó en el auto levantado el día 23 de noviembre de 2006 los síntomas padecidos, pero sí señaló que presentaba quebrantos de salud, y para atender la audiencia era necesario el análisis de la decisión, la atención al público, levantar el acta correspondiente y llevar a cabo la lectura del dispositivo.

En cuanto al diferimiento efectuado el 30 de noviembre de 2006, en el cual se alegó el cumplimiento de funciones inherentes al cargo de Coordinadora Laboral, señaló que esa actuación estaba debidamente justificada porque debía realizar una serie de actividades internas con antelación, ya que para la fecha próxima, es decir, el 8 de diciembre de 2006, se celebraba la reinauguración de los Tribunales laborales del estado Zulia, tal como se observaba de la resolución de fecha 6 de diciembre de 2006. Reiteró, que ese día tuvo una apretada agenda jurisdiccional desde primeras horas de la mañana por cuanto efectuó la revisión de treinta (30) fallos motivados que posteriormente fueron cargados en el Sistema Juris 2000, e igualmente realizó una serie de actividades administrativas. Que, el Circuito Judicial Laboral del estado Zulia, con sede en la ciudad de Maracaibo, era uno de los Circuitos con más reclamaciones laborales y usuarios atendidos.

Que de la Resolución Nº 70 de fecha 27 de agosto de 2004, dictada por la Dirección Ejecutiva de Magistratura, se verificaba las funciones inherentes al cargo de coordinadora, las mismas se encontraban establecidas en el artículo 3, y las actividades ejecutadas el 30 de noviembre de 2006 con el objetivo de organizar el evento a efectuarse el día 8 de diciembre de ese mismo año estaba regulada en los numerales 1, 3 y 5 de la referida Resolución. Señaló, que no había sido relevada de sus funciones jurisdiccionales para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones, por el contrario tenía seis (6) años desempeñando ambos cargos.

Con fundamento en lo narrado, expresó que el diferimiento de fecha 30 de noviembre de 2006, no había sido un capricho personal, puesto que fue en virtud de los deberes administrativos, ya que toda la responsabilidad del funcionamiento operacional recaía sobre su persona, debiendo ejecutar paralelamente las funciones jurisdiccionales como Jueza Superior del Trabajo y Coordinadora del Trabajo, y que el auto que dictó en esa oportunidad fue de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Asimismo, señaló que el 4 de diciembre de 2006, se llevó a cabo la continuación de la audiencia a los fines de dictar el dispositivo del fallo, dejándose constancia de la comparecencia de las partes, oportunidad en la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante judicial de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 6 de julio de 2006, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, se declaró parcialmente con lugar la demanda, y se modificó la decisión apelada; razón por la cual no hubo ningún diferimiento, por lo que estimó que el acto conclusivo de la Inspectoría tenía un error toda vez que en el mismo se señaló que hubo un diferimiento ese día, siendo que por el contrario procedió conforme a lo previsto en el artículo 165 a dictar el dispositivo de la decisión, y por tanto ese mismo día no podía publicar el fallo correspondiente. Expresó además, que el 14 de diciembre de ese mismo año difirió la publicación de la sentencia para el día 18, dada la imposibilidad de celebrar la audiencia por encontrarse en el estado Miranda, específicamente en la población de Higuerote, asistiendo a la Reunión de Coordinadores Laborales, diferimiento que también se realizó en otros asuntos judiciales.

La sometida a procedimiento se realizó la siguiente interrogante ¿si no hubiese cumplido con mis deberes y funciones como Coordinadora también me encontraría en una situación de irregularidad de funciones y desacato de la tanta veces señalada resolución número 70?.

Precisó, que la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela contiene una visión del proceso como instrumento fundamental para alcanzar la justicia, de una manera célere y sin formalismos, no obstante, el retardo o dilación judicial -en principio- no conlleva una violación de los derechos y garantías constitucionales, a menos que no se dé respuesta en un lapso razonable, lo que debía quedar comprobado, todo cual sustentó en la sentencia Nº 655 de fecha 4 de abril de 2003, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Expresó, que en el caso sometido a su conocimiento dio respuesta en un tiempo razonable, y los diferimientos efectuados fueron debidamente justificados ya que nunca le fue violado a las partes su derecho subjetivo de petición y de respuesta, puesto que pudieron ejercer todos los actos y recursos correspondientes toda vez que estaban a derecho. Que, de manera tempestiva el apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversora Mize Lameda C.A, interpuso recurso de control de legalidad, y el 22 de enero de 2007, se le ordenó subsanarlo previa revisión exhaustiva del escrito por cuanto contrariaba las exigencias formales según sentencia emanada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de agosto de 2006, y a tales efectos se le otorgó un lapso de cinco (5) días, lo cual fue efectivamente cumplido el 23 de enero de 2007.

En fecha 30 de enero de 2007, ordenó remitir el recurso a la Sala de Casación Social del Máximo Tribunal de la República, previo computo de día de despacho, para el pronunciamiento correspondiente, y el 14 de junio de ese mismo año la Sala emitió la decisión respectiva en la cual estableció: "…AI respeto, luego de un examen exhaustivo de los autos que conforman el expediente, la sala estima que no existen evidencias que Ie permitan presumir que la recurrida ha violado las normas denunciadas como infringidas". En ese sentido, señaló que quedaba evidenciado que en el expediente judicial Nº VP012006-001194,fue interpuesto doble recurso, tanto por la demandante como por la parte demandada, pero la denunciante se empeño en alegar que era necesaria la notificación de las partes cuando se hicieran los diferimientos y tal aseveración la alegó en el recurso de control de legalidad interpuesto por ella, no obstante la Sala de Casación Social fue tajante y contundente evitando acceder a tal asombrosa solicitud, puesto que siempre estuvo a derecho; razón por la cual la ciudadana sometida a procedimiento estimó que no había vulnerado ni inobservado lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en consecuencia no estaba incursa en la falta prevista en el numeral 7 del artículo 39 de la Ley de Carrera Judicial y en el numeral 6 del artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que establecen la sanción de suspensión.

En cuanto a la falta disciplinaria relativa a haber desplegado una conducta inapropiada, señaló que era cierto que en fechas 23 y 30 de noviembre de 2006, fueron suspendidas las audiencias en la causa judicial Nº VP012006-001194, en virtud de presentar quebrantos de salud, y por realizar funciones inherentes a la Coordinación Judicial, y el 14 de diciembre de 2006, por las razones allí plasmadas, sin embargo, consideró necesario indicar que aunque las audiencias habían sido suspendidas el despacho del Juzgado Superior Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia y las unidades de apoyo jurisdiccional seguían trabajando normalmente, es decir, el modelo organizacional Juris 2000 permite que el funcionamiento de gestión y documentación judicial no se paralice porque alguna audiencia no se celebre, pues por el contrario permite que el trabajo de documentación continúe.

Asimismo, expresó que desde el año 2005 se había iniciado un plan de trabajo en los Juzgados Superiores, Primero y Segundo, con el objeto de finalizar el régimen transitorio establecido con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y para su ejecución era necesaria la intervención de la coordinación de jueces, abogados asistentes, secretarios, coordinadores de secretario y judicial. Los abogados asistentes fueron recursos laborales importantes en este plan de trabajo, ya que se efectuaba en un solo día un importante número de audiencias y publicaciones; durante ese tiempo las agendas diarias de trabajo eran extenuantes (2005, 2006) lo cual quedaba evidenciado del volumen de libros diarios solicitados a la Coordinación.

Alegó, que los abogados asistentes tienen un perfil específico desde el punto de vista de la caracterización de su cargo, como usuarios del Juris 2000, los secretarios judiciales dirigen secretaría, autorizan y reciben escritos, diligencias, expiden copias certificadas, realizan inventarios, asisten a las audiencias, y no pueden cargar ningún tipo de sentencia; en cambio, los abogados asistentes podían efectuar actuaciones denominadas en el sistema Juris 2000 resoluciones o sentencias. EI propósito del cargo de los abogados asistentes es garantizar el apoyo asistencial en la revisión, redacción y discusión de sentencias, es decir que pueden cargar sentencias (sin diarizar) en el Sistema Juris 2000.

Señaló, que era cierto que las claves del sistema operativo Windows y de la plataforma Informática Juris 2000 eran personales e intransferibles, pero como usuaria podía y aun puede abrir varias sesiones de trabajo en varios computadores (de los abogados asistentes) lo cual era perfectamente permitido por el Sistema; de esa forma tenía sesiones de trabajo abiertas en diversos computadores, y los abogados asistentes podían manejar esas sesiones sistemáticamente, para así cumplir con el plan de trabajo que adelantaba el Juzgado Primero Superior para culminar la transitoriedad de los Tribunales laborales. Que, hubieron momentos en los cuales, específicamente desde la instalación del Sistema Juris 2000, que los abogados asistentes podían incluso cargar y dar la orden de diarización.

En cuanto a las publicaciones fuera de las horas de despacho, indicó que contrario a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, del propio texto legal se podía observar que las actuaciones podían efectuarse hasta las seis de la tarde (6:00 pm) y también el Sistema Juris 2000 en materia laboral funciona hasta esa hora, permitiendo la carga de sentencias como actuaciones judiciales. Igualmente, señaló que los actos procesales laborales se manejaban legal y sistemáticamente en forma diferente a la jurisdicción civil, ya que cuenta con un procedimiento adjetivo diferente, y que el usuario, ya sea parte del proceso y sus apoderados judiciales o abogados asistentes, no tenían acceso o visualización el mismo día de la publicación en el sistema sino al día siguiente lo que evidenciaba que no hubo una infracción de su derecho a la defensa.

Asimismo, negó haber desacatado lo previsto en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales siempre ha actuado de manera responsable, cuidadosa, laboriosa y transparente, sin adoptar una conducta inapropiada, por lo que consideró que no había incurrido en el ilícito disciplinario previsto en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Analizadas las exposiciones de las partes en audiencia, así como las actas que conforman el presente procedimiento disciplinario referidas a los elementos de prueba promovidos y admitidos en su oportunidad, esta Comisión observó que la Inspectoría General de Tribunales, imputó a la ciudadana Yacquelinne Silva Fernández, haber incurrido en dos (2) faltas disciplinarias durante su desempeño como Jueza Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a lo cual se adhirió el Ministerio Público, siendo la primera de ellas la inobservancia del plazo establecido en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para dictar sentencia en la causa judicial N° VP01-R-2006-001194, contentiva de un juicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoado por el ciudadano Julio César Moreno Padrón contra la Sociedad Mercantil Inversora Mize Lameda C.A, al diferir en tres (3) oportunidades, el dictado del dispositivo y en dos (2) ocasiones el dictado de la sentencia, contraviniendo así lo dispuesto en el citado artículo 165.

Al respecto, se constató que en fecha 29 de septiembre de 2006, el Juzgado Superior Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a cargo de la ciudadana sometida a procedimiento disciplinario, recibió el expediente judicial contentivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión dictada el 6 de julio de 2006, por el Juzgado Tercero de Juicio de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; recibido como fue acordó que el quinto (5°) día hábil siguiente fijaría por auto expreso la oportunidad para celebrar la audiencia oral y pública prevista en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual hizo el 6 de octubre de ese mismo año, fijó el duodécimo (12°) día hábil siguiente a las nueve (9:00 a.m) de la mañana para la celebración de la audiencia respectiva. (Folios 96 y 97 de la pieza 1 del expediente disciplinario).

Así mismo, se verificó que el 2 de noviembre de 2006, la Jueza sometida a procedimiento disciplinario dictó auto mediante el cual estableció: “…Dada la imposibilidad de la jueza de este Superior Tribunal, Dra. Yacquelinne Silva Fernández, de celebrar la audiencia correspondiente a esta segunda instancia pautada para el día de hoy, por encontrarse en el Estado Guárico, asistiendo a la Reunión de Coordinadores Laborales, cumpliendo funciones inherentes a su cargo de Coordinadora Laboral del Estado Zulia, se difiere dicho acto para el décimo (10°) día hábil siguiente al de hoy, a las nueve de la mañana (9:00 am) sin notificar a las partes por encontrarse a derecho...”.

Igualmente, se observó que a los autos riela copia certificada de acta de fecha 16 de noviembre de 2006, elaborada con ocasión a la audiencia oral y pública de apelación, en la que se dejó constancia además de la forma como se desarrolló el acto que: “…La Jueza decidió diferir el dictamen del dispositivo correspondiente en el presente asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 165, en virtud de la complejidad del caso para el quinto (5to) día hábil siguiente a las 02:30 p.m. Se declara que ha concluido el acto. Se retira la ciudadana Juez y se ordena la publicación de la presente acta...”. Se constató igualmente de los autos que el 23 de noviembre de 2006, la Jueza dictó auto en el cual estableció: “…Dada la imposibilidad de la Juez de este Superior Tribunal, Dra. Yacquelinne Silva Fernández de continuar la audiencia correspondiente a esta segunda instancia a los fines de dictar el dispositivo del fallo en la presente causa pautada para el día de hoy por presentar quebrantos de salud, se difiere dicho acto para el quinto (5°) día hábil siguiente al de hoy, a las tres de la tarde (3:00), sin notificar a las partes por encontrarse a derecho…”. Luego por auto del 30 de ese mismo mes y año, nuevamente acordó diferir la continuación de la audiencia en la mencionada causa, a los fines de dictar el dispositivo correspondiente, en razón de que debía cumplir funciones inherentes a su cargo como Coordinadora Laboral del Circuito Judicial Laboral de estado Zulia, fijando el segundo (2°) día hábil siguiente a esa fecha, a las tres de la tarde (3:00 p.m), para la realización del acto. (Folios 102 al 106 de la pieza 1 del expediente disciplinario).

También se evidenció de autos, según la copia certificada que riela en autos que en acta levantada el 4 de diciembre de 2006, la Jueza sometida a procedimiento disciplinario procedió a dictar el dispositivo del fallo en los siguientes términos: “…PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora recurrente contra la sentencia dictada en fecha: 06 de julio de 2006 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales interpuesto por el ciudadano JULIO CESAR MOLERO PADRÓN en contra de la Sociedad Mercantil INVERSORA MIZE LAMEDA C.A. TERCERO: SE MODIFICA la sentencia apelada. CUARTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS a la parte demandante recurrente en virtud del recurso de apelación interpuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. QUINTO: Se declara que ha concluido el acto. Se retira la ciudadana jueza y se ordena la publicación de la presente acta. Se deja constancia que la publicación motivada del presente fallo será publicado dentro de los cinco (05)días hábiles siguientes al de hoy de conformidad con el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y que la presente audiencia fue filmada de conformidad con lo establecido en el artículo 166…”. Luego, en auto de fecha 14 de diciembre de 2006, la Jueza acordó: “…Dada la imposibilidad de la Juez de este Superior Tribunal, Dra. Yacquelinne Silva Fernández, de publicar la sentencia motivada en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por encontrarse en el Estado Vargas asistiendo a la reunión de Coordinadores Laborales a realizarse el día de hoy, cumpliendo labores inherentes a su cargo de Coordinadora Laboral del Estado Zulia, preservando el principio de inmediación que rigen los procesos laborales, se difiere la publicación del fallo en la presente causa para el día dieciocho (18) de diciembre de 2006, sin notificar a las partes por encontrarse a derecho…”.; lo cual efectivamente se materializó el día 18 de ese mismo mes y año, sin que se ordenara la notificación de las partes. Posteriormente, mediante escrito del 9 de enero de 2007, el ciudadano Guillermo Miguel Reina Hernández, en su condición de apoderado judicial de la parte actora solicitó aclaratoria o ampliación de la referida sentencia, en cuanto a la solicitud de la corrección monetaria de la cantidad condenada a pagar a la demandada. (Folios 107 al 140 de la pieza 1 del expediente disciplinario).

Asimismo, constató esta Instancia Disciplinaria que en escrito del 11 de enero de 2007, el abogado de la parte demandada solicitó al Tribunal que ordenara la notificación de la parte actora de la sentencia definitiva, a los fines de que comenzara a discurrir el lapso para proceder a incoar el control de la legalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Que en auto del 12 de enero de 2007, el Juzgado Superior recibió el escrito, le dio entrada y ordenó agregarlo a las actas procesales a fin de pronunciarse sobre lo peticionado. (Folios 141 al 145 de la pieza 1 del expediente disciplinario).

Constatado como han sido los hechos imputados a la ciudadana Yacquelinne Silva Fernández, en su condición de Jueza Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, porque así lo demuestran los documentos que con carácter probatorio fueron promovidas por las partes y admitidos en su oportunidad, y de la propia manifestación de la prenombrada ciudadana quien en el caso de los diferimientos para dictar el dispositivo y la sentencia en la causa N° VP01-R-2006-0001194, admitió que ciertamente ocurrieron, sólo corresponde establecer si los alegatos de defensa para justificar los mismos tienen la suficiente fuerza probatoria para esos efectos.

En tal sentido se observó que dos de los diferimientos para dictar el dispositivo, una vez celebrada la audiencia oral de la vista del recurso interpuesto, tienen su razón en la circunstancia de que estaba obligada a cumplir deberes inherentes a la específica función que tiene atribuida conforme a las normas que así lo prevén, en su condición de Jueza Coordinadora del Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, que para esa fecha le imponían la ineludible obligación de asistir a las reuniones de trabajo de carácter general convocadas por el Coordinador Nacional de los Circuitos Laborales.

Así las cosas, considera esta Comisión preciso señalar lo establecido en la Resolución Nº 1.475 de fecha 3 de octubre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.806 del 29 de octubre de 2003, en cuanto a la constitución y atribuciones del Circuito Judicial y la Coordinación del Trabajo, y al respecto se estableció en el artículo 2 que estarán constituidos por el Presidente del Circuito o el Juez Coordinador; y en cuanto a las atribuciones de éstos el parágrafo quinto del artículo 4 prevé: “La Presidencia del Circuito o la Coordinación del Trabajo, según lo corresponda llevará un control efectivo del cumplimiento del horario por parte de los Jueces del Trabajo, Coordinador Judicial, Coordinador de Secretaría y Abogados Asistentes…”.

Si bien esta función de carácter administrativo no debe tener incidencia en la jurisdiccional que también le corresponde cumplir, para la fecha que ocurrieron los hechos y por las cuales hoy está sometida a procedimiento es conocido en el Foro Judicial Venezolano que aún se estaba en la implantación e implementación de una Ley Procesal Laboral que ha comportado el establecimiento de una estructura organizacional totalmente distinta a la que operaba a la fecha de su entrada en vigencia. Esto indudablemente obligaba a quienes comprometieron su empeño en la efectividad para la administración de justicia de esta nueva forma de trabajo, el tener que, en algunos casos, incurrir en situaciones como la imputada, que deben ser comprendidas y entendidas al punto de tomar en consideración el principio general aplicable en todo procedimiento sancionatorio, como lo es el de la proporcionalidad, establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que obliga a quien le corresponde decidir a mantener una debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho verificado y su adecuación a esa finalidad sancionatoria que tiene la norma que sea aplicable. Indudablemente, que en este caso, debe atenderse al referido principio por la particular circunstancia que tiene esta Jueza debido a la dualidad de funciones a la que se ha hecho referencia; esto en cuanto, a las razones por las cuales difirió el dictado del dispositivo y más allá el de la sentencia que correspondía.

El tercer motivo que alegó la Jueza como causa para diferir el acto fue que el día 23 de noviembre de 2006, se encontraba con quebrantos de salud, y así lo hizo constar expresamente en auto, conforme se evidencia del expediente disciplinario, pero que sin embargo esta afección, según la misma Jueza, no fue de tal magnitud que la obligara a suspender el despacho en esa fecha, pues como ella misma afirmó, continuó laborando al punto de haberse publicado ese día, siete (7) decisiones. Aún entendiendo que el malestar que la afectaba le impedía celebrar la continuación de la audiencia para el dictado del dispositivo que correspondía, ésta se encontraba en el deber de hacerlo al haberse mantenido en la sede del Despacho, a fin de que no percibiera el justiciable, que se estaba violentando la norma que regula esa concreta actuación. En consecuencia, al tomar en consideración en uno y otro caso los motivos por los cuales difirió esos actos procesales, así como la ponderación de su particular condición, que desde el punto de vista laboral se ha referido, consideró este órgano que la misma incurrió en un retraso injustificado que la hizo merecedora de una sanción diferente a la solicitada por la Inspectoría General de Tribunal y el Ministerio Público, que en este caso fue la de amonestación, prevista en el numeral 7 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, la cual se impuso, y así se decide.

En cuanto al segundo hecho imputado, de observar una conducta inapropiada al haber transferido al abogado mayor adscrito a su Despacho, la clave de acceso al Sistema de Gestión y Documentación Juris 2000, se consideró que de las actas cursantes en autos quedaba comprobado que si incurrió en el ilícito disciplinario imputado, pues si bien, tal como lo alegó, puede iniciar el ingreso al referido sistema para registrar las actuaciones que corresponda, en distintos equipos de computación de manera simultánea, no le está permitido, bajo ninguna circunstancia, hacer conocer a ningún funcionario del circuito, la clave de acceso que le ha sido asignada; pues ello sería contrariar las razones de orden técnico - jurídico con que ha sido diseñado ese sistema y asumido en muchas circunscripciones por el Poder Judicial, y entre ellas está la de dar seguridad jurídica al justiciable, de que sólo la persona autorizada ha tenido la posibilidad de registrar adecuada y oportunamente la información que allí aparece disponible al público, como una garantía de transparencia. Si se permitiera la transferibilidad de las claves dentro de los funcionarios del circuito, se atentaría igualmente contra uno de los loables propósitos que con la implementación de este sistema informático se persigue y que está referido a establecer responsabilidades de carácter individual ante situaciones que pudieran ser calificadas de irregularidades en la tramitación de los asuntos que corresponde resolver al órgano jurisdiccional. Por todas estas razones se consideró que al haber incurrido en dicha falta, prevista en el numeral 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, le era aplicable la sanción de amonestación que esta norma comporta, y así se decide.



IV
DECISIÓN

En merito de los razonamientos expuestos esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, AMONESTA a la ciudadana YACQUELINNE SILVA FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad número V. 7.669.449, por haber incurrido en las faltas disciplinarias previstas en los numerales 7 y 11 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, con ocasión a su desempeño como Jueza del Juzgado Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Contra la presente decisión podrán las partes interponer recurso administrativo de reconsideración ante esta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación, o recurso contencioso administrativo de nulidad, ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días continuos.

Notifíquese de la presente decisión a la Dirección General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura., y a la Coordinación del Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada, firmada y sellada en la Sala Plenaria de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. En Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil diez (2010). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

Las Comisionadas,


ALICIA GARCÍA DE NICHOLLS
Presidenta - Ponente


BELKIS USECHE DE FERNÁNDEZ
FLOR VIOLETA MONTELL ARAB


Manuel Antonio Bognanno Palmares
Secretario


Exp.1823-2009
AHGN/BUdeF/FVMA/mabp